Sin lugar a dudas el gasolinazo con que nos recibió el presidente Enrique Peña Nieto en el arranque de este 2017, fue la mecha que detonó la irritación social en México, donde los abusos contra el pueblo llegaron al límite.
En casi todas las entidades de la República se encendió la flama de la inconformidad como hace mucho tiempo no se veía, pues mientras se disparaban los pecios y tarifas de los servicios más básicos, el presidente vacacionaba en Mazatlán y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaraba “no ver” efectos inflacionarios en dichos aumentos.
Sin embargo el verdadero trasfondo del asunto es la actuación del gobierno federal ante la manifestación ciudadana que es un derecho civil.
Los tres mensajes del presidente Peña solo agudizaron la irritación social ya que nunca dio respuestas contundentes al problema y hasta organismos empresariales como la Coparmex rechazaron su Acuerdo para el Fortalecimiento por considerar que es “suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente”.
Si a toda acción corresponde una reacción, era de esperar que la población protestara pero el mal gobierno de un presidente sin calidad moral, reprimió a un pueblo que salió a las calles cuando que es el único recurso que le queda, y no olvidemos su intento por empañar una protesta con saqueos orquestados desde su gobierno para sembrar el pánico.
A manera de chantaje, Peña Nieto aseveró que de no aumentar la gasolina, habría tenido que recortar programas sociales, el seguro popular se habría paralizado, se hubieran cerrado escuelas y otras tantas medidas que suenan más bien como amenaza.
El presidente preguntó “Ustedes que habrían hecho en mi lugar” y el pueblo le respondió: de inicio quitarse las pensiones vitalicias presidenciales, vender el flamante avión que costó 733 mil millones de pesos, vender la Casa Blanca producto de turbios negocios con HIGA, retirar las prerrogativas a partidos políticos, reducir sustancialmente y no solo en 10 por ciento los jugosos sueldos de su gabinete y eliminar las prebendas de senadores y diputados, cuyo número prometió en campaña, que reduciría.
La lista de sangrías al erario no acaba ahí. A través de twitter y otras redes, el propio pueblo encomió a Peña Nieto obligar a Duarte, Padrés y Moreira a devolver lo robado, a reducir su ofensivo gasto publicitario que lo único que logra es engordar a los medios parásitos y disfrazar cosméticamente una realidad de hambre e inseguridad.
No es posible que en un país en que el propio mandatario admite que hay 60 millones de personas de escasos recursos, se les paguen carro, gasolina, bonos, aguinaldos, telefonía, despensa y millonarias liquidaciones a los altos funcionarios, a los diputados, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y hasta a los supuestos representantes ciudadanos del Instituto Nacional Electoral.
Estamos ante una mentira más, una más, del presidente Enrique Peña Nieto, y usted como mexicano, decide hasta cuando quiere que le sigan mintiendo y lo peor de todo, robándole el futuro a sus hijos.
