Propone Corte fallo contra justicia del Edomex por favorecer a dueño de Aerolíneas Ejecutivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia del Estado de México está sometida a juicio en la SCJN por violar la Constitución Política en un caso en el que favoreció al dueño de la empresa líder en transporte ejecutivo en América Latina, Arturo Ortega Olive.

La Primera Sala de la SCJN discutirá el miércoles un proyecto en el que el ministro José Ramón Cossío propone otorgar un amparo “liso y llano” a la expareja del empresario, Adriana Albrecht Figueroa, quien acusó al empresario de haber abusado de su hija menor de edad.

El caso comenzó en 2010 cuando el presidente Enrique Peña Nieto aún era gobernador del Estado de México y Alfredo Castillo Cervantes, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM).

La denuncia de Albrecht fue desechada por la PGJEM y decretó el no ejercicio de acción penal en contra del poderoso empresario, dedicado al transporte de políticos y altos ejecutivos, además de ser el representante en México de Princess Yachts, fabricante británica de yates.

Dos años después, ya en el gobierno de Eruviel Ávila, la Procuraduría local dio entrada a una denuncia del empresario y solicitó una orden de aprehensión contra Albrecht, por supuesta manipulación de la menor para acusar a Ortega Olive.

Según declaró Albrecht a Apro, su expareja le advirtió que él sí podía meterla a la cárcel. La mujer está presa en el penal de Temascaltepec.

La mujer fue detenida en agosto de 2013 y condenada a 5.3 años de prisión por una juez de primera instancia con sede en Valle de Bravo. La pena fue confirmada por la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca.

De acuerdo con el ministro Cossío, la justicia mexiquense violó la Constitución al someter a la acusada al sistema de justicia penal inquisitorial, a pesar de que cuando se inició el proceso en su contra ya estaba en vigor en la entidad el sistema de justicia oral y adversarial.

En junio de 2008, se reformó el sistema de justicia penal en todo el país para dar paso a los juicios orales y dar más garantías a los acusados. El Congreso estatal decretó que el nuevo sistema estaría vigente en Valle de Bravo a partir del 1 de agosto de 2011.

La denuncia en contra de Albrecht fue posterior a esa fecha. Sin embargo, fue sometida al sistema penal anterior.

De acuerdo con el proyecto, esa aplicación “violó en perjuicio de la recurrente no sólo normas procesales, sino verdaderamente normas sustantivas”, con lo que se vulneró en su perjuicio los principios de inmediación y contradicción, el control judicial de la investigación y se permitió que la averiguación previa fuese tomada como prueba preconstituida en la etapa de juicio. Es decir, todo lo previsto en la reforma penal.

De aprobarse la propuesta de Cossío, Albrecht obtendría su libertad inmediata, aunque enfrenta otro juicio por la patria potestad de la menor, ahora de ocho años y que vive con el empresario.

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