La síndico procuradora de Tijuana confirmó que dos escoltas del ex secretario de seguridad pública municipal José Luis López Medina fueron suspendidos provisionalmente bajo la acusación de una extorsión de $200000 y de confirmarse esta investigación podrían ser acreedores a de expulsión de la corporación.
La Sindicatura Municipal de la Alcaldía de Tijuana, se encuentra por concluir el proceso de sanción contra dos escoltas del ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, en el anterior Ayuntamiento, quienes fueron acusados de despojar de 200 mil pesos en efectivo a empleados de una casa de cambio.
La Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valverde, informó que se encontraron elementos suficientes para presumir que los ex escoltas incumplieron sus obligaciones legales, por lo que se inició en su contra un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
Los acusados, adscritos como policías municipales, al momento de ser denunciados estaban comisionados como escoltas del entonces encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), José Luis López Medina.
Con base en el expediente de queja Q/181/2016 remitido ante la Comisión del Servicio profesional de Carrera de la SSPM, se informó a la Sindicatura sobre el seguimiento a dicho procedimiento, por lo que se decretó la suspensión preventiva a ambos agentes desde el 9 de enero de 2017, expuso.
“Como lo ha reiterado en varias ocasiones el alcalde Juan Manuel Gastélum, como autoridad municipal y como tijuanenses estamos conscientes de que el proceder de los agentes preventivos debe ser en apoyo y no en perjuicio de los ciudadanos; aquí recibiremos cualquier queja o denuncia alusiva al mal proceder de un funcionario público y se investigarán los casos conforme a Derecho”, dijo Guzmán Valverde.
Sobre el expediente de queja Q/181/2016 iniciado el 4 de abril de 2016, indicó que personal del área de quejas adscrito a la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora del 21 Ayuntamiento, registró la declaración de empleados de una casa de cambio ubicada en la Calle Diez, delegación Zona Centro.
Los quejosos, conforme al acta de comparecencia, denunciaron que el 1 de abril de 2016, dos hombres que después fueron identificados como agentes en activo, mismos que tripulaban una unidad policiaca con estrobos, una camioneta blanca tipo patrulla, los detuvieron en la carretera a Playas de Rosarito.
Afirmaron que los policías les apuntaron con armas de fuego, los bajaron del auto, esposaron, interrogaron, amenazaron y despojaron de 200 mil pesos en efectivo; lo cual después se denunció como robo con violencia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, anexando copia del acta correspondiente al expediente de queja.
Testigos tomaron las características del vehículo y placas, y resultó pertenecer al Ayuntamiento de Tijuana, específicamente al Grupo de Fuerzas Especiales, afirmó Guzmán Valverde.
En la investigación, de las diligencias realizadas se desprende que hubo un probable incumplimiento de obligaciones y o requisitos de permanencia establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, por parte de los oficiales.
Por ello, agregó, la Dirección de Responsabilidades en coordinación con la Dirección de Asuntos Internos de esta Sindicatura giraron oficios a diversos departamentos de la SSPM, a Oficialía Mayor y otras instancias del gobierno municipal; hasta declarar agotada la etapa de instrucción y decretar formalmente la conclusión de la investigación administrativa del expediente Q/181/2016.
“En la indagatoria se revisaron la factura y tarjeta de circulación de la unidad con las placas denunciadas, el resguardo de vehículos, los informes de autoridad del Oficial Mayor, y de López Medina en su carácter de Encargado de Despacho de la SSPM del XXI Ayuntamiento, los formatos de movimiento de personal, nombramientos y memorándum de comisiones; y se demostró que ambos agentes tripulaban dicha unidad en la fecha y horas referidas en la queja”, señaló la Síndico.
Agregó que finalmente se determinó que existen elementos suficientes para presumir que incumplieron obligaciones previstas en el Artículo 133 fracciones I y XXVI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California; y en el Artículo 25 fracciones I y XXXI del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la SSPM.
Reiteró Guzmán Valverde que, vistas las actuaciones que integran la investigación administrativa Q/181/2016, los agentes presuntamente incumplieron los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; y sobre los señalamientos directos de los afectados de que se apoderaron de 200 mil pesos en efectivo, como se trata de una conducta presumiblemente delictuosa, del tema se ocupará el Ministerio Público del Fuero Común por ser de su competencia.
