YAKARTA, Indonesia ⎯ Coronados con penachos de plumas y con el rostro untado de pintura, veintenas de manifestantes se reunieron afuera de las oficinas de Yakarta de un gigante minero estadounidense el 20 de marzo, coreando, agitando letreros y causando incertidumbre en los mercados mundiales de materias primas.
Los atuendos tradicionales estaban destinados a poner en claro a quienes representaban: la gente de Papúa Occidental, donde se ubica la mina Grasberg de Freeport-McMoRan, una de las fuentes de oro y cobre más grandes del mundo. Sus lemas coreados dejaban igualmente en claro lo que querían.
“¡Freeport debe ser cerrado!”, entonaba la multitud.
Era un lema que, en los últimos meses, ha resonado en toda Indonesia. Menos de una semana antes, docenas de estudiantes de una organización diferente ⎯ vestidos de rojo y blanco, los colores nacionales de Indonesia ⎯ se reunieron afuera de la misma oficina, demandando que el gobierno asuma una postura firme con la compañía.
“Freeport no ha traído prosperidad. Solo ha destruido el entorno natural”, dijo Surya Anta, coordinador nacional del Frente del Pueblo de Indonesia en Defensa de Papúa Occidental. Su organización ayudó a organizar las protestas contra Freeport en 17 ciudades en todo el país.
Metales con valor de miles de millones de dólares se producen en la poderosa mina Grasberg, que ofrece empleos en una provincia con pocas perspectivas diferentes. ¿El problema? La mina es ⎯ para frustración de los indonesios que ven el crecimiento económico de su país empezar a frenarse conforme caen los precios de las materias primas ⎯ de propiedad y operación estadounidense.
Para abordar eso, el gobierno en los últimos años ha aprobado regulaciones destinadas a ejercer mayor control sobre las operadoras de minas. Freeport dice que esos requerimientos violan el contrato de 1991 de la compañía, que vence hasta 2021 y el cual quiere renovar.
La disputa ha puesto freno a la producción en la mina e hizo que Freeport se estrellara directamente con la política indonesia. La compañía, que cuenta como uno de sus principales inversionistas al multimillonario Carl Icahn, importante simpatizante del presidente Donald Trump, ha buscado atraer la atención del gobierno de Estados Unidos hacia el tema.
“Es inverosímil e insultante que Indonesia viole un contrato ocultándose detrás de leyes con motivación política que fueron promulgadas después de que se firmó el contrato”, dijo Icahn.
Yakarta ya está en medio de una dura contienda por la gubernatura que ha llenado a la capital de manifestaciones contra el gobernador Basuki Purnama, un aliado del presidente Joko Widodo. Considerado amigable con las empresas, Joko enfrenta presión para resistir a una empresa impopular en una época de exportaciones en declive, crecimiento económico relativamente lento y alta tensión política.
La pelea en torno al contrato ejemplifica la transición a menudo tensa de Indonesia de ser un país explotado por potencias coloniales a ser uno con la influencia política para controlar sus propios recursos, los cuales tienen un valor de miles de millones de dólares. Para muchos indonesios, Freeport, la operación minera más grande aquí, pone rostro a esa lucha.
“Estamos esperando que si Freeport es nacionalizado, los ingresos provenientes de Freeport sean distribuidos a la gente común, destinados a subsidiar las necesidades básicas y la educación”, dijo Ahmad Hedar, activista estudiantil.
Freeport ha operado Grasberg desde principios de los años 70, la joya de la corona en lo que un ex director ejecutivo ha llamado su “tesoro de tesoros” mundial.
Sin embargo, Indonesia ve a la mina como un recurso nacional cuya riqueza está siendo saqueada por los dueños extranjeros.
“Freeport paga solo 8 billones de rupias en impuestos”, pero se queja de trato injusto, dijo Ignasius Jonan, el ministro de energía y recursos naturales, al ala juvenil de una prominente organización musulmana en febrero.
Esa cifra, unos 600 millones de dólares, se compara con el oro y cobre con valor de unos 3,100 millones de dólares extraídos de la mina en 2015. Pero la compañía dice que de 1992 a 2015, un 60 por ciento de sus utilidades fue regresado a Indonesia en forma de impuestos, regalías, comisiones y dividendos accionarios.
Ambas partes han amenazado con llevar el desacuerdo sobre el contrato al arbitraje internacional. Hasta que se resuelva la disputa, la mina de Grasberg operará a 40 por ciento de su capacidad; sin un acuerdo de licencia, el gobierno indonesio no permitirá que Freeport exporte minerales no procesados.
El precio del cobre se ha mantenido estable desde un marcado aumento en noviembre, pero las acciones de la compañía han descendido casi 20 por ciento en los últimos dos meses.
“Es en el mejor interés de todos los accionistas llegar a una resolución de estos problemas”, señaló Richard Adkerson, director ejecutivo de Freeport, en una declaración por escrito a The New York Times.
El gobierno indonesio enfrenta una presión extraordinaria de parte de sus ciudadanos y los medios nacionales para mantenerse firme ante Freeport. Esto es impulsado por una percepción de que la compañía consistentemente se ha aprovechado del gobierno indonesio desde que entró en el país en 1967 como uno de sus primeros grandes inversionistas extranjeros.
En ese año, el líder cacical de Indonesia, Suharto, concedió a Freeport una exención fiscal de una década, así como una prórroga en el pago de regalías, aunque los términos de Indonesia mejoraron a lo largo de las décadas conforme se desarrolló la economía del país. Algunos reportes de medios indonesios han llamado a Freeport un “monumento” a la era de Suharto.
“A los indonesios siempre se les ha educado con la idea de que tienen recursos de clase mundial que son la envidia de todo el mundo, pero que a lo largo de los años las potencias coloniales occidentales han tramado planes para apoderarse de Indonesia para explotar esos recursos”, dijo Matthew Busch, un investigador en el Programa sobre el Este Asiático en el Instituto Lowy para la Política Internacional.
Las organizaciones cívicas musulmanas más grandes de Indonesia se han opuesto agresivamente al control extranjero sobre los recursos del país, incluyendo un llamado a una “yihad constitucional” para revocar las leyes indonesias que permiten a las compañías extranjeras controlar los recursos nacionales.
La fricción resultante ha hecho de Indonesia uno de los entornos de inversión minera menos atractivos del mundo, según el Instituto Fraser, una organización de investigación canadiense, la cual lo clasificó en el sitio 99 como el más difícil entre 104 naciones, estados y regiones en 2016.
Eve Warburton, investigadora de la Universidad Nacional Australiana que estudia el nacionalismo de los recursos indonesios, dijo que en la última década los políticos indonesios habían sido consistentemente más asertivos hacia las compañías mineras extranjeras.
“Ahora, parece que muchas personas en el gobierno creen que Indonesia puede permitirse seguir el camino nacionalista en los sectores de los recursos”, afirmó.
Las condiciones podrían ahuyentar a las empresas. El año pasado, Newmont, una minera estadounidense, vendió su participación accionaria en la mina de cobre Batu Hijau de Indonesia después de pasar apuros para adaptarse a las regulaciones indonesias. Rio Tinto, la compañía británico-australiana, tiene un acuerdo para desarrollar Grasberg con Freeport, pero su director ejecutivo sugirió en febrero que la compañía podría echarse para atrás por las nuevas reglas.
Analistas internacionales dicen que el contrato de Freeport podría no ser tan desigual como muchos funcionarios del gobierno indonesio lo hacen parecer. Y pese a las declaraciones inflexibles de ambas partes, afirman, un acuerdo sigue estando al alcance.
“Veo esto como una cortina de humo”, dijo Bill Sullivan, un abogado y analista minero en Yakarta. “El gobierno no tiene ningún incentivo en absoluto para hacer las cosas tan difíciles para los productores de minerales metálicos que no lleguen a un acuerdo. Sin embargo, debido a la necesidad del gobierno de una profunda cubierta política, tiene que relajar la prohibición de exportaciones en una forma en que no haga parecer como si el gobierno estuviera cediendo ante los productores de minerales metálicos”.
La provincia de Papúa, donde está la mina Grasberg, es la más intranquila y la menos desarrollada de Indonesia, con un pequeño movimiento independentista que choca con las fuerzas militares. Freeport paga unos 20 millones de dólares anualmente al gobierno indonesio a cambio de seguridad, incluidos los pagos a los militares de Indonesia, que han sido vinculados con violaciones de los derechos humanos en la provincia. Los pagos han atraído periódicamente el escrutinio de organizaciones defensoras de los derechos humanos así como de los fondos de pensiones que invierten en la compañía.
Pero como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene programada una visita a Indonesia en abril, los políticos aquí no están preocupados por los efectos en las relaciones internacionales.
“Soy alguien que está muy feliz por las brillantes ideas de Donald Trump y me alegró ver que fuera elegido presidente”, dijo Mukhtar Tompo, un legislador indonesio que ha hecho llamados a que Freeport sea expulsado de Indonesia. “En tanto Donald Trump analice las cosas desde todas las perspectivas, coincidirá con nuestra opinión”.
Jon Emont
© 2017 New York Times News Service
