Baja California, fue sede de la Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario donde se analizó la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con esto se proyecta reducir los delitos que se cometen desde las cárceles mexicanas, entre ellos las llamadas de extorsión cometidas por personas dentro de las cárceles.
El Comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que con la intención de garantizar y respetar los derechos humanos de los internos en todas las prisiones del país, entre hoy y mañana todos los coordinadores estatales estarán trabajando en la homologación de los protocolos penitenciarios, de acuerdo a la reciente entrada de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la inauguración de la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el comisionado nacional de Seguridad resaltó que esta reunión es precisamente para ello, ya que el Comité de evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les hizo una recomendación sobre el proceso que se debe aplicar en las penitenciarías y de lo que se trata es que todo el país aplique los mismos protocolos a fin de garantizar una vida humana y con dignidad a los internos.
Sales Heredia agregó que anteriormente el sistema penitenciario estaba muy descuidado y carecía de principios, sobre todo del personal que labora en estos lugares, por lo tanto está nueva ley vendrá precisamente a renovar este sistema, lo que significará todo un reto tanto para el gobierno federal como para la entidades federativas.
Entre los distintos protocolos que se estarán homologando, detalló, serán en cuanto al uso de la fuerza, la protección civil, los traslados y la urgencia médica, todo ello enfocado en respetar los derechos de los internos, una homologación, agregó, con la cual pretenden también superar el centralismo autoritario que tanto daño le ha hecho al país.
Finalmente dijo que se trata pues de ahora, con esta nueva ley, tomar en cuenta a las entidades federativas para crear un eslabón fundamental en beneficio de la población carcelaria, puesto que los internos “también son personas y tienen derechos”, además para reconocer a todo el personal que brinda un servicio “fundamental” en estos lugares.
