CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por carecer de “las más elevadas credenciales profesionales, de una larga carrera académica al máximo nivel o de experiencia en el sector público en puestos superiores”, Paloma Merodio Gómez, la candidata que designó el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar el puesto vacante en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no cumple con el perfil requerido para una “tan alta encomienda”.
“Existen candidatas cuya idoneidad trasciende las consideraciones personales sobre Merodio Gómez esgrimidas por el Ejecutivo”, aseveró hoy un colectivo conformado por organizaciones y académicos que exigió al Senado no ratificar el nombramiento de la candidata de Peña Nieto.
Como órgano superior de dirección del Inegi, la Junta de Gobierno determina la producción de información estadística, decide qué información revierte un interés nacional –y cual no debe divulgarse por motivos de seguridad nacional–, además de que aprueba las normativas internas y programas de trabajo del instituto.
En noviembre de 2015, Merodio se trasladó de la Unidad de Planeación Estratégica Institucional (UPEI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –donde “coordinaba las encuestas de satisfacción”, según aseveró en su declaración patrimonial de servidora pública– a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de José Antonio Meade Kuribreña.
Ahí, asumió la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, puesto que ocupa actualmente.
De acuerdo con el Inegi, para ocupar un puesto en su Junta de Gobierno se requiere que el aspirante sea un “profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía” o bien, “un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas” y que “haya ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado”.
De acuerdo con su declaración patrimonial, Merodio Gómez es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard.
Su experiencia en el sector público es relativamente escasa: en 2010 durante cuatro meses asumió una jefatura de análisis en la Sedesol; en el primer año de la administración de Peña Nieto fue titular de la División de Análisis Socioeconómico y Sectorial del IMSS y posteriormente asumió la coordinación de la UPEI.
En el sector privado, se desempeñó durante varios años como analista en consultorías de economía y realizó dos pasantías de un mes cada una en el Banco Mundial y en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), un órgano de la institución global.
“El nombramiento de un nuevo miembro de la Junta de Gobierno del Inegi es la oportunidad de elevar o al menos mantener los altos estándares de conocimiento y experiencia”, señalaron los integrantes del colectivo formado por 12 organizaciones de la sociedad civil, una treintena de académicos –entre ellos Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)– e integrantes externos del Grupo Técnico Ampliado que el Inegi integró con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza.
