CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva manifestación en la Ciudad de México, integrantes de la agrupación Taxistas Concesionados Organizados de la Ciudad de México (TCOM) bloquearon las principales avenidas de la metrópoli para exigir al gobierno de Miguel Ángel Mancera la prohibición del servicio de taxis a través de aplicaciones electrónicas como Uber y Cabify.
Los bloqueos se realizaron en vialidades como Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte, Poniente 112, Ignacio Zaragoza y la calzada de Tlalpan en la capital, así como la avenida Central y las vías Morelos y José López Portillo.
Los manifestantes acusaron que ese servicio es ilegal e inconstitucional y que han sido víctimas de “represión y hostigamiento en lugar de diálogo y concertación” por parte del gobierno de Mancera Espinosa.
Ignacio Rodríguez, vocero de los Taxistas aseguró: “Nos preocupa que por parte de nuestras autoridades se siga acrecentando este servicio de manera ilegal ya que nuestras leyes, desde la Constitución hasta una ley secundaria como lo es la Ley de Movilidad y nuestros reglamentos, señalan con toda contundencia y claridad que es necesario contar con concesiones o permisos para prestar el servicio de transporte”.
Aseguró que hace dos años la empresa Uber ofreció su servicio a un sector de la población con pago a través de tarjetas de crédito. No obstante, agregó que en junio pasado comenzaron a cobrar en efectivo, “con la tolerancia de los gobernantes mexicanos”.
Y se lanzó contra el gobierno capitalino: “Aquí en la Ciudad de México se ha fomentado la anarquía en el servicio, se ha permitido que estas empresas hagan lo que se les antoje, que suban tarifas, que creen nuevos servicios, etc., hay un ambiente de anarquía y de incumplimiento de nuestras reglas”.
Los inconformes dijeron que al mismo tiempo hubo manifestaciones en 28 estados del país pues la problemática es la misma.
Incluso, advirtieron que de no obtener respuesta positiva de las autoridades, buscarán llevar su demanda hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que un ministro haga la declaratoria de inconstitucionalidad.
