CAMPECHE, Cam. (apro).- Aunque transcurrieron ya 18 años desde que exhibió el centro de espionaje político que el gobierno estatal, con el auspicio del federal, operaba ilegalmente desde 1994 en pleno centro de la ciudad, la senadora Layda Sansores no quita el dedo del renglón en su afán de llevar a juicio a los responsables.
Por ello, la legisladora se reunió hoy aquí con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Ignacio Navarro Rábago, para conocer el avance de las pesquisas, pues en noviembre de 2006 el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Mérida ordenó reabrir el expediente.
Este es el caso de espionaje gubernamental mejor documentado: Más de siete mil evidencias, entre ellas, pedidos de los equipos, facturas, permisos de importación, máquinas de intervención telefónica, así como cuentos de audios y transcripciones de conversaciones de opositores al régimen priista, instructivos, manuales, nóminas…
“Después de 18 años en este juicio ¡nos quieren mandar a la reserva!”, tronó Sansores, entrevista a las puertas de la delegación de la PGR, antes de encontrarse con el delegado.
“Vamos a alegar que hay todos los elementos para el ejercicio de la acción penal… ganamos el amparo en la Suprema Corte”, dijo y advirtió que si la PGR insiste en cubrir este espionaje recurrirá a organismos internacionales.
“Hemos insistido con mucha paciencia, amparo tras amparo, y los hemos ganado todos…”, añadió.
Al salir de la reunión, narró que el funcionario federal le informó que el caso “pasó a reserva porque no habido una gran actividad, pero hace mes y medio un juzgado (del gobierno) de Israel señaló que ya tiene el caso para citar al señor Samuel Weinberg, él no tiene culpa, era su negocio y siempre lo aceptó”.
Weiberg es el empresario israelí que vendió los equipos al gobierno.
“Él estaba dispuesto a declarar, nunca se negó, pero eso esperaron (el gobierno mexicano) a que se fuera a Israel para mandar a buscarlo, como a (Javier) Duarte”, ironizó.
No obstante, Sansores aseguró que ella y sus abogados encargados de darle seguimiento al caso, “intentaremos presionar por la vía diplomática en Relaciones Exteriores”.
Y añadió: “estamos esperando las declaraciones de Weinberg porque sin ellas no podemos saber hasta dónde estaba implicado Salomón, por eso es importante lo que él diga”.
Según dijo, “le hicimos ver que ese es un tema que no sólo nos lastimó a nosotros, sino a la sociedad campechana; nunca habíamos visto agresiones tan fuertes…”.
El centro de espionaje
De acuerdo con la documentación ahí hallada, el sitio fue equipado y comenzó a operar en 1994, durante el sexenio de Jorge Salomón Azar García –quien, por cierto, el pasado 22 de noviembre fue designado delegado del CEN del PRI en Tabasco–, pero fue sostenido por su sucesor González Curi.
El centro de espionaje estaba ubicado en un predio de la calle 65, en pleno centro de la ciudad, a dos calles del Palacio de Gobierno.
Sansores, quien en 1997 disputó la gubernatura como candidata externa del PRD en un histórico proceso en el que hasta ahora se asegura que el priista González Curi le arrebató el triunfo por la vía del fraude, encabezó un movimiento de resistencia civil que se prolongó ocho meses.
Como colofón de esa protesta, Sansores y decenas de sus seguidores irrumpieron una noche de marzo de 1998, la víspera de una visita presidencial de Ernesto Zedillo, en ese centro de espionaje en el que sorprendieron en flagrancia a tres de los espías, los encargados de su operación.
Ellos fueron identificados como Valente Quintana González, José Antonio Ayala del Río y Dante Omaña Díaz. Según documentos recogidos en el lugar, los tres fueron adiestrados por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo manual de espionaje también fue encontrado ahí.
Los tres fueron entregados a la autoridad, pero al cabo de varios días de arraigo domiciliario, se les dejó en libertad.
A pesar de que Layda Sansores entregó más de siete mil pruebas, entre éstas, los documentos de compra e importación de los equipos a una empresa israelí, las nóminas del personal, cheques emitidos por la Secretaría de Finanzas, así como grabaciones de conversaciones telefónicas con sus respectivas transcripciones, un juez determinó el no ejercicio de la acción penal.
También fueron ignoradas las demandas de juicio político contra Azar García y González Curi en el Congreso de la Unión.
No obstante, el 22 de noviembre de 2006, el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Mérida, que presidía el magistrado Pablo Jesús Hernández Moreno, ordenó a la PGR reabrir el caso y desahogar todas las pruebas pendientes.
