CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Ha transcurrido un año y cuatro meses desde que se activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en una de las entidades más violentas para las mujeres: el Estado de México (Edomex).
Tan sólo en ocho años (2005- 2014) acumuló cuatro mil 281 desapariciones y en el mismo periodo, 933 asesinatos, según el Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para atender la solicitud de AVG.
En esta entidad, la más poblada del país, habitan ocho millones 353 mil 540 mujeres, según la más reciente estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2015 (Inegi). Del total, 52% de ellas se encuentra en edad reproductiva al tener entre 15 y 29 años.
El estado se integra por 125 municipios y aunque los más poblados concentran 54% de los asesinatos de mujeres, la AVG se declaró solamente para 11: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
Todos ellos comparten entre sí altos índices de pobreza, rezago educativo y carencia de servicios básicos. El Índice de Desarrollo Humano, el cual mide la esperanza de vida con calidad, la salud y la educación de la población, ubica al territorio mexiquense en el lugar 18.
El Estado de México fue la segunda entidad federativa en la que se declaró la AVG en el país. La solicitud fue hecha el 8 de diciembre del 2010.
De 2005 a 2010, Ecatepec encabezó la lista de municipios mexiquenses más violentos para las mujeres. Durante ese periodo, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM) registró un total de 118 casos de homicidios de mujeres. Es también la localidad que registra el mayor número de atenciones médicas por lesiones y violencia de género, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
Chimalhuacán, ubicado al oriente del estado, recibe recursos federales para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
Pero estos recursos no han impedido que policías municipales sean identificados como los mismos agresores de mujeres y niñas. Para muestra está el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en ese municipio en 2010 por su pareja, Julio César Hernández Ballinas, quien era policía judicial.
Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que su madre, Irinea Buendía, tocó varias puertas para exigir justicia por el asesinato de su hija, sin obtenerla. El 25 de marzo de 2015, después de hacer una revisión exhaustiva del expediente, la máxima instancia de justicia del país ordenó a la Procuraduría estatal volver a investigar los hechos como feminicidio y sentó precedentes para los demás casos que se den en el Edomex.
Pese a este panorama y a un año cuatro meses de la declaratoria de la AVG, los resultados para disminuir la violencia no han sido los esperados. Tan sólo este año en Naucalpan, uno de los municipios donde se decretó la AVG, se han incrementado las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas.
Obstáculos para implementar la AVG
Lograr que se decretara la Alerta no fue sencillo. Fue un proceso jurídico de cinco años de insistencia de organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que enfrentaron la resistencia de autoridades para reconocer que en aquella entidad se mata a mujeres por el hecho de serlo.
La abogada de la CMDPDH, Nayomi Aoyama González, dijo en entrevista con apro-cimac, que uno de los obstáculos para implementar la Alerta es la falta de recursos para cumplir las medidas. Agregó que a ello se suma la confusión sobre las acciones que le corresponden a los tres niveles de gobierno.
Si bien la CMDPDH ya no participa en el trabajo de campo, acude a las reuniones de seguimiento de la AVG como observadora, por lo que mencionó que para la recuperación de espacios y Ciudades Seguras, los recursos para mejorar el alumbrado público o limpieza de lotes baldíos fueron motivo de discusión entre el gobierno municipal y estatal, al no tener asignado un presupuesto específico.
También dijo que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno no han comprendido que la AVG es un mecanismo de emergencia y no una política pública a la que se le tenga que asignar un recurso para implementarla, sino que tienen que asignar los recursos ya existentes.
Compromisos a medias
Cuando se decretó la AVG, el gobernador priista Eruviel Ávila Villegas aseguró que la Procuraduría estatal pondría en operación la Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres. Agregó que ésta se conformaría por 17 personas expertas, quienes realizarían estudios para conocer las causas sociales, culturales, geográficas y económicas de esta problemática.
También garantizó la creación del grupo especializado para la atención e investigación de asuntos de alto impacto relacionados con muertes violentas de niñas y mujeres, el cual estaría a cargo de la PGJEM.
Otro compromiso fue que en las 11 Fiscalías Regionales de la Procuraduría se pondrían en operación los grupos de apoyo para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas.
Respecto a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género, el mandatario mexiquense informó que se reforzaría con 25 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. Además, el alumnado de nivel básico recibiría clases sobre la AVG y se presentaría una iniciativa de ley para instruir este tipo de materias en las escuelas de la entidad. Incluso, se dijo que se haría una propuesta para que la asignatura de Perspectiva de Género tenga valor curricular.
El gobernador también se comprometió a que la Secretaría de Salud verifique que en las unidades médicas se cumpla la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres (NOM-046).
Y recordó que en los ayuntamientos existe el compromiso de realizar acciones como la recuperación de espacios públicos en lugares con altos índices de violencia, así como crear redes comunitarias y fortalecer las instancias municipales de la mujer.
Esta lista de buenas intenciones no ha podido comprobarse, pues a la fecha, aún no se tiene un diagnóstico de los avances en el cumplimiento de las medidas de la AVG.
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dijo en entrevista que no hay un diagnóstico de cumplimiento pero explicó que durante octubre trabajaron sobre el Protocolo Alba para que se implemente de manera concreta cuando reporten desapariciones de mujeres y niñas, sin necesidad de esperar las 72 horas como se contemplaba en el Protocolo Naranja que elaboró el gobierno del Estado de México.
También instalaron recientemente la Unidad de Análisis y Contexto, conformado por un grupo multidisciplinario (expertos en derecho, estadísticas y criminología) quienes se encargarán de documentar e investigar la violencia de género, así como capacitar a los agentes del Ministerio Público y policías municipales.
Y lo siguiente, dijo, es incorporar en el Modelo de Ciudades Seguras –réplica del modelo propuesto por ONU Mujeres para combatir la violencia contra las mujeres en la comunidad– los mapas donde se detectó el mayor riesgo para que incrementen la seguridad.
María de la Luz Estrada reconoció que no era fácil medir los avances en el cumplimiento de las medidas de la AVG del gobierno del Estado de México. Por ello, la OCNF y Católicas por el Derecho a Decidir elaborarán un diagnóstico en enero del 2017.
