SANTIAGO, Chile _ Cuatro décadas después de que se descubriera el cuerpo acribillado a balazos del cantante folclórico chileno Víctor Jara en el caos del golpe militar de Estado que cambió drásticamente a su país, su familia encontró cierto grado de justicia el lunes en un tribunal de Florida.
Un jurado federal en Orlando concluyó que el exoficial del ejército chileno que emigró a Estados Unidos y trabajó como cocinero de comida rápida, era responsable de la tortura y el asesinato extrajudicial de Jara en el Estadio Nacional de Chile, donde estaba detenido después del golpe de Estado de 1973 que llevó al poder al general Augusto Pinochet.
El tribunal asignó 28 millones de dólares por daños a la familia de Jara.
El exoficial, Pedro Pablo Barrientos, de 67 años, un ciudadano estadounidense naturalizado y habitante de Deltona, Florida, fue el acusado en una demanda civil presentada de conformidad con las leyes estadounidenses para ayudar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en otros países.
Barrientos, de quien se dijo en el juzgado que había alardeado de haberle disparado a Jara, también es el acusado en un juicio penal en Chile. No se sabe si el resultado en la causa de Florida afectará el trámite para extraditarlo.
Jara, entonces con 40 años, era un cantautor y director de teatro consumado, así como militante del Partido Comunista que apoyó al depuesto gobierno de Salvador Allende. Sus canciones sobre la pobreza y la injusticia, enraizadas en sus propios orígenes humildes en el campo chileno, siguen siendo populares hoy en día. Es frecuente que se lo describa como el “Bob Dylan de Sudamérica”.
Su viuda, la bailarina británica Joan Jara, y sus hijas Manuela y Amanda, quienes entonces tenían 13 y ocho años, se mudaron a Gran Bretaña y, desde entonces, han estado buscando que los asesinos de su padre respondan ante la justicia. Regresaron a Chile en 1991.
Joan Jara, de 88 años, rindió declaración sobre cómo le “cortaron en dos” la vida después del golpe de Estado y la muerte violenta de su esposo.
“Fue el final de mi primera vida, porque perdí tanto ese día”, dijo. “Perdí mi trabajo y mi profesión. Mis hijas abandonaron la escuela, a sus amistades, su casa y su país. Nunca pude volver a casarme. Estuve muy enamorada de Víctor”.
El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, un organismo de defensoría legal con sede en San Francisco, y el despacho de abogados neoyorquino Chadbourne & Parke, llevaron a Barrientos ante el tribunal el 13 de junio.
Presentaron una demanda en contra de Barrientos en el 2013, a nombre de la familia Jara, de conformidad con la Ley de protección a las víctimas de la tortura, elaborada para hacer que los violadores de los derechos humanos que viven en Estados Unidos rindan cuentas.
El día después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, detuvieron a Víctor Jara durante un asalto militar a la Universidad Técnica del Estado, donde trabajaba, junto con cientos de estudiantes y profesores. Los llevaron al estadio de Chile, una arena techada en la capital que se utilizó como centro de detenciones masivas.
Tres días después, se encontró el cuerpo de Víctor Jara con docenas de heridas de bala afuera de un cementerio en Santiago, junto con otras cuatro víctimas. La autopsia de los restos, exhumados en el 2009, confirmó dos heridas de bala en la nuca y 44 más por todo el cuerpo.
José Navarrete, un exsoldado, declaró que Barrientos alardeaba de haberle disparado dos veces en la cabeza a Jara. “Solía enseñar su pistola y decir: ‘Maté a Víctor Jara con ésta”, dijo al tribunal en una deposición videograbada. Navarrete dijo que no se había presentado a declarar antes por miedo a las represalias.
Se desconocía el paradero de Barrientos hasta mediados del 2012, cuando un equipo de la televisión chilena lo localizó en Florida, donde se había mudado al final de la dictadura de Pinochet, en 1990. En diciembre, Miguel Vásquez, un juez chileno, levantó cargos contra Barrientos en ausencia por el asesinato y solicitó su extradición.
Luis F. Calderón, el abogado del acusado, describió a Barrientos como un inmigrante muy trabajador que buscaba “vivir el sueño estadounidense”, en su exposición inicial del caso. Dijo que Barrientos empezó trabajando como jardinero y luego se hizo cocinero. Ha trabajado en el restaurante Perkins en Deltona los últimos 10 años. “Es un hombre sencillo, que lleva una vida sencilla”, dijo Calderon.
Barrientos dijo al tribunal que fue a Estados Unidos para ganar dinero para la educación de sus hijos, no para evadir un posible juicio. No obstante, no informó sobre su pasado militar en la solicitud para obtener la ciudadanía, en el 2010. Dijo que nunca estuvo en el estadio de Chile y negó saber quién era Víctor Jara antes del 2009, a pesar de la popularidad del cantante en su país.
Varios exsoldados declararon en deposiciones videograbadas el año pasado que formaron parte de la sección del regimiento Tejas Verdes bajo las órdenes directas de Barrientos en el estadio. Uno de ellos, Gustavo Báez, describió la atmósfera en el estadio y le dijo al jurado que vio a oficiales que torturaban a los prisioneros en los vestuarios. A él le ordenaron meter docenas de cadáveres en camiones, contó Báez.
Dos exprisioneros dieron detalles sobre la violencia, los asesinatos y los suicidios que ocurrieron en el estadio y de cómo seleccionaron y agredieron a Víctor Jara desde que iba entrando en el estadio.
“Esa noche exhibieron a Víctor como un trofeo ante otros oficiales. También lo golpearon”, recordó Boris Navia, un exdetenido. Contó que uno de ellos le machucó la mano y le golpeó el brazo diciéndole: “Nunca más vas a poder tocar la guitarra”.
A Jara lo aislaron de otros presos, lo llevaron a los vestuarios, lo golpearon cruelmente y lo mataron. El 15 de septiembre, cuando soldados sacaban del estadio, Navia vio de 20 a 30 cadáveres apilados junto a la entrada. Uno era el de Víctor Jara.
“Víctor amaba la vida intensamente. Me alegra poder hacer algo por él ahora, aun si es en Estados Unidos. Es nuestro deber”, notó Erica Osorio, quien era estudiante de ingeniería civil en ese momento. Reconoció a Barrientos como uno de los oficiales en el estadio.
Almudena Bernabeu, la abogada del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas que encabezó la investigación del caso, dijo que sus colegas y ella estaban “profundamente complacidos” con el fallo, el cual se produjo tras ocho días de juicio. “En muchas formas, este veredicto no es un final, sino un nuevo comienzo para trabajar por la extradición o la deportación de Barrientos”.
Manuela, la hija de Jara, dijo: “Estos ocho días han sido emocionalmente intensos”. Añadió: “En ellos se concentraron todo el dolor, la tristeza y el enojo por los que ha pasado Chile, y, específicamente, los horrores en el Estadio Nacional. La cultura de mentiras, encubrimientos e intimidaciones quedó pulverizada bajo el peso de la verdad en este tribunal”.
Pascale Bonnefoy
© 2016 New York Times News Service
