La justicia absolvió a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y condenó a su marido, Iñaki Urdangarin, a seis años y tres meses de prisión por el escándalo de malversación que hizo tambalear a la monarquía española.
La sentencia del tribunal de Palma de Mallorca, que puede ser recurrida al Tribunal Supremo, exculpa a Cristina de Borbón un año después de convertirse en el primer miembro de la familia del Rey en sentarse en el banquillo de los acusados.
Su marido corrió peor suerte: fue condenado a seis años y tres meses de prisión y a una multa de 512.000 euros por malversar, junto a un exsocio, varios millones de euros entre 2004 y 2006 a través del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidía.
Y podría perder pronto su libertad: el fiscal del caso tiene previsto solicitar su encarcelación, según una fuente de la fiscalía.
Urdangarin y su socio Diego Torres, condenado a ocho años y medio de cárcel, inflaron contratos públicos firmados con los Gobiernos regionales de Baleares y la Comunidad Valenciana, entonces dirigidos por el conservador Partido Popular del ahora jefe de gobierno Mariano Rajoy.
“Debemos absolver y absolvemos a doña Cristina Federica de Borbón y Grecia de los delitos contra la hacienda pública”, reza la decisión, emitida siete meses después de que el juicio fuera visto para sentencia.
Exculpada de fraude fiscal, la infanta, de 51 años, fue multada con 265.000 euros por su responsabilidad civil como beneficiaria de las ganancias obtenidas por su marido, una suma ya restituida durante el procedimiento.
Satisfacción y disgusto
Según la prensa, Cristina e Iñaki conocieron la sentencia desde Ginebra, donde viven desde 2013 con sus cuatro hijos.
En Barcelona, el abogado de la infanta, Miquel Roca, declaró a la prensa que su clienta recibió el fallo “con satisfacción, pero también (…) con el disgusto de compartir una condena para su marido que ella considera injusta porque creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo”.
En todo momento, Cristina negó conocer las actividades de su marido y explicó haber actuado con total confianza hacia este exjugador olímpico de balonmano con quien se casó en 1997. El juicio oral, con 17 acusados, se desarrolló entre enero y junio de 2015 bajo una fuerte expectación mediática.
El escándalo estalló a finales de 2011 y causó un profundo malestar en la sociedad española, golpeada por la peor crisis económica de las últimas décadas.
El escándalo acabó precipitando, en junio de 2014, la abdicación del rey Juan Carlos I y la llegada al trono de su hijo Felipe VI con la intención de restaurar la imagen de la monarquía.
El nuevo monarca no sólo mantuvo al matrimonio alejado de los actos oficiales, como ya había hecho su padre, sino que incluso les retiró el título de duques de Palma, que recibieron al casarse.
El viernes, la Casa Real se limitó a expresar el “máximo respeto a la independencia judicial”, mientras Felipe y la reina Letizia inauguraban, sonrientes, una exposición en un museo de Madrid.
Acusación controvertida
Las juezas del tribunal fueron menos severas que la fiscalía, que reclamaba 19 años y seis meses de prisión para Urdangarin y una sanción de 980.000 euros.
En cambio, el fiscal Pedro Horrach defendió en todo momento la inocencia de Cristina, copropietaria junto a su esposo de una sociedad que recibía fondos del Instituto Nóos.
La infanta fue finalmente juzgada por la denuncia de una controvertida asociación anticorrupción, Manos Limpias, cercana a la extrema derecha.
En medio del proceso, el dirigente de esta organización fue encarcelado acusado de codirigir una red de extorsión y de haber chantajeado a los abogados de la infanta.
La sentencia también salpica al gobernante Partido Popular (PP): Jaume Matas, exministro y expresidente de Baleares, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión.
Matas admitió haber concedido contratos cuando gobernaba las islas al Instituto Nóos sin concurso previo, porque Urdangarin era el yerno del rey.
“En España, todo el mundo está sometido al imperio de la ley”, aseguró en rueda de prensa el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
