La factura psicológica de los verdugos que ejecutarán a 7 personas en Arkansas

Ejecutar a un preso es algo que “se queda contigo”. Por eso la salud mental de Ron McAndrew comenzaba a deteriorarse cuando en 1998 dejó su cargo de director de la prisión estatal de Florida, donde participó en la muerte de tres reos.

Ahora lucha contra la pena de muerte y está particularmente preocupado por el bienestar psicológico de los oficiales que ejecutarán a siete reos en Arkansas en un plazo de sólo diez días, del 17 al 27 de abril.

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El gobernador republicano del estado, Asa Hutchinson, apuró este calendario porque las reservas de uno de los medicamentos utilizado para la inyección letal están a punto de vencerse.

“Queremos que el gobernador entienda que él estará sentado en su oficina muy cómodamente, mientras estos hombres participarán en el asesinato de otro ser humano”, dice McAndrew a la AFP. No pronuncia la palabra “ejecución”, que para él es un eufemismo del sistema.

“Estos oficiales llegan a conocer a los prisioneros”, explica. “Los alimentan, los llevan a las duchas, a hacer ejercicio. Se ponen a charlar con ellos frente a sus celdas cuando se sienten solos. Y de golpe son los mismos oficiales los que llevan a los reos a otro cuarto para matarlos”.

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“Es una experiencia que se queda contigo por mucho tiempo. Nunca te deja”, reitera.

McAndrew, que participó en la muerte de ocho condenados -tres en Florida y cinco en Texas, como entrenamiento- afirma que las ejecuciones en cadena de Arkansas indudablemente serán cometidas por las mismas cinco personas.

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“No puedes cambiar de equipo, porque esto es algo para lo que te entrenas mucho. Los oficiales que llevan a cabo las ejecuciones las han ensayado cientos de veces”, cuenta el exfuncionario de 78 años.

“Tienen un oficial voluntario que hace el papel de reo. Lo buscan en la celda, lo ponen en la camilla, lo amarran, le meten las vías intravenosas…”, narra.

Pero las autoridades carcelarias de Arkansas no confirman ni niegan que el mismo personal manejará las siete ejecuciones, debido al secretismo que rodea la identidad de los verdugos.

“Puedo decir que están bien entrenados y calificados para llevar sus respectivas responsabilidades”, asegura a la AFP Solomon Graves, portavoz del Departamento Penitenciario de este estado del sureste.

Para los activistas contra la pena de muerte, todos los involucrados pagan la factura.

“Nos preocupa el bienestar de los prisioneros, de los familiares de las víctimas, de los trabajadores de la prisión”, dice Abraham Bonowitz, director de la organización contra la pena de muerte Death Penalty Action, con sede en Nueva York.

“Hay un daño colateral mucho más amplio que simplemente el daño al prisionero y a la víctima”.

Además, con tan apretada agenda aumenta el margen de error debido al estrés del equipo ejecutor en un estado que no ha matado a ningún prisionero desde 2005.

Y nadie quiere volver a presenciar la agonía que sufrió Clayton Lockett en su chapucera ejecución en Oklahoma (centro) en 2014.

“Este calendario apresurado impondrá una carga extraordinaria sobre los hombres y mujeres que llevarán a cabo un acto tan solemne; y aumentará el riesgo de errores en la cámara de ejecución”, afirma Allen Ault, un excomisario de prisiones de Georgia que presidió cinco ejecuciones.

“Y eso los perseguirá el resto de sus vidas”, escribe el excarcelero en una columna en la revista Time del 28 de marzo.

Ese mismo día, un grupo de exoficiales de todas partes de Estados Unidos escribieron una carta al gobernador Hutchinson en la que le ruegan que no imponga esta carga sobre el personal en tan poco tiempo.

“Incluso bajo circunstancias menos exigentes, una ejecución puede causar un daño severo en el bienestar de los oficiales”, señalaron los exoficiales, entre ellos McAndrew y Ault.

Por eso “tememos que la carga de un calendario tan condensado aumente la posibilidad de error”.

Originalmente, el gobernador había programado ocho ejecuciones para este mes, pero un juez federal ordenó aplazar 30 días la de Jason McGehee para poder analizar un recurso de clemencia.

Ningún otro estado ha programado tantas ejecuciones en 10 días desde que la Corte Suprema estadounidense volvió a introducir la pena de muerte en 1976.