Periodistas de Colima rechazan reforma penal del estado; es violatoria de la libertad de expresión, dicen

COLIMA, Col. (apro).- Periodistas y defensores de los derechos humanos manifestaron su oposición a una reforma penal aprobada por el Congreso del estado para tipificar como delito la difusión, “a través de cualquier medio de comunicación”, de noticias falsas sobre balaceras y otros actos delictivos con el propósito de perturbar el orden público.

 

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La nueva disposición legal, aprobada el miércoles anterior por los legisladores colimenses, ha sido considerada prácticamente una copia de la que se aprobó en 2011 en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, que dos años después fue declarada inconstitucional e invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Tanto en el caso de Veracruz como ahora en el de Colima, la reforma incluyó la creación del delito “perturbación del orden público”, para el que en ambos casos se estableció una penalidad de multa y hasta cuatro años de prisión.

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Tras la reciente aprobación, el artículo 266 bis del Código Penal de Colima establece que “comete el delito de perturbación del orden público y se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y una multa por un importe equivalente de cien a trescientas unidades de medida y actualización, a:

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“I. Quien con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; y

 

“II. Quien con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido”.

 

Ante esta decisión del Congreso colimense, Isamar Ramírez Rodríguez, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), anunció que llevará al seno de ese organismo la propuesta de interponer ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad para echar abajo esa legislación.

 

Calificó como un hecho grave la reforma penal realizada por los legisladores, porque a su juicio esto atenta contra el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y los periodistas.

 

Por su parte, el representante en Colima de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), Juan Ramón Negrete Jiménez, reprobó lo que ubicó como una “nueva intentona de la autoridad para tratar de acallar a los periodistas” y lamentó que los diputados “no sé si por distraídos o porque no leyeron el dictamen, lo hayan aprobado sin ninguna discusión”.

 

Indicó que la reforma no se conoció desde el primer momento porque los legisladores “omiten leer los documentos en tribuna, y sólo piden que se incluyan íntegros en el diario de los debates”.

 

Negrete Jiménez advirtió que con la tipificación de ese delito “se vendrá una cacería de brujas en contra de todos los comunicadores, que en aras de informar, la mayor parte de las ocasiones somos los que damos a conocer que se recibió una amenaza, mientras que la autoridad, como siempre, oculta la cabeza o simplemente no informa, provocando con ello que los medios tengan que especular con base en informaciones que recaba por conductos no oficiales”