La cabra tira al monte

El PAN aplica su precepto bajo una clara tendencia privatizadora que toma forma en la entrega que sus gobiernos hacen de sus activos al sector privado

Surgido en 1939 y conducido siempre bajo el lema de “tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”, el Partido Acción Nacional es como la cabra que tira al monte, pues de ahí proviene.

Por principio de cuentas, Acción Nacional aplica su precepto bajo una clara tendencia privatizadora que hoy toma forma en la entrega que sus gobiernos municipales hacen de sus activos al sector privado.

Como otros municipios de la República Mexicana, Tijuana se suma a la tendencia privatizadora de servicios que debería prestar el Ayuntamiento y que sin embargo está dejando en manos de empresas para que sean ellas las que presten tareas estratégicas tales como la seguridad, la limpieza y el alumbrado.

Efectivamente, al dar en renta las patrullas los camiones recolectores y las luminarias, el ayuntamiento de Tijuana sigue los pasos de municipios de Puebla, Sonora, Jalisco, Coahuila y Michoacán, entre otros, donde los resultados han dejado mucho que desear pues no solo no hay ahorros sino que se endeudan gobiernos venideros. En el caso de Tijuana, el proyecto costará 3 mil 750 millones de pesos durante los 15 años que se concesionó.

Si bien advierte el gobierno de Juan Manuel Gastélum que no hay dinero suficiente para comprar camiones, patrullas y luminarias, también es cierto que se le han dado demasiadas facilidades a las empresas favorecidas.
Turbofin recibió más de 32 millones de pesos por adelantado, con lo que se pudieron haber adquirido 20 camiones similares a los alquilados, según reportes.

Si observamos el caso de Mexicali, veremos que el gobierno también panista, del alcalde Gustavo Sánchez, concesionó 66 patrullas a Lumo Financiera, una empresa con historial negativo por sus cobros excesivos en otros municipios, fundada por Luis Humberto Montaño García, un priista ligado al ex gobernador Arturo Montiel y al presidente Enrique Peña Nieto.

A Lumo Financiera se le pagarán más de 158 millones de pesos por la renta de 66 unidades que, compradas en el mismo lapso, representarían 8 millones de pesos. Esta discrepancia abismal derriba el argumento de las bondades del mantenimiento que dichas empresas efectúan.

Lo anterior demuestra que a la hora de los negocios, priistas y panistas están más unidos por los intereses que por sus respectivas siglas.

En un país sin los altos niveles de corrupción que vive México, el piso estaría parejo para todas aquellas empresas interesadas en una licitación, pero curiosamente en estos casos, se trata de compañías de personajes con ligas políticas, muy al estilo de Diego Fernández de Cevallos, que litigan contra el Estado del que supuestamente forman parte.

Por lo que toca al alumbrado público, la empresa Sola Basic no hizo valer una fianza de 144 millones para reparar sus deficientes luminarias, y en otros municipios, compañías como Construlita han instalado lámparas chinas de deficiente calidad. ¿Qué nos hace pensar que esta vez los tijuanenses tendremos buenos resultados? En estos siete meses, el actual gobierno se ha conducido bajo la sospecha, la opacidad y la corrupción.

No le fue suficiente al gobierno de Gastélum Buenrostro el incremento al Derecho al Alumbrado Público que a principios de este año le otorgó el Congreso del Estado, recursos con los cuales habría podido comprar luminarias a costos mucho más bajos, según comerciantes fronterizos del ramo de electricidad afiliados a la Canaco.

Pero además, el actual gobierno de Tijuana se suma al de Jorge Astiazarán a quien no le bastaron 3 años para llamar a cuentas a su antecesor Carlos Bustamante Anchondo y que este respondiera en torno a los turbios negocios con Sola Basic que dejaron a Tijuana a oscuras y a expensas del crimen.

A su paso por la alcaldía durante su trienio Bustamante Anchondo se hizo de suficientes recursos para resucitar sus agonizantes negocios e incluso abrir el que fue llamado casino de las luminarias sólo clausurado por hacerle competencia al empresario casinero Jorge Hank Rhon.

Si volvemos al tema de la concesión de servicios públicos municipales, el gobierno de Tijuana se ha encargado de entregar a despachos de cobranza la cartera de morosos de impuesto predial y otras multas y derechos similares.

A este paso podría decirse que poco falta para concesionar a la Policía Municipal pero bien sabemos que hay muchos oficiales comisionados para brindar servicios de escoltas a políticos y empresarios, lo cual refleja que la seguridad en Tijuana ya está privatizada.

Con estas medidas, Tijuana se queda sin activos y lo único que crece es su deuda y sus participaciones se empeñan a gobiernos subsecuentes, pues tan sólo el caso de las luminarias es una concesión a 15 años.

No es posible apoyar planes que afectan la economía de los más y el enriquecimiento de los menos y es por ello que advertimos que con los gobiernos panistas, la cabra tira al monte.

 

 

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