NUEVA YORK ⎯ Hania Rosenberg nació en 1934 en Oswiecim, una ciudad industrial en la región de Galicia en el sur de Polonia. El campo de concentración y exterminio que los alemanes construyeron ahí después de su invasión de 1939, llamado Auschwitz-Birkenau, cobraría la vida de 1.1 millones de personas. Su padre importaba y exportaba paja, heno y carbón.
“Nadie era pobre, nadie era rico: todos llevábamos una vida promedio, como cualquier localidad pequeña”, recordó Rosenberg, de 82 años de edad. “Recuerdo nuestro patio, con perros, gallinas y gansos, donde teníamos una vaca, la cual mi padre compró cuando yo nací porque decía que debíamos tener nuestra propia leche. Era una niñez feliz”.
Su padre murió en uno de los campos, junto con la mayor parte de la comunidad judía de la ciudad. Rosenberg y su madre sobrevivieron a la guerra; ella se ocultó con una familia gentil, y su madre soportó los trabajos forzados en una planta de municiones. Posteriormente se trasladaron a Suecia.
Sus abuelos tenían una casa de tres pisos y una tienda de mercancías generales, tierras de labranza y dos parcelas ajardinadas en la cercana localidad de Ledziny. Durante la era comunista, la casa y la tienda fueron expropiadas. Un centro comercial y casas nuevas se ubican en lo que alguna vez fueron las tierras agrícolas. Pero dos terrenos ajardinados ⎯ que aún llevan el nombre de su abuelo ⎯ persisten, y Rosenberg está peleando por su propiedad, para poder darlos a la familia que la salvó.
“En Polonia, no existía un proceso oficial para esto: uno tiene que ir a los tribunales”, dijo en una entrevista telefónica desde Estocolmo. “Acudimos a los tribunales, pero fue como un carrusel: das y das y das vueltas. Tienes que presentar los documentos que necesitan, y luego no es suficiente. Siempre hay más documentos que necesitas presentar”.
Polonia es la única nación de la Unión Europea que no ha establecido procedimientos formales para resolver reclamaciones hechas por personas cuya propiedad fue confiscada durante el Holocausto, según un nuevo reporte del Instituto del Patrimonio Shoa Europeo, con sede en Praga.
El reporte, que tiene más de 1,200 páginas, se basó en tres años de investigaciones en 47 países que apoyaron una promesa de 2009, conocida como la Declaración de Terezin, para establecer un proceso de restitución para “propiedad inamovible” como tierras, casas y empresas.
Concluyó que Polonia había cumplido solo en parte con la obligación de regresar la propiedad judía comunal como sinagogas y cementerios.
El tema de la restitución es especialmente tenso para Polonia, que tenía la comunidad judía más grande de Europa antes de la guerra. Unos tres millones de judíos polacos fueron asesinados en el Holocausto, junto con al menos 1.9 millones de civiles polacos más.
El reporte dice que las víctimas del Holocausto en toda Europa ⎯ no solo los judíos, sino también los gitanos, homosexuales, discapacitados y otros ⎯ “tenían que recorrer un camino frecuentemente poco claro para recuperar su propiedad de manos de gobiernos y vecinos que no los protegieron y que, a menudo, fueron cómplices en su persecución”.
Añadió: “La ley no fue aliada de los sobrevivientes; con más frecuencia fue su enemigo, ofreciendo impunidad a los ladrones y a quienes poseían propiedades robadas”.
En Polonia, la injusticia se agravó porque nunca se promulgó una “amplia legislación de restitución de propiedad privada en la era posterior al comunismo”, según el reporte.
Aunque el tema es antiguo, ha sido complicado por el ascenso al poder en 2015 del derechista Partido Ley y Justicia. Funcionarios del partido reconocen la enormidad del Holocausto, pero enfatizan que Polonia fue víctima de la opresión alemana y soviética y que muchas minorías sufrieron; los debates sobre la remembranza han entorpecido proyectos como un nuevo museo de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad costera de Gdansk.
“¿Sobre qué base debería decidir Polonia que se compense a aquellos con ancestros judíos, mientras los bielorrusos, polacos, ucranianos o caraítas crimeos, o los tártaros o los alemanes ⎯ todos los que vivían aquí antes de la guerra ⎯ no debieran ser compensados?”, preguntó a sus simpatizantes Jaroslaw Kaczynski, el líder del partido gobernante, el año pasado. (Los caraítas y los tártaros son grupos minoritarios que hablan lenguas túrquicas.)
Preguntó: “¿Polonia puede dar marcha atrás al tiempo y compensar a todos los que sufrieron en esos trágicos acontecimientos? ¿Significa que se supone que los descendientes de los polacos pobres deben pagar a los descendientes de aquellos que eran ricos? A esto se reduce”.
También hay un pantano de temas legales. Polonia dice que no se le debe culpar por los crímenes de la Alemania nazi, y señala a un acuerdo de 1952 en el cual Alemania Occidental aceptó pagar a Israel reparaciones por delitos en tiempo de guerra. Los gobiernos de la era comunista también alcanzaron acuerdos con varios países, incluido Estados Unidos, para resolver las reclamaciones de propiedades de tiempo de guerra, dicen funcionarios polacos.
Marek Jan Chodakiewicz, un historiador que ha escrito sobre temas de restitución, dijo que el reporte se enfocada demasiado estrechamente en las víctimas judías. Aunque los judíos polacos “enfrentaron el terror extraordinario de la exterminación total”, dijo, los cristianos polacos “enfrentaron el terror común de la aniquilación parcial”.
El año pasado, el tribunal constitucional de Polonia sostuvo una ley de 2015 que limita significativamente los derechos de restitución de aquellos cuyas propiedades en Varsovia fueron confiscadas durante la guerra.
“La ley polaca trata a todos por igual”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Witold Waszczykowski, en Israel el año pasado. “Cualquier persona legal o natural, o su heredero, tiene derecho a recuperar la propiedad previa a la guerra confiscada ilegalmente por las autoridades alemanas nazis o soviéticas, o el régimen comunista posterior a la guerra”.
Sin embargo, Leslaw Piszewski, presidente del consejo de la Unión de Comunidades Religiosas Judías en Polonia, dice que las políticas actuales lo hacen demasiado difícil para los reclamantes; negándoles efectivamente la justicia al retrasarla.
“Las actitudes no han cambiado para nada”, dijo. “Los tribunales emiten decisiones negativas o prolongan el proceso al grado de que el reclamante renuncie al proceso”.
El nuevo reporte fue presentado en una conferencia en Bruselas organizada por sobrevivientes del Holocausto y grupos que los representan y auspiciada por el Parlamento Europeo.
Gideon Taylor, el presidente de operaciones de uno de los grupos, la Organización Mundial de Restitución Judía, dijo que esperaba que la conferencia fuera un “llamado unificador” antes de que se agotara el tiempo para los sobrevivientes, 72 años después del fin de la guerra.
“Tenemos una ventana de tiempo muy estrecha, mientras los sobrevivientes siguen vivos, para llevar a cabo algún tipo de justicia simbólica, algún tipo de reconocimiento de lo que ha sucedido”, dijo.
El tema no es solo simbólico sino también práctico, dijo Piszewski, cuyo grupo representa a nueve comunidades judías reconocidas oficialmente, con entre 10,000 y 20,000 miembros. (Las cifras precisas son difíciles de obtener.)
“La restitución es la única herramienta financiera para mantener a las comunidades judías así como al patrimonio judío, incluidos 1,200 cementerios”, dijo.
Rosenberg contó su historia en la conferencia, después de muchos titubeos. La familia que la salvó ha sido reconocida por Yad Vashem, el centro de remembranza del Holocausto en Jerusalén, por estar entre los Rectos de las Naciones, no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos. Una casa que poseía su padre en Oswiecim ha sido entregada a la familia.
“Quizá esta conferencia marque una diferencia”, dijo. “Realmente lo espero. Hemos estado tratando por nuestra cuenta durante 26 años. Dicen que quizá algo cambie en 20 años, pero ninguno de nosotros tiene 20 años para esperar”.
Nina Siegal
© 2017 New York Times News Service
