DAPU, China — El pequeño niño ya no podía reconocer el sonido de la voz de su mamá. Huesudo y pálido, desapareciendo bajo un abrigo de invierno, hablaba mayormente con gruñidos y gritos, el idioma de su malestar. Tropezaba mientras caminaba, nunca seguro del suelo a sus pies.
Wang Yifei, de 5 años, estaba destinado a una vida mejor, según creía su familia. Para garantizar años de buena fortuna, confiaron en tradiciones que siempre los habían guiado: asegurarse que la mamá caminara sobre carbón caliente el día de su boda y revestir su cuna con tela blanca para ahuyentar espíritus díscolos.
Pero Yifei se había enfermado, y como más de 300 niños de Dapu, una ciudad de 62,000 habitantes localizado en la provincia de Hunan, en el centro de China, sufrió pérdida de audición, deterioro del habla y dificultad para caminar. Muchos otros niños también sufrieron problemas de memoria, retraso en el crecimiento, anemia y convulsiones.
Los doctores eventualmente determinaron que los niños tenían envenenamiento por plomo y señalaron a una fábrica cercana, Meilun Chemical Materials, que producía pigmentos para pinturas y polvo de maquillaje. Molestan y exigiendo fijación de responsabilidades, decenas de familias se prepararon para demandar.
Pero en Dapu, como en casi todo el corazón de la zona rural de China, la industria química manda; es la principal fuente de años de crecimiento económico por encima del promedio. Autoridades locales del Partido Comunista local dependían de Meilun y otras plantas para su sustento y fortuna política, y tenían historial de ignorar las violaciones ambientales para mantener activas a las fábricas.
Wang Jiaoyi, el padre de Yifei, no anticipó la reacción violenta a la demanda. Primero, dice, sus compañeros de trabajo en una granja local le advirtieron que podía perder su trabaja empacando verduras. Luego aparecieron matones en la puerta de su casa, amenazando con lastimar a su familia. Después de meses de presiones, Wang decidió abandonar el caso.
“No hay forma de ganar”, dijo Wang. “No existe la justicia”.
Luego de una década donde empresas de naciones más ricas exportaron a las más pobres gran parte del negocio sucio de fabricar sustancias peligrosas, China actualmente es la fábrica de químicos industriales más grande del mundo, atribuyéndosele un tercio de la producción global según algunos estimados.
Pero mientras el gobierno chino ha promovido el rápido crecimiento del sector, ha tenido problemas con su impacto sobre el ambiente. La industria química ha sofocado los llamados para fortalecer la supervisión y forzar a que las empresas revelen públicamente las substancias que producen. Las oficinas locales de protección ambiental normalmente son políticamente endebles y carecen de personal. Aun cuando las empresas reconocen cierta responsabilidad por dañar la salud pública, como lo hizo Meilun, los remedios dados a las comunidades a menudo no cubren las necesidades de las víctimas.
“Es un enano regulando a un gigante”, dice Ma Jun, un prominente ambientalista chino.
Durante la presidencia de Xi Jinping, el gobierno prometió que la gente iba a tener la posibilidad de defenderse, declarando una “guerra contra la contaminación” y promulgando una ley en 2015 que facilita demandar a las empresas y obligarlas a cubrir los costos de limpiar los vecindarios. La ley supuestamente iba a permitir que grupos no lucrativos emprendan acciones legales de interés público contra contaminadores. Los ambientalistas lo proclamaron como un avance.
Pero el avance ha sido limitado. En las cortes chinas, el Partido Comunista controla las decisiones de los jueces, y rutinariamente fallan casos consultando con los funcionarios que tienen un interés político o financiero en el resultado. La policía, a instancia de las autoridades locales, frecuentemente acosa a los abogados y a los activistas, esperando disuadirlos para que no presenten casos, dicen los abogados. Y el gobierno decide qué grupos no lucrativos pueden emprender acciones legales de interés público.
Señales de que algo anda mal
El personal de la Escuela Primaria Dapu se mostró impactado. Los niños de la escuela estaban mostrando signos de hiperactividad y pérdida de memoria a un ritmo alarmante. Los maestros pasaban horas taladrándoles geografía y matemáticas a sus alumnos, pero al otro día muchos parecían haber olvidado el material.
Buscando respuestas, los padres se llevaron a sus hijos a hospitales de la capital provincial, Changsha, y a Shanghái, a 965 kilómetros. Los doctores ordenaron análisis de sangre y descubrieron un patrón: los niños mostraban niveles inusualmente altos de plomo en sangre. Para la primavera de 2014, se había diagnosticado envenenamiento por plomo a más de 300 niños.
Durante años, los residentes habían acusado a Meilun de contaminar la ciudad. La planta se encontraba en el centro de una densamente poblada franja de casas, mercados de verduras y de arrozales.
Cuando los residentes de Dapu se opusieron a la idea de permitir que Meilun operara tan cerca de las casas y las escuelas, los funcionarios locales se mostraron desafiantes. Meilun, anteriormente una planta propiedad del Estado, era uno de los más grandes empleadores de la localidad, con más de 100 trabajadores en su apogeo, y generaba cientos de miles de dólares en ingresos fiscales.
A medida que la ira pública crecía, la Televisión Central de China, la influyente difusora estatal, puso al aire un informe que exponía los problemas en Dapu y presentaba a estudiantes que se quejaban de dolor de estómago y náuseas.
En un segmento del informe, Su Genglin, jefa de gobierno de Dapu, dijo que los estudiantes podrían haberse envenenado luego de morder los lápices, aunque éstos contienen grafito, no plomo.
El informe agitó la furia popular y obligó a la fábrica a detener la producción.
Pero Su mantuvo su cargo. La tierra siguió siendo altamente tóxica, según análisis de activistas ambientales locales, y no había plan para limpiarla. Muchos niños siguieron teniendo síntomas relacionados con envenenamiento de plomo. El gobierno ofreció leche gratuita para tratarlos, sugiriendo incorrectamente que podría eliminar el plomo de su cuerpo.
Una mañana reciente, Mao Baozhu, de 63 años, cuidaba a su joven nieto, quien sufre de dolores crónicos de estómago y pérdida de memoria. Vivieron frente a la antigua planta Meilun, y análisis muestran que el plomo en sangre del pequeño es seis veces más alto que los estándares internacionales de seguridad, uno de los peores casos en Dapu.
Mao dijo que alguna vez caminó entre árboles de cedros cuando era joven. Ahora la tierra era un páramo, cubierta de tocones de árboles y arbustos de jazmines que han perdido su aroma. Sostenía la mano de su nieto. “No es la vida que imaginamos”, dijo Mao.
Intimidando a las familias
El juicio estaba por comenzar, y Dai Renhui estaba ansioso. Ha dedicado su carrera a defender víctimas de contaminación. Pero pocas veces había estado en un caso tan contencioso como el juicio por contaminación de plomo en Dapu.
Aún antes de que Dai presentara el caso, Meilun había librado una campaña para intimidar a las familias de los niños enfermos, según residentes de Dapu. Grupos de hombre aparecían al anochecer, advirtiendo a los residentes de que podían perder su trabajo o enfrentar violencia si proseguían con el caso. Ofrecían sobornos de 1,500 dólares a aquellos que desistieran, dijeron algunas familias.
Para la primavera de 2015, cuando Dai fue a los tribunales, cuarenta personas habían abandonado la demanda. Solo quedaban 13.
Buscaban más de 300,000 dólares de Meilun para pagar las cuentas médicas de 13 niños que tenían altos niveles de plomo en la sangre.
En los tribunales, los abogados de Meilun actuaron para desestimar el juicio cuestionando si los niños tenían el papeleo correcto para demostrar que residían cerca de la fábrica, pese a que muchas de sus familias habían vivido allí durante décadas.
Victoria, pero con poco premio
A Mao, cuyo nieto tiene envenenamiento por plomo, se esforzó para comprender el número que le presentaban.
Un tribunal del Condado de Hengdong falló el año pasado que Meilun era responsable de envenenar gravemente a dos de los 13 niños cuyos casos llegaron a juicio, incluyendo al nieto de Mao. Pero ordenó a la empresa a pagarle a ella y a los familiares del otro niño solo 13,000 renminbis por cada uno, equivalentes a 1,900 dólares.
El dinero apenas alcanzaba para cubrir los honorarios legales y el costo de juntar evidencia, dijo Mao, y ni hablar de las cuentas médicas. Las otras familias no recibieron nada.
En abril, una corte de Hengdong aceptó escuchar nuevamente el caso. Pero Mao dijo que le preocupa que el resultado fuera a ser el mismo.
“A veces pierdo la esperanza y siento que esto nunca terminará”, indica Mao. “Nadie se quiere hacer responsable de lo que le ha pasado a nuestro niños”, afirma.
Javier C. Hernández
© 2017 New York Times News Service
