TIJUANA, MÉXICO. Aun antes de que el presidente Donald Trump decidiera construir el muro, esta ciudad fronteriza ya estaba muy presionada.
El año pasado empezaron a llegar tantos refugiados haitianos, tras recorrer buena parte del continente con la esperanza de entrar en Estados Unidos, que las iglesias, los centros comunitarios, los programas extracurriculares, los centros de rehabilitación e incluso ciudadanos privados les abrieron sus puertas para albergarlos, alimentarlos y vestirlos.
En uno de esos refugios hay unos 250 emigrantes, entre hombres mujeres y niños, que tienen que compartir dos excusados y una ducha. Hay otros 400 apretados en una iglesia. Y en una cocina popular duermen varios cientos en pasillos, bodegas y en un lote trasero.
Ahora, funcionarios y militantes tienen la inquietud de que los planes de Trump respecto de la inmigración desencadenen una crisis migratoria en pueblos y ciudades a lo largo de toda la frontera y, de hecho, por todo México.
El gobierno mexicano, advierten, no podría manejarla.
Trump está tratando de reforzar la frontera, restringir la inmigración e incrementar las deportaciones de Estados Unidos. Al anunciar sus medidas, el presidente aseguró que “ayudarían a México pues disuadirían la inmigración ilegal”.
“Van a ser muy, pero muy buenas para México”, declaró.
Pero funcionarios internacionales y militantes más bien prevén una pesadilla para el país.
Un número creciente de personas han estado fluyendo hacia el norte desde América Central, huyendo de la violencia y la pobreza. En el año fiscal 2016, casi 409,000 personas fueron detenidas al tratar de cruzar ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos, lo que representa un aumento de 23 por ciento respecto del año fiscal anterior, según cifras del gobierno estadounidense. Y la tendencia se ha mantenido.
Si los emigrantes quedan bloqueados en la frontera con Estados Unidos y se deporta a más personas que hubieran entrado ilegalmente en Estados Unidos, las ciudades fronterizas de México podrían verse abrumadas, los refugios para emigrantes estarían rebasados, las filas del desempleo se hincharían y México tendría que soportar las tensiones, advierten funcionarios y militantes.
“Nos está preocupando”, reconoce Christopher Gascón, jefe de la oficina en México de la Organización Internacional para la Migración. “La forma en que México vaya a manejar esto va a ser toda un área de preocupación. No creo que haya capacidad de absorción”.
México ya estaba enfrentando a tremendas presiones migratorias. La oleada de centroamericanos que se dirigían al norte están sometiendo a una dura prueba a la patrulla fronteriza de México en el sur del país y causó un agudo incremento en el número de solicitantes de asilo, las solicitudes se duplicaron de 2015 a 2016.
Los funcionarios mexicanos también están tratando de establecer una estrategia en caso de que Trump cumpla su promesa de aumentar las deportaciones de personas que hayan entrado ilegalmente en Estados Unidos. En esa categoría se encuentran millones de mexicanos. Un grupo intergubernamental empezó a estudiar la forma de ayudar a los deportados a integrarse en la sociedad mexicana.
Más allá de eso, los cambios recientes en la política estadounidense durante el gobierno del presidente Barack Obama ya habían contribuido a un aumento en el número de refugiados haitianos, así como a una ola de emigrantes cubanos. Miles de cubanos se encontraron varados en México y América Central a raíz de que el gobierno de Obama puso fin a una antigua política que favorecía a los cubanos.
Por presiones de Estados Unidos, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha estado tratando de contener el flujo de emigrantes que pasa por su país. Así, en 2014 lanzó el programa Frontera Sur, con el empeño de controlar el desplazamiento de personas y mercancías que cruzan la frontera con Guatemala. El plan permitió duplicar el número de deportaciones de 2013, antes de que se instaurara, a 2016. Casi todos los deportados de estos últimos años provenían de América Central.
Pero las fronteras del país siguen siendo muy porosas. La Organización Internacional para la Migración calcula que cada año transitan por el país entre 400,000 y 500,000 emigrantes sin autorización, de los cuales 90 por ciento proviene de América Central.
Aquí, en el estado de Baja California, la crisis de los emigrantes ha puesto de relieve la limitada capacidad del gobierno mexicano para hacerles frente a los problemas.
Por ejemplo, el año pasado empezaron a llegar a esta ciudad fronteriza emigrantes haitianos procedentes de Brasil. Por un tiempo, los haitianos no tuvieron problemas para cruzarse hacia Estados Unidos. Reconociendo los problemas de Haití a raíz del terremoto de 2010, los funcionarios fronterizos de Estados Unidos permitían que los haitianos entraran conforme a una cláusula humanitaria, con permiso de quedarse hasta por tres años.
Los emigrantes colmaron el puñado de refugios y los hoteles baratos de Tijuana mientras esperaban, a veces por semanas, a tener su cita con los funcionarios fronterizos estadounidenses.
Después, a fines de septiembre, el gobierno de pronto anunció que reanudaría plenamente la deportación de haitianos, con la esperanza de que el cambio de política disuadiría la emigración de más haitianos. Sin embargo, los haitianos no dejaron de llegar.
Conforme aumentaba la población de emigrantes haitianos –ahora hay unos 4,500 haitianos en Tijuana y otras partes del norte de Baja California–, las autoridades mexicanas rechazaron los pedidos de que establecieran un refugio de emergencia manejado por el gobierno.
Hay más de 30 refugios que atienden a los haitianos, pero ninguno de ellos es manejado por el gobierno. La mayor parte de la carga de albergar, alimentar, vestir y atender el flujo continuo de haitianos ha recaído en organismos de la sociedad civil y en individuos que han acusado al gobierno de hacer demasiado poco y demasiado tarde.
Este mes, una coalición de los principales refugios de Tijuana y Mexicali le envió una carta al presidente Peña para exigir una “intervención” federal más robusta para abordar la crisis. Los refugios aún no han recibido respuesta, señalaron.
Grupos de defensoría y asistenciales de Tijuana presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acusando a funcionarios federales de violar los derechos de los emigrantes “de manera generalizada y repetida” por no abordar la crisis.
Los funcionarios federales rechazan la crítica de que han sido negligentes.
“¿Hay margen para hacer más?”, se preguntó Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado en Baja California del Instituto Nacional de Migración durante una entrevista recientemente, antes de que fuera presentada la queja. “Ha sido toda una lucha”.
“Pero no es verdad que el gobierno no haya respondido”, agregó.
La crisis, ha sido una demoledora carga para los refugios.
La población de emigrantes en uno de los refugios de más tradición, Movimiento Juventud 2000, con capacidad para 25 personas, se disparó a 250, la mayoría de las cuales vive en carpas donadas, en un lote adyacente que se convierte en un lodazal en épocas de lluvia.
La iglesia cristiana Embajadores de Jesús, situada en una yerma cañada en el extremo occidental de Tijuana, alberga a cientos de personas pese a que no está conectada con el abasto de agua municipal y tiene que llenar sus tanques con agua que traen en camiones.
Los administradores del Desayunador Salesiano Padre Chava, que por años ha funcionado como cocina popular, tuvo que adaptar casi todo su edificio, incluso los corredores y la alacena, para convertirlo en un extenso dormitorio que en un momento dado ha albergado a más de 500 personas.
Claudia Portela, coordinadora del Padre Chava y que recientemente abrió otro refugio más pequeño, calcula que los donativos han cubierto el 98 por ciento de sus necesidades durante la crisis.
Los funcionarios del gobierno, si bien reconocen que el grueso de la ayuda humanitaria ha provenido de la sociedad civil, insisten en que han proporcionado servicios indispensables, pero que están muy limitados por un presupuesto que de por sí está bajo las presiones de las aflicciones económicas de México.
“Nuestro despliegue ha sido muy, pero muy pequeño, afirma Figueroa. “Las capacidades institucionales no han sido tan sólidas como quisiéramos”. Pero, a pesar de las limitaciones, agregó, las dependencias del gobierno han donado más de 280,000 dólares, unas 445,000 comidas, miles de cobijas, cientos de colchones y muchos otros bienes y servicios desde fines de octubre.
Y agregó que funcionarios estatales y federales están analizando la posibilidad de abrir un refugio, aunque la propuesta plantea difíciles preguntas prácticas y filosóficas.
“¿Vamos a construir algo que no podríamos desconstruir?”, se pregunta.
Redes de grupos humanitarios se apresuran a ayudar.
“Para mí, lo peor ha sido la omisión del gobierno federal”, afirma Soraya Vázquez, una de las nueve mujeres que manejan el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana, grupo local formado en septiembre. “El gobierno tiene que reconocer que se trata de una crisis humanitaria”.
Kirk Semple
© The New York Times 2017
