Más de 600 muertes registra la Procuraduría General de Justicia del Estado en lo que va del 2016 en Tijuana, cifra que genera más temor e incrementa la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, siendo muestra obvia de la incapacidad y deficiencia de las instituciones de seguridad pública y que están fallando el estado y municipio, declaro el presidente del Colegio de Abogados en Tijuana, Román Antonio Aboytes.
Señalo también que en cuanto a que el presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, pidió la presencia mayor del ejército y la marina en las calles de Tijuana, se sabe que la razón de ser del ejército no es estar vigilando calles, y por tanto en la medida que se vea al ejercito circulando por la ciudad es una muestra de la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para brindar la seguridad.
Agrego que a los colegios de abogados y sociedad en general se les debería de convocar para proponer y aportar algo para coadyuvar con la autoridad y generar confianza.
“El estado no tiene la capacidad, ni el municipio y entonces llaman al ejército, ejercito en las calles igual a incapacidad de nuestras instituciones (…) Hace falta capacitar a los policías, hace falta depurar las policías, hace falta una mayor infraestructura, tenemos un nuevo Sistema de Justicia Penal que en la teoría es muy bueno pero que en la práctica ya estamos encontrando cuellos de botella”, indicó.
Por otra parte, el presupuesto solicitado para los funcionarios del Instituto Estatal Electoral de 51 millones de pesos se podría canalizar para áreas de seguridad y servicio social, declaro el presidente del Colegio de Abogados en Tijuana, Román Antonio Aboytes.
Indicó que no es posible que ante los hechos de violencia que vivimos y niños gravemente victimizados, se destine más recurso para los funcionarios públicos. Si no se administra correctamente el presupuesto, se seguirá con una ciudad en decadencia y con altos índices de violencia que todo lo que hacen es espantar a la violencia.
“No tenemos un año de elecciones, acabamos de sufrir un proceso electoral deficiente en donde los funcionarios electorales mostraron su ineptitud y mostraron su inclinación a ciertos grupos, entonces no es posible, nosotros exhortamos hasta donde el exhorto sea válido a quien le corresponda autorizar esos 51 millones de pesos que no lo haga”, agregó.
