Yufan Huang contribuyó con una investigación. Choe Sang-Hun contribuyó con información desde Seúl, Corea del Sur.
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BEIJING – Cinco jueces y jurisconsultos de todo el mundo presidieron una audiencia el otoño pasado en un elegante salón iluminado por candelabros en La Haya. Dispuestos ante ellos de un lado de la cámara había abogados por Filipinas, armados con computadoras portátiles y libretas.
Del otro lado había tres sillas vacias.
Durante más de tres años, China se ha negado a participar en los procedimientos de un tribunal internacional que considera un desafío a sus expansivos reclamos en el Mar de la China del Sur, argumentando que el panel no tiene jurisdicción alguna para fallar sobre la disputa con las Filipinas.
Pero, con la decisión programada para ser anunciada la semana entrante, todo parece indicar que Beijing se está poniendo nervioso. En una demostración de fuerza, lanzó una semana de ejercicios navales en el Mar de China Meridional el martes, cerca de las disputadas islas Paracelso donde el ejército chino ya instaló misiles tierra-aire.
Además, en meses recientes, ha montado una ardua campaña fuera del juzgado para replicar a las Filipinas y socavar el tribunal, enumerando a países que van desde Rusia hasta Togo para respaldar su reclamo a las aguas que incluyen vitales rutas de comercio y pudieran contener petróleo y otros recursos naturales.
La oleada de actividad es una señal de cuánto está en juego en lo que fue alguna vez un desconocido caso legal ante un desconocido panel de arbitraje. El resultado podría alterar la dinámica del conflicto del Mar de la China Meridional, llevándolo de una carrera por establecer predominio físico sobre las aguas hasta una conspicua prueba del respeto de Beijing al derecho internacional y las instituciones multilaterales.
China ha salido adelante en la carrera física, excavando arena para construir una isla tras otra por encima de las objeciones de sus vecinos y de Estados Unidos, así como equipando muchas islas con pistas de aviación y radar. Pero, si el tribunal falla a favor de las Filipinas con respecto a temas clave, eso pudiera poner al presidente de China, Xi Jinping, a la defensiva… o como algunos temen, arrinconarlo.
“Esto es una cuestión de importancia mayor que el Mar de China Meridional”, dijo Bilahari Kausikan, embajador plenipotenciario de Singapur, notando que China ha firmado la Convención sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas, que constituye la base de la queja filipina y las deliberaciones del tribunal.
“La importancia del tema consiste en saber si las reglas internacionales serán obedecidas”, dijo Kausikan. China, agregó, “no puede elegir cuáles reglas sigue o solo cumplir cuando sea conveniente”.
Viendo una oportunidad, la administración Obama ha lanzado su propia campaña diplomática, respaldando al tribunal y persuadiendo a aliados a que eleven la voz por “un orden en el mar fundamentado en reglas” y el uso del derecho internacional para resolver disputas territoriales.
Ni Washington ni Beijing prestaron mucha atención cuando el canciller filipino, Albert del Rosario, empezó el caso ante la Corte Permanente de Arbitraje en 2013, no mucho después de que China arrebatara el control de un atolón conocido como el grupo de Scarborough a las Filipinas.
El principal diplomático .del Departamento de Estado de EU para Asia Oriental, Daniel R. Russel, ha dicho que no estaba enterado del caso filipino en esa época. La dirigencia china descartó rápidamente al tribunal sin consulta extensiva con la cúpula de política exterior, destacaron varios académicos chinos.
La posición de Beijing no ha cambiado. Debido a que la soberanía de arrecifes, rocas e islas dispersas en el mar de la China meridional está en disputa, argumenta, el tribunal no puede fallar sobre reclamos en competencia sobre las aguas a su alrededor. La Convención sobre el Derecho del Mar no dice nada con respecto a la soberanía de tierra.
Sin embargo, las Filipinas ha tenido el cuidado de enmarcar su queja de una manera que evade la pregunta de quién tiene soberanía sobre las islas y arrecifes.
Por ejemplo, le ha pedido al tribunal que declare que nueve arrecifes y rocas específicas, incluyendo algunos que China ha construido hasta convertir en islas artificiales, son demasiado pequeños para ser usados con fines de afirmar derechos económicos sobre las aguas a su alrededor, sin consideración a quién las controle.
La Convención sobre el Derecho del Mar permite a una nación ejercer soberanía sobre aguas hasta 12 millas náuticas desde su costa, y otorga derechos económicos sobre aguas en la plataforma continental y hasta 200 millas náuticas desde su costa. Sin embargo, el tratado estipula que los arrecifes enteramente sumergidos en la marea alta e islas artificiales no pueden usarse para justificar algún derecho marítimo.
Oficiales filipinos le han pedido al tribunal que dictamine que China ha violado el tratado con la construcción de islas en aguas económicas de las Filipinas, interfiriendo con sus pescadores, poniendo en peligro sus barcos y dañando el ambiente marino.
La demanda más extensa de Filipinas es que el tribunal rechace el reclamo de China a la soberanía de aguas dentro de una “línea de nueve guiones” que rodea casi la totalidad del Mar de la China Meridional.
China busca justificar la línea de nueve rayas aduciendo lo que llama evidencia histórica, incluyendo mapas publicados en los años 40 y 50 que muestran los guiones. Sin embargo, nunca ha trazado una línea continua marcando claramente su reclamo, ni ha sido específico con respecto a los derechos que está afirmando en el área.
Sus detractores dicen que el gobierno chino renunció a cualquier reclamo especial al mar cuando firmó el tratado de Naciones Unidas en 1996, durante un periodo en el que buscó respetabilidad sobre el escenario mundial.
Ahora, Beijing pudiera creer que tiene suficiente influencia para hacer caso omiso del tratado. Ha catalogado a la corte de arbitraje de “tribunal que abusa de la ley” y considera que sus procedimientos son una “farsa”. Diplomáticos chinos han sugerido que el gobierno incluso pudiera renunciar al tratado.
“No lo vamos a aceptar ni lo reconoceremos”, dijo un portavoz de la cancillería, Lu Kang, sobre el fallo que se avecina.
Paul S. Reichler, el abogado de Washington retenido por las Filipinas como principal abogado en el caso, dijo que si China se negaba a aceptar el fallo del tribunal, otros países se formarían en su contra.
“La opción de China sería la de alcanzar un acuerdo, o amargar a sus vecinos y soportar un prolongado periodo de caos e inestabilidad en la región”, dijo.
Jane Perlez
© The New York Times 2016
