CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Pelaez, reveló que el diputado local priista y exalcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado pero no puede ser detenido “porque tiene fuero”.
El funcionario estatal atribuyó la pifia jurídica a “un error” de la juez de primera instancia que autorizó la orden de captura y el MP del fuero común que integró la acusación, porque debieron solicitar al Congreso local el juicio de procedencia para desaforar al legislador señalado como compadre del jefe del grupo criminal Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte.
Incluso, dijo que hasta el momento la FGE “no tiene elementos suficientes” para interponer la solicitud de desafuero, a pesar de que el MP del fuero común integró un expediente contra Beltrán Orozco y una juez de primera instancia radicada en Chilpancingo otorgó la orden de aprehensión solicitada por las autoridades ministeriales.
Lo anterior luego de que ayer por la noche en el noticiario estelar de Televisa se exhibió la orden de aprehensión fechada el lunes 9 de enero, donde el documento filtrado indica que el diputado local priista fue acusado por un expolicía municipal de ordenar la muerte de un trabajador del ayuntamiento cuando Beltrán Orozco se desempeñaba como alcalde del municipio de San Miguel Totolapan, en 2014.
En conferencia realizada esta mañana en la residencia oficial Casa Guerrero, el fiscal en la entidad dijo que la Policía Ministerial no puede detener al inculpado porque “el diputado local tiene fuero”.
También, informó que el legislador solicitó un amparo ante la justicia federal para dejar sin efectos la orden de aprehensión librada por un juez de primera instancia.
Por ello, dijo que la autoridad ministerial tiene que estudiar “muy bien el asunto” para solicitar el juicio de procedencia contra Beltrán Orozco ante el Congreso.
El fiscal consideró que en lugar de filtrar la orden de aprehensión a Televisa, los autoridades ministeriales y judicial debieron solicitar el juicio de desafuero; además, calificó el hecho como “un error”, ya que esta situación representa una violación al debido proceso que beneficia al diputado local priista inculpado.
