CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El general Salvador Camacho Aguirre, quien en noviembre pasado salió de la Policía Federal (PF) en medio de las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por uso excesivo de la fuerza de la corporación, fue designado por la Secretaría de Gobernación como jefe de los penales federales.
En su nuevo encargo recibió de facto el aval de la propia CNDH, que ha investigado la participación de la PF en la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tanhuato, Michoacán, en 2015, y en los hechos violentos de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron ocho civiles y 122 resultaron heridos.
El pasado 16 de noviembre, Camacho Aguirre fue removido de la División de Fuerzas Federales de la PF “por instrucción” del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, según informó esta dependencia, sin revelar los motivos de su salida.
Dos meses y medio después, el 1 de febrero, Sales Heredia se volvió a encontrar públicamente con el militar que devino en policía, pero ya vestido de civil y con un nuevo cargo: coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) que, igual que la PF, depende de Sales Heredia.
A pesar de su falta de experiencia en el sistema penitenciario, Camacho Aguirre está a cargo de supervisar los operativos de ingreso de los internos a los penales federales, sus traslados, el tratamiento técnico progresivo y la seguridad interna y externa de los centros: las funciones operativas centrales de las cárceles de mediana y alta seguridad.
Ese día, Sales Heredia puso en marcha la Unidad de Derechos Humanos del OADPRS, a pesar de que el órgano encargado de las prisiones federales ya cuenta con la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, que es el enlace entre las autoridades penitenciarias, la CNDH y los familiares de los internos.
Fue un acto al que la CNS le quiso dar mucha importancia. Convocó a todos los directores y encargados de los centros federales de Readaptación Social (Ceferesos) del país, al titular del OADPRS, José Alberto Rodríguez Calderón, y a la Tercera Visitadora General de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja.
Por parte del órgano penitenciario también estuvo el titular de la nueva unidad, Jorge Gerardo Aguilar Montaño, y el propio general Salvador Camacho Aguirre, quien del Ejército pasó a la PF y ahora al OADPRS.
El excomisario que encabezó la División de Fuerzas Federales de la PF, donde se encargó de los operativos contra el narcotráfico, llegó así al cargo que al principio de la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación tuvo Celina Oseguera Parra, encarcelada en el Cefereso femenil de Tepic, Nayarit, por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano en julio de 2015.
La presencia de la tercera visitadora general de la CNDH llamó la atención porque era también la presentación pública del general Camacho como máximo responsable de los penales federales de mediana y máxima seguridad.
De acuerdo con Sales Heredia, la visitadora Villanueva Castilleja se entusiasmó con la creación de la Unidad de Derechos Humanos del OADPRS y le dio el carácter de “aliada estratégica” a la CNDH. Según personal penitenciario consultado por Proceso, ella promovió desde el sexenio anterior la idea de abrir oficinas de derechos humanos en cada penal.
La inmunidad del general
El pasado martes 21, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó a la Cámara de Diputados que elementos de las fuerzas estatales y de la PF sí portaban armamento durante el operativo del 19 de junio de 2016 para liberar la carretera federal en Nochixtlán, entonces tomada por maestros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La PF desplegó efectivos de la Gendarmería y de la División de Fuerzas Federales. Imágenes periodísticas mostraron a policías federales con armas de fuego y en posición de tiro (Proceso 2069 y 2070).
El ómbudsman González Pérez informó que en ese enfrentamiento hubo 190 heridos, de los cuales 122 fueron civiles y el resto policías, incluidos federales, quienes desde entonces no han recibido los bonos de operatividad.
El general Camacho también salió de la corporación bajo cuestionamientos por parte de personal de la División de Fuerzas Federales, por causas que van desde la retención de pagos por comisiones hasta protección a presuntos responsables de acoso sexual y laboral.
Cuando salió de la PF les comentó a sus allegados que sería reubicado. Y así fue, a pesar de que su destitución siguió a la de su jefe, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos, quien fue sustituido por el actual titular Manelich Castilla Craviotto.
Galindo Ceballos renunció pocos días después de que la CNDH diera a conocer, el 18 de agosto, su recomendación especial a la CNS a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la PF en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015.
Camacho Aguirre duró más que Galindo Ceballos, pero finalmente salió el 16 de noviembre pasado. Ese día, la CNS informó: “En atención a la instrucción del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, designó al comisario Carlos Alfonso Tornero Salinas como nuevo titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal”.
La CNS abundó sobre la trayectoria de Tornero Díaz, pero del general Salvador Camacho Aguirre no dijo nada de su salida.
La recomendación de la CNDH sobre las violaciones graves a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza en el Rancho del Sol, municipio de Tanhuato, le atribuyó a la PF la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de cuatro más, la tortura de dos personas detenidas, el trato cruel, inhumano y degradante de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos.
