Todo seguirá igual en el INAH, propósito de Diego Prieto

CIUDAD DE MEXICO (proceso).- A 78 años de su fundación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se plantea nuevos retos, entre ellos fortalecer las políticas culturales del Estado, en un momento en el cual su director, Diego Prieto, define a la cultura como el espacio donde la nación y las comunidades adquieren identidad, cohesión, sentido, fortaleza simbólica, y en ámbitos de toda índole: lingüístico, ético, religioso, sexual.

Apenas en septiembre pasado, ante la inminente publicación del reglamento de la Secretaría de Cultura (SC), el antropólogo y jurista Bolfy Cottom advirtió sobre la pretensión de debilitar al instituto, mediante ese ordenamiento, en lugar de fortalecerlo (Proceso 2082): “Darle mayor presupuesto para hacer mucho más fuertes sus atribuciones, dotarlo del personal necesario”, así como no otorgarle a la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la SC las facultades y atribuciones que ya detentan por ley el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

- Publicidad-

Por lo cual, pidió incluso defender el futuro de la institución:

“Y cuando digo futuro del instituto es determinar qué papel juega la historia, la memoria histórica, en la dinámica cultural en este modelo de país, en este proyecto de nación del actual gobierno.”

Prieto, en cambio, no ve la necesidad de que el instituto redefina su papel ante la existencia de esta nueva secretaría, pues los dos institutos, INAH e INBA, se seguirán rigiendo por sus leyes orgánicas y “los ordenamientos que nos corresponde aplicar, en este caso la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

- Publicidad -

Ratificado por la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, como titular del INAH, luego de haber sido su director encargado desde agosto de 2016, antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias Políticas por la UNAM, exsecretario técnico del instituto y exdirector del Centro-INAH Querétaro, Prieto vislumbra –en todo caso– la posibilidad de plantear una nueva relación con la secretaría.

Colaborar en la construcción de su proyecto a nivel nacional, porque el instituto puede aportar su presencia en todo el país, a través de su red de 121 museos, centros regionales, 189 sitios arqueológicos abiertos al público, tareas intelectuales, culturales y sociales relacionadas con la protección legal, el cuidado y la conservación del patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico. Es una institución que “contribuyó a formar la idea de patria a lo largo del siglo XX”, dice en entrevista con Proceso:

- Publicidad -

“Esta red ya no puede pensarse sólo como una red para articular las tareas del INAH; genera la posibilidad de que la SC, además de sus relaciones con todas las instancias culturales de los estados, encuentre en estos espacios una forma de plantear una política cultural de accesibilidad y acercamiento de la oferta cultural a los distintos públicos, regiones y sectores del país.”

Añade como otro elemento las atribuciones jurídicas que la ley sobre monumentos otorga a los institutos INAH e INBA, porque en su opinión son una herramienta jurídica que los conectará con la secretaría y con la Ley de Cultura que la Cámara de Diputados está por concluir y presentar.

“Constituye la posibilidad de reformular una política cultural del Estado mexicano alineada claramente con los derechos plasmados en el artículo 4º de la Constitución Política, que plantea todo un tomo de accesibilidad, de disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, de diversidad cultural, de derecho a la libre expresión de las diferentes sensibilidades y grupos e identidades culturales.”

Desarrollo económico

Sin embargo, la Ley de Cultura podría ser sobre derechos culturales y no sólo para regular el acceso a bienes y servicios culturales, se le comenta a Prieto. Aunque como miembro del Consejo Redactor de la misma, Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, habló de hacer una ley no para el desarrollo de la cultura, sino para el desarrollo a partir de la cultura.

–Si se toma a la cultura como un factor de desarrollo económico, ¿se prevé algún cambio en las funciones sustantivas del INAH?

–No, yo creo que no. He revisado las distintas iniciativas y propuestas y no encuentro ninguna modificación fundamental de las funciones y competencias del instituto que están claramente plasmadas en su Ley Orgánica, de la cual sólo se modificó lo referente a nuestra pertenencia a la SC desde diciembre de 2015.

Espera en cambio que el ámbito jurídico de acción del instituto se fortalezca, dándole competencia para intervenir en los planes de desarrollo, “por lo que se refiere a los impactos culturales que puedan tener algunos proyectos de inversión”. No obstante, por ejemplo, investigadores y trabajadores del INAH han señalado el impacto negativo de la minería a cielo abierto en el patrimonio arqueológico del país.

Tras manifestar su agrado por el hecho de que la institución forme parte de la estructura de la SC, el funcionario destaca que el tema del desarrollo “siempre ha estado planteado” y el instituto trabaja en la conservación, protección, cuidado y difusión del patrimonio como elemento en la construcción de identidades, del sentido de comunidad y de sociabilidad, pero “no podemos dejar de reconocer que el instituto ha coadyuvado a alimentar una red de espacios patrimoniales que en mucho contribuyen al desarrollo de dinámicas socioeconómicas”.

A manera de ejemplo, dice que la economía del pueblo de Palenque, en Chiapas, gira en torno a la zona arqueológica del mismo nombre. Entonces añade que el año pasado 24 millones de personas visitaron una zona arqueológica o un museo del INAH (y de ellos, 19 millones fueron nacionales y 5 millones extranjeros). Esos 5 millones representan 14% de los turistas “con pernocte” que vinieron a México y “en números gruesos” dejaron una derrama económica de 2 mil 500 millones de dólares:

“El INAH no produjo eso, hay muchos factores que hicieron que los turistas vinieran, pero muchos llegan pensando en ver Chichén Itzá o el Museo Nacional de Antropología o Teotihuacán o Palenque o cualquiera de las maravillas mexicanas. Y ayudamos a eso, no es lo único ni lo principal que hacemos, pero ayudamos.”

Y en cambio, asegura, el INAH no le cuesta mucho al Estado, “cuesta 210 millones de dólares, pero no es un gasto, es una inversión provechosa para el país en todos sentidos, para eso no tuvimos que alterar en nada el régimen jurídico del patrimonio arqueológico o histórico, que está muy claro en la ley de monumentos: Es propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible e inembargable”.

Enfático, afirma que no estará de acuerdo en ninguna forma de comercialización o privatización del patrimonio, pero “de suyo crea dinámicas económicas buenas”, y el trabajo en zonas arqueológicas “genera mucha ocupación”. Habla entonces del Programa de Empleo Temporal, que operó entre 2007 y 2014 y “contribuyó al mejoramiento de la economía familiar”. Incluso, en algunos medios declaró que podría ser una alternativa para los mexicanos que sean deportados por Estados Unidos.

Tales declaraciones le acarrearon críticas, por considerar que no sorprenden en políticos demagogos, pero no estaban bien en un académico o funcionario cultural. El hecho coincidió con la denuncia de trabajadores del instituto de que a partir de este 2017, los empleados por contrato tendrán condiciones laborales más precarias; serán sólo “prestadores de servicios”, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán prestaciones. El recorte afectará también la realización de proyectos de investigación.

De otra parte, académicos del propio INAH han señalado los riesgos de considerar al patrimonio como fuente de inversión económica. Además de que las comunidades cercanas no son necesariamente las beneficiarias. Es el caso de los paradores turísticos en zonas arqueológicas de Yucatán que incluso tuvieron en 2010 un señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hay proyectos como el Gran Museo del Mundo Maya que, habiendo sido hecho con inversión privada (de Carlos Hank Rhon), exhibe piezas arqueológicas propiedad de la nación.