BERLÍN (apro).- El principal problema que existe en México para abordar con eficiencia la severa crisis de derechos humanos que enfrenta el país es la impunidad que reina en los tres niveles de gobierno.
Bajo ese argumento, un centenar de organizaciones de la sociedad civil mexicana impulsan la formación de un Consejo Asesor contra la Impunidad, conformado por renombrados expertos que asesoren al Estado mexicano en la implementación de estrategias y reformas que eleven la capacidad de investigación y sanción de los delitos para revertir, con ello, la alta tasa de impunidad que impera en el país.
La propuesta se desprende de las 14 recomendaciones que hizo al gobierno mexicano el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, luego de su visita a México en octubre del 2015.
La creación de un Consejo Asesor es la primera recomendación del jordano y es justamente la que las organizaciones agrupadas en el Frente y Plataforma contra la Impunidad han comenzado a promover no sólo dentro del país, sino en el extranjero.
Se trata de un ejercicio inédito que buscaría en un mediano plazo -con iniciativa de la sociedad civil y apoyo de organizaciones nacionales e internacionales- convertirse en un Mecanismo Complementario para el Combate a la Impunidad en México, similar al CICIG de Guatemala. Esa es, cuando menos, la intención de las organizaciones.
“Ya distintos organismos internacionales han señalado las graves condiciones en materia de derechos humanos que enfrenta el país: tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, entre otras, explica en entrevista con Apro, Olga Guzmán, directora de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Agrega que las cifras de violencia “son sorprendentes para un país ‘democrático’ en el que las instituciones no funcionan y en donde el principal problema es entonces la impunidad”.
Sigue: “Hay un número importante de organizaciones en México que nos preguntamos cómo hacer para que la comunidad internacional -que está hoy más consciente e informada sobre lo que está pasando en nuestro país- participe y coopere para que podamos salir de la crisis”.
La respuesta a la que llegaron- continúa- es que México requiere un mecanismo similar al de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyos resultados “han generado más credibilidad en las instituciones y han dado luz de que algo podría cambiar. Incluso ya procesaron a un presidente que fue sancionado por corrupción”.
Y para ello, el Consejo Asesor es un primer paso.
De acuerdo con la activista -quien llegó hasta Alemania y Ginebra para dar a conocer la propuesta y sumar apoyo internacional- fue en febrero de este año cuando las organizaciones pudieron conocer las intenciones del gobierno de Enrique Peña Nieto por conformar el Consejo y cumplir con ello la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Guzmán Vergara expresa la preocupación de que el Consejo referido se circunscriba a un alcance sólo doméstico y de muy bajo perfil y que no pueda cumplir por ello su cometido.
“Supimos que es la Dirección de Política Pública para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación la que pretende implementarlo. No está mal, pero queremos vigilar que su alcance sea internacional y que pueda ser acompañado y monitoreado por organismos internacionales”, señala.
Buscan apoyo internacional
Tras su visita a México en octubre de 2015, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió 14 recomendaciones finales al gobierno mexicano.
La primera de ellas establece textual: “Establecer un consejo asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para prevenir la tasa de impunidad imperante en el país.
“El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos”.
Como respuesta, el gobierno federal señaló que: “esta recomendación podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional de derechos humanos que cuente con un grupo asesor de personalidades en la materia”.
Y es justamente en ese punto en el que las organizaciones buscan incidir para que el Consejo Asesor esté integrado no sólo por personalidades nacionales, sino también internacionales.
“Buscamos presencia internacional porque queremos garantizar no sólo su autonomía, sino su independencia e imparcialidad. El GIEI es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer diligencias e investigaciones de manera imparcial aunque cierto es que vimos cuál fue su desenlace. Pero nos preocupa que este Consejo pueda politizarse y quede sólo a un nivel doméstico”, explica Guzmán Vergara.
Para ello, las organizaciones han comenzado una campaña internacional que las trajo ya al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y a Berlín, Alemania, en donde se reunieron con representantes del gobierno, parlamentarios e integrantes de Fundaciones políticas y organizaciones no gubernamentales para dar a conocer el proyecto y sumar apoyos.
Próximamente estarán también en la sede del Consejo Interamericano de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos.
Conscientes de que no será un camino fácil ni rápido, han elaborado además un borrador de resolución que buscarían que patrocine algún país en el Consejo de Naciones Unidas.
Tal resolución, de cuyo borrador posee una copia apro, insta al Estado mexicano a establecer un Consejo Asesor en los términos recomendados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a que ambas entidades colaboren para el adecuado diseño e instalación del mecanismo.
También sugiere elaborar un informe anual al Consejo de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las 14 recomendaciones derivadas de la reciente visita del Alto Comisionado al país.
“Creemos que esto sería un primer paso para en el mediano plazo tener un Mecanismo Internacional contra la Impunidad similar al de Guatemala que tenga facultades. Quizás nuestro deseo es prematuro pero creemos que es válido. Y buscamos el apoyo internacional porque es inaceptable que la comunidad internacional, sabiendo lo que está pasando en México, se quede pasiva. Creemos que no debe haber tanta indolencia afuera como la hay adentro”, subraya la integrante de la CMDPDF.
Es así que su lucha continúa y buscarán no sólo el apoyo para el establecimiento del Consejo Asesor, sino un monitoreo permanente a su trabajo.
