CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, y a integrantes del ayuntamiento de Celaya, por la inadecuada procuración de justicia y discriminación en el caso de una mujer víctima de violencia sexual en 2014.
En la recomendación 64/2016, la CNDH señala que la mujer fue agraviada en su derecho de acceso a la justicia por agentes de la Policía Municipal de Celaya y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“La CNDH solicita al Gobernador de Guanajuato y al Ayuntamiento de Celaya reparar el daño a la víctima, en términos de las leyes correspondientes de dicha entidad; se le proporcione atención psicológica especializada hasta su sanación física, psíquica y emocional, y colaborar con la Comisión Nacional en las quejas que presente para iniciar procedimiento administrativo contra el personal ministerial y policial que intervino en los hechos”, concluyó la CNDH
Tras haber sido violentada sexualmente en abril de 2014, la agraviada manifestó que ese mismo día comunicó los hechos a su esposo y a dos policías municipales, y estos últimos omitieron realizar un recorrido para ubicar al agresor y poder detenerlo.
“Uno de ellos (policías) se dirigió al cónyuge para decirle que su esposa ‘tiene un novio o amante’, y la llevaron a la Agencia del Ministerio Público, dejándola en el exterior del edificio”, refiere el documento.
La persona encargada del módulo de atención primaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, cuestionó la entereza de la mujer frente a los hechos y el por qué no estaba golpeada o maltratada, además de que la acusó de haber dejado a sus hijas para ir “a tener sexo con un hombre”, narra la Comisión.
El 11 de noviembre de 2014, la CNDH atrajo el caso iniciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por tratarse de un asunto relacionado con violencia hacia la mujer, e integró el expediente CNDH/4/2014/7281/Q, para investigar las probables violaciones a derechos humanos descritas por la víctima.
“Tras su investigación, la CNDH constató que las declaraciones de cinco agentes policiales no son coincidentes y en ellas existen contradicciones; ninguno de los agentes que participaron en la atención a la víctima elaboró ni remitió el parte informativo de lo que sucedió; no informaron a la víctima la importancia de preservar los elementos posibles de prueba ni actuaron con empatía hacia ella; y al momento de canalizarla al módulo del Ministerio Público no estuvieron alerta ante posibles tratos discriminatorios hacia ella”, dicta el comunicado.
