Independientemente de los conflictos legales que se suscitaron por presuntas irregularidades en la licitación de la elaboración del Plan Hídrico para el estado de Baja California, es importante que la sociedad sea informada cuáles son los alcances que tendrá el estudio, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la industria de Transformación.
Jorge Cortés Ríos, por cierto, empresario del ramo hidráulico, dijo que es preocupante que la información de un estudio al respecto haya trascendido debido a un conflicto entre las empresas licitantes y el gobierno y no por iniciativa de éste último de transparentar las acciones para resolver el problema de abasto de agua para el estado y para Ensenada en particular.
El dirigente recordó que en febrero de 2013 empresarios y funcionarios públicos del Gobierno del Estado relacionados con la administración del agua viajaron a Israel para entrevistarse con directivos de Mekorot, la compañía de aguas de aquel país, y éstos a su vez enviaron técnicos a Baja California para realizar un estudio acerca de la captación de agua de lluvia y otras alternativas que costó 550 mil pesos inicialmente.
Un estudio más amplio y completo enfocado al problema en Ensenada costaría 165 mil dólares que serían pagados por la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Desarrollo Económico, situación de la que no se volvió a saber, recordó Cortes Ríos.
Ahora se sabe, señaló, que un nuevo estudio para todo el estado costaría 47 millones de pesos “que no podemos asegurar si es mucho o poco”, pero que se da en condiciones de opacidad e inconformidad por una de las empresas perdedoras que se quejó ante la Secretaría de la Función Pública.
Pero esto es desde septiembre de 2015, y se necesita saber las fechas, ya que estos estudios urgen ya, y no dentro de algunos años más, además hay un hermetismo respecto a todo el tema porque no se sabe dónde quedaron los 47 millones, ni los nombres de todas las empresas involucradas.
“Esperamos no les pase lo que lo que ocurrió con la planta de tratamiento de agua “Casa Pinta”, entre 1996 y 1997, cuando le fue adjudicada la obra a la empresa Tecodesa, durante la administración de Marco Antonio Carrillo Robles y se luego canceló y al final costó 180 millones de pesos por penalidades ganadas en litigios”, apuntó Cortés Ríos.
Independiente de todo lo anterior, sostuvo que el Plan Hídrico debe tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía y de los grupos organizados ya que hay alternativas inaceptables como traer aguas grises de Tijuana a más de 70 kilómetros para infiltrarlas en el Valle de Guadalupe, cuando no se aprovechan las aguas grises de las Plantas de El Naranjo y El Sauzal que están a 40, 30, o menos kilómetros del Valle de Guadalupe.
Reusar el agua de Ensenada también resulta más barato ya que transportarlas a las zonas de confinamiento e infiltración requiere de menos energía eléctrica que hacerlo desde Tijuana, aseguró el dirigente.
La propuesta de la Canacintra, manifestó, es que las aguas grises de Ensenada que tienen mejor calidad y previo tratamiento secundario, se lleven aguas arriba a la zona de Ojos Negros y desde ahí se sometan a un proceso de decantación e infiltración para que por métodos naturales se terminen de purificar y repongan los mantos freáticos.
“Esas aguas pueden quedarse en Ojos Negros, mandarlas a la zona de San Carlos o Maneadero o canalizarlas al Valle de Guadalupe”, indicó.
Cortés Ríos recordó que en El Naranjo aún se tiran al mar más de 400 litros por segundo (lps) y se aprovechan alrededor de 100 lps para cultivos de forrajes en Maneadero con lo que se benefician más de cien de hectáreas y se generan alrededor de mil empleos gracias a un convenio del Gobierno del Estado con ejidatarios.
La cantidad de aguas tratadas tenderá a incrementarse con la puesta en operación de la desalinizadora en abril de 2017, por lo que es necesario que en el Plan Hídrico se contemple de manera muy importante el reúso de las aguas residuales y una verdadera campaña de cultura en el uso del vital líquido.
El presidente de Canacintra urgió al Gobierno del Estado a considerar todas las opiniones y estudios realizados previamente sobre las necesidades y alternativas de agua para el estado, particularmente para Ensenada en donde se ha generado mucha información a través de diversas instituciones.
