La fiscalía mantiene los 10 años de inhabilitación para Artur Mas

La fiscalía mantuvo este jueves su petición de inhabilitar durante diez años al expresidente catalán Artur Mas para el ejercicio de cargos públicos, en la penúltima jornada del juicio por organizar, el 9 de noviembre de 2014, una consulta sobre la independencia prohibida judicialmente.

Tras escuchar durante cuatro días las declaraciones de los tres acusados y una treintena de testigos, el fiscal Emilio Sánchez elevó a definitivo su escrito de acusación, en el que consideraba culpable de desobediencia y prevaricación al expresidente de la Generalitat de Cataluña (2010-2016).

Para las otras dos encausadas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación regional Irene Rigau, mantuvo la petición de nueve años de inhabilitación.

La fiscalía los acusa de desobedecer la suspensión judicial decretada por el Tribunal Constitucional de la consulta sobre la independencia celebrada el 9-N de 2014, en la que participaron 2,3 millones de personas.

El juicio iniciado el lunes en Barcelona, entre una manifestación de 40.000 independentistas, quedará visto para sentencia el viernes.

La causa sirvió como una tribuna para el independentismo, que en los próximos meses prevé forzar su pulso con el Gobierno central con la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante en septiembre, considerado ilegal por el Estado.

A pesar de denunciar el proceso como un juicio político, la defensa de Mas, que en su declaración el lunes se reivindicó como el “máximo responsable” de esta consulta, se centró en aspectos técnicos y legales para probar la legalidad de sus acciones.

Tanto los acusados como los testigos citados por la defensa, entre ellos numerosos integrantes del gobierno de Mas, señalaron que la Generalitat se apartó de la organización de la consulta tras la suspensión judicial y la dejó en manos de los 42.000 voluntarios reclutados los días anteriores.

Además, aseguraron que la notificación judicial no explicitaba qué actuaciones debían ser suspendidas y no recibieron aclaraciones del tribunal cuando las requirieron.

Sin embargo, varios testigos apuntaron a la implicación del Gobierno catalán en la consulta, denunciando incluso presiones a funcionarios para que cedieran las escuelas públicas donde se instalaron las urnas de votación.

También directivos de empresas contratadas para el operativo reconocieron haber hecho gestiones en los días posteriores a la suspensión, decretada cinco días antes, como el reparto del material o la instalación de un centro para la prensa acreditada.

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