CHILPANCINGO, Gro (proceso).- Mientras Guerrero vive una brutal ola de violencia e inseguridad, el gobierno de Héctor Astudillo Flores desplegó a numerosos policías estatales para resguardar el torneo deportivo llamado Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2017, que tuvo lugar del 27 de febrero al pasado sábado 4, en la Zona Diamante de Acapulco.
Los hechos más recientes sintetizan la situación de extrema violencia: un empresario fue secuestrado en Chilpancingo y cuatro días después lo encontraron muerto; y el reportero Cecilio Pineda Birto fue asesinado el jueves 2 poco después de que hubiera denunciado que el gobierno de Astudillo presuntamente brinda protección al sicario Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y al diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, de quien se dice que tiene vínculos con el narco y enfrenta una orden de aprehensión por homicidio, de la que se ha librado gracias al fuero.
Además, el lunes 6 hubo en la entidad 10 ejecuciones durante la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirmó que la incidencia delictiva en Acapulco ha disminuido 60%.
La realidad desmiente a Osorio Chong: la semana pasada se documentaron más de 30 asesinatos en diferentes puntos del estado. Destacan el de una joven de 15 años ejecutada en Acapulco, un niño de 13 acribillado en Chilpancingo, así como nueve desmembrados en la capital estatal y en Chilapa, lugar éste donde también calcinaron a seis personas en un vehículo.
Incluso, el sábado 4, el delegado del gobierno de Astudillo en la región de la Costa Grande, Julio César Vargas Calvo, fue privado de su libertad por un comando y hasta la fecha sigue desaparecido.
En julio pasado, Carlos Vargas –hermano de Julio César– fue muerto por el Ejército durante un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y militares en las inmediaciones de La Salitrera, municipio de José Azueta, donde un “presunto pistolero” perdió la vida y otros dos resultaron heridos, además de tres soldados, reportó la Defensa.
La familia Vargas forma parte del grupo político de Alejandro Bravo Abarca, jefe de la oficina de Astudillo, quien, según reportes oficiales, tiene nexos con el narcotráfico.
El sábado 4 Osorio Chong y Astudillo acudieron a la partida final del AMT –torneo organizado por el presidente del grupo Pegaso, Alejandro Burillo–, donde el estadunidense Sam Querrey se impuso al español Rafael Nadal. En la ceremonia de premiación, el público abucheó al mandatario estatal.
Guerrero sigue ocupando los primeros lugares del país en homicidios dolosos; Astudillo –quien ha expresado públicamente que en la entidad hay seguridad, porque los asesinados y desaparecidos “no son turistas ni personas famosas”–, se ha enfocado en la promoción del Tianguis Turístico, que se realizará del lunes 27 al jueves 30 en Acapulco.
Según documentos oficiales consultados por Proceso, además de patrocinar el AMT, el gobierno estatal desplegó un operativo en el cual participaron cuatro patrullas del Ejército y la Marina y más de 70 policías estatales y municipales a fin de garantizar la seguridad de los asistentes, quienes pagaron de 35 mil hasta 100 mil pesos por boleto.
Violencia imparable
El pasado 27 de febrero, integrantes del Frente Estatal de Familiares de Personas Desaparecidas protestaron frente a la residencia oficial Casa Guerrero, donde acusaron a Astudillo de ser incapaz de acabar con los homicidios, las desapariciones, los secuestros y las extorsiones.
Y a pocos kilómetros de la Zona Diamante de Acapulco, sede del AMT, en el poblado indígena de Zitlala ocurrió un hecho inédito el 28 de febrero: la ancestral pelea de Los Xochimilcas –se remonta a la época de la Conquista–, que se lleva a cabo en esta zona de población nahua cada martes de carnaval en la víspera del miércoles de ceniza, fue suspendida por la violencia desatada por los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rojos, que se disputan este corredor de heroína y mariguana.
Previamente, en Zitlala había sido ejecutado el director de Personal del ayuntamiento, Antonio Godinillo Yectli.
En tanto, habitantes de la comunidad de Tlaltempanapa se enfrentaron a tiros con miembros de una guardia comunitaria vinculada con el grupo delictivo Los Ardillos; la refriega dejó dos detenidos por el Ejército y una movilización masiva de las autodefensas para liberar a sus compañeros. Las autoridades cedieron para evitar un mayor conflicto.
El pasado 9 de febrero, la agencia Apro reveló que el gobierno de Astudillo delegó la vigilancia y seguridad del corredor que conecta Chilpancingo con los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Chilapa a esa guardia comunitaria vinculada con Los Ardillos, grupo criminal que, según reportes del gobierno estatal, es liderado por la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ese día funcionarios estatales y federales –reunidos con líderes del grupo armado– firmaron un compromiso con la guardia comunitaria de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo, para sacar al Ejército y a las corporaciones policiacas estatales y federales de la zona donde opera la banda. En esa reunión participaron el delegado federal Ramiro Ávila y el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Maldonado.
Cabe destacar que Astudillo ha calificado a este grupo de autodefensa como un grupo “de oscuros intereses” y el vocero del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, señaló que Los Ardillos operan en la antesala de Chilpancingo, donde actualmente disputan la plaza con dos bandas criminales más: Los Rojos y el Cártel de la Sierra.
El acuerdo firmado con las autodefensas viola el precepto que establece que la seguridad pública es una facultad constitucional que compete exclusivamente al gobierno en sus tres niveles; y el municipio de Chilpancingo no es considerado de mayoría indígena, por lo que no se aplican los usos y costumbres que ampara la ley 701 para el desarrollo de los pueblos originarios.
El gobierno estatal también delegó la función de Seguridad Pública del corredor de drogas que conecta la zona rural de Acapulco con el valle del Ocotito, región Centro, en el grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, también señalado por sus presuntos nexos con el narco.
Mientras que en los municipios de la zona norte y la región de Tierra Caliente también operan autodefensas vinculadas con la delincuencia organizada. En Teloloapan, Arcelia y San Miguel Totolapan las bandas de La Familia, Los Tequileros y Guerreros Unidos se disputan esta zona, donde no sólo trafican narcóticos sino que están presentes en las inversiones mineras que promueve el gobierno de Astudillo.
