CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Secretaría de Gobierno en la entidad, Florencio Salazar Adame, afirmó que el sector transportista está infiltrado por el narcotráfico, pero evadió precisar las regiones donde operan los delincuentes o las organizaciones a las que pertenecen.
El pasado martes 15, durante su comparecencia ante diputados de la LXI legislatura local, el funcionario estatal señaló que la solución para frenar la expansión y confrontación de grupos de autodefensa es que se adhieran a la Policía Rural que administra el Ejército.
Destacó, además, que el sector transportista está infiltrado por el narco, presunción que –dijo– se basa en el hecho de que han detectado unidades de transporte público y placas clonadas, pero no señaló donde, y mucho menos si están haciendo algo para revertir esta situación que pone en riesgo a la sociedad.
–¿Dónde han detectado esta problemática y cuáles son las organizaciones de transportistas infiltradas por el narco? –cuestionó Apro.
–Obviamente la presunción la tenemos donde lamentablemente ha habido ejecuciones de choferes –respondió Salazar.
–¿Pero donde específicamente?
–Ustedes conocen dónde es. Ahí está registrado en los medios.
El diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, reprochó la falta de autocrítica del secretario de Gobierno, y exhortó a la sociedad a dejar la subcultura de protestar por todo.
“No a la subcultura de la protesta por la protesta, pero tampoco la subcultura de la simulación, la subcultura de la violación a la Ley y la subcultura de la tolerancia a la narcopolítica”, expresó el legislador al ser consultado sobre el tema.
Berdeja consideró que la pobreza, inseguridad y marginación “no es un destino manifiesto, ni fatalidad divina”, por lo que urgió al gobierno de Héctor Astudillo a enfocarse en transformar la realidad social, abatir la inseguridad y mejorar las condiciones estructurales.
“Se requieren acciones concretas. No al borrón y cuenta nueva porque esto solo abona a la impunidad, y la sociedad esta harta de la impunidad y los pactos entre políticos”, indicó.
Por ello, consideró necesario elaborar una nueva Ley de Seguridad Pública y regular a las guardias comunitarias desde la perspectiva de los usos y costumbres de los pueblos originarios, para evitar que sigan siendo grupos itinerantes que mantienen confrontaciones armadas para disputar plazas.
De igual manera, demandó concluir el proceso de certificación y depuración de las corporaciones policiacas en la entidad, ya que hasta el momento, apuntó, suman más de dos mil agentes estatales y municipales que reprobaron los exámenes de control y confianza, pero siguen realizando funciones de seguridad de manera irregular.
También planteó la necesidad de abrir el debate sobre la legalización de la amapola con fines medicinales, y sancionar de manera severa los delitos de extorsión, halconeo y trata de personas, así como impulsar el mando único en la entidad, dado que al menos 55 de los 81 municipios autorizaron este esquema ante la incapacidad gubernamental para revertir los efectos de la narcoviolencia.
El sector transportista de Guerrero está infiltrado por el narco, afirma Salazar Adame
