Peña Nieto propuso diferenciar opinión e información y ahora se arrepiente: AMEDI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Someter la reglamentación de los derechos de las audiencias al Ejecutivo federal y no al Instituto Federal de Telecomunicaciones implica “someterlos a intereses políticos y de los concesionarios, como está ocurriendo”, destacó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (la AMEDI).

Así opinó, en un primer posicionamiento sobre las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Presidencia de la República y el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

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La Asociación y varios especialistas e impulsores de la reforma de telecomunicaciones de este gobierno destacaron también que el propio Ejecutivo federal está controvirtiendo dos derechos de audiencias que propuso la misma Presidencia de la República durante la discusión de esta reforma:

“Que se diferencia con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y “que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido del programa”.

Para la AMEDI “resultan extrañas” las controversias de la Presidencia de la República y del Senado porque “pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban”. Además, fue el propio presidente Peña Nieto “quien propuso dos de los derechos de audiencias que más han sido atacados por los medios”.

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El organismo también destacó que con las controversias “ponen en entredicho la autonomía del IFT” e, incluso, se ha pedido que se abroguen los Lineamientos Generales sobre las Defensas de las Audiencias, “cuando su obligación es cumplir la ley”.

La agrupación que ha defendido el derecho a la información hizo votos para que la SCJN sepa “garantizar una vez más los derechos fundamentales de los mexicanos”.

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También se pronunció por mantener los lineamientos, a pesar de la intensa campaña en contra que se ha emprendido en las pantallas, en el Congreso, entre alcaldes y hasta entre las sotanas de la Iglesia católica.