CIUDAD DE MEXICO (apro-cimac).- Mientras el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llama a las mujeres a denunciar la violencia sexual en el transporte público, su Procuraduría local se niega a investigar al secretario general del sindicato de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) por presunto abuso sexual y hostigamiento contra una operaria.
La denuncia penal por abuso sexual que presentó ante la PGJDF desde el 31 de julio pasado la operaria Magdalena Sánchez Quintana, de 53 años, es en contra de Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del sindicato de RTP.
Según el testimonio de Magdalena Sánchez, desde 2012 el líder gremial la acosa sexualmente. Ese año, ella se convirtió en la primera mujer en ocupar la cartera de economía del sindicato.
No conforme con esa violencia, Bautista Martínez quiso presionar a la mujer para que le diera dinero de la caja de las y los trabajadores, pero ella se negó. Luego vino hostigamiento laboral y más acoso sexual contra la trabajadora, lo que derivó finalmente en un abuso sexual, relató.
La operaria, una de las 80 o 100 mujeres que integran la plantilla de 3 mil 250 personas que trabajan en la RTP, aseguró que por el contexto tan masculinizado que permea al gremio, para ella fue muy difícil romper el silencio, pero finalmente en 2015 –luego de más agresiones a su persona– interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Procuraduría (averiguación previa 6/13/443/1508), y mandó una copia a la Contraloría Interna de RTP y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Sin embargo, hasta ahora la Procuraduría sólo ha realizado un peritaje tras el que se determinó que ella no presenta afectaciones psicológicas, “pero que las podía presentar después”, y se le recomendó que recibiera atención especializada.
La mujer es atendida en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, de la PGJDF, pero luego del diagnóstico judicial la autoridad se negó a seguir investigando el caso y lo mandó a “reserva”, con el argumento de que no había afectaciones, y que el agresor lo había negado todo, dijo Sánchez Quintana.
Por su parte, la Contraloría Interna de RTP –que debería tener protocolos para la atención del acoso sexual y el hostigamiento– le dijo a la víctima que no tenía competencia en el caso, y la CDHDF emitió recomendaciones que fueron ignoradas por el presunto agresor.
Mientras, Magdalena Sánchez fue destituida de su cargo como secretaria de economía del sindicato, no recibe bonos por “buen trabajo” (porque antes tienen que ser firmados por el secretario general del gremio), y está por perder sus derechos sindicales, sin contar las implicaciones económicas y psicológicas que estos hechos le generan.
En 2015 algunos medios de comunicación informaron sobre otra trabajadora de RTP que acusó a Bautista Martínez de haberla acosado sexualmente, hecho que él negó y que no derivó en investigación judicial.
Este no es el primer caso en el que las autoridades capitalinas dejan de lado las exigencias de las mujeres que trabajan para las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México.
Al contrario, se suma el caso de varias mujeres bomberas de esta capital, que desde 2012 denunciaron al secretario general de su sindicato, Ismael Figueroa Flores, por hostigamiento en el trabajo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la CDHDF, pero las autoridades no han hecho más que ofrecerles una compensación económica y mantenerlas como “aviadoras” (recibir sueldo sin laborar) en lo que se resuelve su reinstalación.
Otro caso es el de 39 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, quienes fueron despedidas injustificadamente por una empresa que subcontrata sus servicios, pero que ni las autoridades ni la institución educativa han querido intervenir hasta ahora para solucionar su caso.
