Una víctima adolescente de violación en El Salvador ha sido sentenciada a 30 años de prisión por asesinato después de que el niño que parió naciese sin vida, el último de una larga serie de fallos en contra de mujeres embarazadas en el país centroamericano.
Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años, perteneciente a una pequeña comunidad rural de Cuscatlán, al este de El Salvador, fue condenada por el hecho de que no buscar asistencia prenatal equivalía a asesinato.
Hernández, una estudiante de secundaria, dio a luz en el inodoro en abril de 2016 después de sufrir dolor agudo de espalda y estómago.
Hernández, que tenía 18 años, estaba en su tercer trimestre, pero no se había dado cuenta de que estaba embarazada. Había sido violada repetidamente por un pandillero durante varios meses como parte de una relación sexual forzada.
Los expertos médicos no pudieron determinar si el feto murió en el útero o en los momentos posteriores al parto.
La jueza aceptó las acusaciones del fiscal de que Hernández no buscó atención prenatal porque no quería al bebé y lo arrojó al baño con la intención de matarlo.
En sentencia, la juez fue más allá y sugirió que Hernández no podría haber actuado sola y que su madre también puede ser criminalmente responsable.
Según Morena Herrera, directora ejecutiva del Grupo de Ciudadanos por la Despenalización del Aborto, el veredicto se basó en los prejuicios del fiscal y del juez.
“La sentencia condenatoria de Evelyn a 30 años de prisión muestra cómo en El Salvador se aplica la justicia sin pruebas directas, sin evidencia suficiente que aclare lo que una mujer ha hecho”, dijo Herrera.
El Salvador, uno de los cinco países donde el aborto es ilegal en todas las circunstancias, ha encarcelado decenas de mujeres jóvenes, principalmente pobres, por asesinato después de sufrir complicaciones obstétricas.
El aborto fue criminalizado en El Salvador hace 20 años, después de que legisladores de todo el espectro político votaron por despojar a las mujeres de sus derechos reproductivos sin ningún debate público ni consulta médica sobre las consecuencias. La reforma de 1997 fue aprobada después de una sombría campaña por un pequeño grupo de poderosos grupos anti-elección vinculados a la iglesia católica.
Se había expresado la esperanza de que la prohibición se flexibilizaría en medio de una oleada de apoyo público y médico para un proyecto de ley parlamentario que propone permitir el aborto en casos de violación o trata de personas; Cuando el feto es inviable; O para proteger la salud o la vida de la mujer embarazada.
Pero cuatro meses después de las audiencias parlamentarias terminó, el proyecto de ley sigue en manos del comité legislativo. Los nueve diputados multipartidistas todavía tienen que decidir si el proyecto de ley debe ser enviado a la asamblea legislativa para una votación.
Con información de The Guardian
