CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Héctor Astudillo Flores aseguró que ante la violencia desatada en la entidad, su gobierno ha hecho “todo lo posible” para disminuir la incidencia delictiva que “daña la imagen turística” de Guerrero.
No obstante, destacó que los hechos de los últims días “no han afectado ni disminuido la afluencia en la ruta turística”, y anunció un proyecto de limpieza de la autopista del Sol en vísperas de que se inaugure la Convención Nacional Bancaria y el Tianguis turístico en el puerto de Acapulco.
Astudillo hizo esas declaraciones durante un acto oficial realizado en esta capital, donde “de manera simbólica” entregó uniformes, equipo, armas y cartuchos a la Policía Preventiva Estatal (PPE) con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, precisó que se entregaron nueve mil 602 uniformes, 400 chalecos balísticos, 16 patrullas, 40 moto-patrullas, 371 fusiles de asalto calibre 5.56, 92 pistolas calibre 9 milímetros y 76 mil 850 cartuchos calibre 7.62.
Según Astudillo, la inversión representa 16 millones de pesos del ejercicio fiscal del año pasado.
Sin embargo, omitió señalar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer un informe en el que advierte “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos en 2014, último año de gestión del exgobernador Ángel Aguirre Rivero; 2015, con Rogelio Ortega como gobernador interino, y a partir de octubre de 2016.
Tras la revisión, la ASF detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del estado (FGE), entre otras irregularidades.
De acuerdo con el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.
La ASF concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
El análisis fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, mediante el oficio A1/332/2015, fechado el 27 de noviembre de 2015, para investigar y sancionar a los responsables.
En la revisión de las partidas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y seguridad”, la ASF constató que el gobierno de Guerrero pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por “armas, municiones y cargadores”, mediante dos entregas: una por un millón 868 mil 400 pesos y otra por nueve millones 820 mil 900.
Según la ASF, el estado recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto de ocho millones 911 mil pesos, lo que “impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”.
Incluso clasificó como “reservada durante los próximos cinco años” la información sobre el caso de la venta irregular de armas que involucra al Ejército y el gobierno de Guerrero, donde fueron desviados recursos del FASP.
El órgano fiscalizador determinó que la información que solicitó Proceso sobre este hecho –vía transparencia– “contiene datos que comprometen la seguridad nacional y pertenece a una observación en proceso deliberativo y su difusión afectaría el debido proceso”.
Sobre este caso, que advierte presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, el gobernador Astudillo hizo mutis y no explicó si las armas que proporcionó este viernes forman parte del lote de fusiles que no entregó el Ejército, como lo exhibió el informe de la Auditoría.
