PUEBLA, Pue. (apro).- El Comité Ejecutivo Nacional del PRD denunció que el gobernador, Rafael Moreno Valle, mantiene retenidos recursos federales por unos 200 millones de pesos que fueron gestionados por legisladores a favor de ayuntamientos perredistas de esta entidad.
En un comunicado, señala que esta es una “embestida” que lleva a cabo el mandatario poblano contra ediles de extracción perredista que “no se someten a su voluntad”.
Cabe mencionar que este pronunciamiento perredista coincide con el enfrentamiento que ha generado el mandatario poblano al interior del PAN, su propio partido, luego de que el Congreso de Puebla inició un procedimiento de responsabilidades contra el exalcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el exsenador Juan José Rodríguez Prats solicitó la intervención de la dirigencia nacional para frenar al mandatario poblano.
A la vez, panistas militantes destacados han manifestado su respaldo al exedil poblano a través de las redes sociales en las que usan las etiquetas #GobiernoRepresor #Puebla.
En tanto, el PRD emitió un pronunciamiento acordado en su sesión plenaria el pasado 14 de diciembre.
“Resultado de un régimen autoritario promovido por Rafael Moreno Valle en el estado de Puebla, hoy, sus ciudadanos y los partidos políticos enfrentan duras condiciones de cooptación, amedrentamiento, clientelismo y demás prácticas autoritarias que violentan sus derechos humanos y políticos”, señala el CEN perredista.
Agrega que durante su gestión como gobernador “y en el afán de crear una hegemonía de su partido”, Moreno Valle ha actuado con ataques sistemáticos contra el PRD, con prácticas de infiltración de personajes a su servicio y contra el partido.
“Hoy lleva a cabo una embestida más, dirigida contra algunos de los presidentes municipales perredistas que no se someten a su voluntad”, indica.
Además, señala que el mandatario ha obligado incluso a las autoridades perredistas a desconocer a su propio partido y a sus legisladores.
“A la mayoría de los ediles de extracción perredista les ha iniciado procedimiento en razón de que el Congreso estatal, que controla el gobernador, no les aprobó las cuentas públicas; a otros ediles los ha amenazado con destituirlos y meterlos a la cárcel si no se pliegan a su voluntad”, agrega.
“Aunado a lo anterior, Moreno Valle está reteniendo de manera ilegal los recursos federales etiquetados para obra pública y social y en el caso de los recursos estatales, los excluye”.
En el texto, el CEN del PRD brinda su respaldo de las acciones jurídicas y políticas emprendidas por el Comité Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales afectados por la retención de alrededor de 200 millones de pesos gestionados por legisladores federales.
“Hacemos un llamado al gobernador para que cese ese tipo de conductas y permita la coexistencia pacífica y la vigencia plena de los derechos humanos en el estado de Puebla”, concluye el pronunciamiento.
No es la primera vez que los ediles perredistas denuncian este tipo de represiones de Moreno Valle. Durante los pasados comicios locales, acusaron al gobierno estatal de amenazarlos con no aprobar sus cuentas públicas si no se sumaban a la campaña del candidato panista a la gubernatura Antonio Gali Fayad.
También se quejaron de que los ediles que no se sometieron a esta exigencia fueron castigados, ya que el Congreso del Estado les rechazó sus cuentas públicas y los amenaza con procedimientos de responsabilidades en su contra.
PRI demanda legalidad
Por su parte, el CEN del PRI emitió un comunicado para reclamar que el proceso de destitución contra la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, se lleve a cabo apegado a la legalidad y no ponga en riesgo la “gobernabilidad” del municipio.
“Sin lugar a dudas, en el PRI somos los primeros garantes de la transparencia y la rendición de cuentas de todos los funcionarios que emanan de nuestras filas pero no toleraremos actos que perjudiquen a la sociedad poblana”, reclama.
Este jueves, el Congreso poblano inició un proceso de destitución contra la edil priista por supuestas irregularidades detectadas en su cuenta pública 2014 por un monto de 228 millones de pesos.
“Esperamos que el Poder Judicial de la Federación, instancia en la que confiamos plenamente, resuelva este caso conforme a derecho y apegado a las garantías constituciones de la Presidenta Municipal”, agrega, en referencia al juicio de amparo que emprendió la alcaldesa porque, supuestamente, no fue notificada del procedimiento iniciado contra su administración.
