Un grupo de discapacitados bolivianos que durante tres meses demandó una mejora al subsidio mensual que recibe suspendió este sábado su protesta y decidió marcharse de La Paz sin cumplir su objetivo, pero con la decisión de insistir en el reclamo.
“No nos vamos por cobardes, la lucha sigue adelante. Nos vamos orgullosos, para volver nuevamente a pedir lo que nos corresponde”, dijo a la prensa Rossmeri Huarita, dirigente del colectivo, mientras se levantaban las improvisadas carpas donde pernoctaron tras su arribo a La Paz, a fines abril.
Los minusválidos se habían instalado en las inmediaciones de la Plaza de Armas, donde están el Palacio de Gobierno y el Congreso, por lo que las autoridades cercaron los accesos con mallas metálicas y reforzaron la seguridad con centenares de policías.
Desde un principio, las autoridades rechazaron la posibilidad de mejorar la renta mensual argumentando su elevado costo y ofrecieron a cambio acuerdos aislados a distintos grupos con beneficios en salud, educación y en el área laboral.
Antes de marcharse, los líderes de la movilización presentaron una propuesta de ley que contempla un beneficio económico para las personas con discapacidad.
“Se otorga un plazo prudencial hasta el 27 de enero de 2017. Caso contrario, las movilizaciones van a ser retomadas a nivel nacional”, comentó Eduardo Fuentes, otro vocero del sector.
Previo a su arribo a la sede de gobierno, los discapacitados, acompañados por familiares y amigos, habían marchado durante más de un mes por la carretera de 400 kilómetros que une Cochabamba, en el centro del país, con La Paz.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en Bolivia existen unas 388.000 personas con algún tipo de dificultad permanente, aunque no todas reciben el bono mensual que asigna el Estado.
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