Debido a la forma tan apresurada en la que fue aprobada y a la falta de consenso entre la sociedad, los empresarios y académicos para su creación, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) exigió la abrogación de la Ley Estatal del Agua, así como la construcción de una nueva en cooperación entre la sociedad y gobierno.
Acompañado de los diputados Luis Moreno del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Núñez del Partido de Baja California (PBC), Marina del Pilar Ávila en representación de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) los diputados Alejandro Arregui, Marco Corona, Edgar Gómez, Bernardo Padilla y Blanca Ríos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Manuel Guevara Morales, el presidente de la Canacintra en Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete, encabezó una rueda de prensa en donde presentó las preocupaciones del sector empresarial en el tema.
Entre los temas que más preocupan a los industriales, Gallego Topete resaltó el incremento del 20% al servicio del agua, el Consejo de Administración formado en su mayoría por autoridades estatales, y, sobre todo, la manera tan rápida en que se aprobó dicha Ley.
“Eso es en lo que no estamos de acuerdo, la manera en que se aprobó la ley; tuvieron 10 días los diputados para aprobar esta ley, que obviamente no es lo suficiente para poder discutirla, entonces eso estamos solicitando, que se cancele la ley del agua y empecemos una ley nueva, donde todos participemos” enfatizó.
Por su parte, Guevara Morales, defendiendo la postura del ejecutivo estatal, aseguró que la renovación de la Ley del Agua era necesaria para Baja California, pues en esta se mencionan puntos relacionados con el reúso de la misma, así como la búsqueda de alternativas para mejorar el servicio y el saneamiento de las finanzas de los organismos del agua en el Estado.
Asimismo, el secretario aseguró que debido a que el Estado mantendrá el estricto control ante las empresas privadas que busquen la gestión del servicio del agua, no se puede hablar de una privatización, puesto que todo lo relacionado al servicio del agua seguirá a control del Consejo de Administración, con mayoría de autoridades estatales.
Estas declaraciones se encontraron con la negativa de los diputados reunidos en la sala, quienes aseguraron que el partido en el poder se aprovechó de su mayoría relativa dentro del Congreso del Estado, igualmente, reiteraron su intención de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, admitieron que todavía no se ha llegado a un consenso en ese tema, y que cada fuerza política se encuentra armando su propia iniciativa, lo cual podría retrasar la implementación del recurso, que debe hacerse antes de finalizar el mes de enero.
