CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Testis unus, testis nullus” estableció hace siglos el derecho romano. Un testigo único es un testigo inválido. Sobre todo si no hay un solo elemento adicional de prueba que corrobore una acusación, que la convierta en categórica y convincente; y también si no existe otra imputación formal de alguien más contra el mismo acusado.
Pablo Solórzano Castro fue detenido el 12 de mayo de 2012 por los mismos agentes federales que en octubre de 2010 intentaron extorsionarlo exigiéndole medio millón de pesos con tal de no involucrarlo en uno de los casos más dramáticos del país, el del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí Haik.
El camino escogido para hacer encajar a Pablo en el esquema de la llamada Banda de la Flor y en la de Los Petriciolet fue tan sencillo como perverso: bastó conseguir una foto suya, en blanco y negro, en la Plataforma México y llevársela a uno de los testigos acusadores más prolíficos engendrados por García Luna Productions, un igualmente acusado por el caso Martí, Noé Robles Hernández, apodado El Chimuelo. Esto ocurría el 11 de diciembre de 2010, dentro del penal de entonces alta seguridad del Altiplano.
Para entonces, Noé había rendido 12 declaraciones ministeriales, en ninguna de las cuales había mencionado jamás siquiera el nombre de Pablo Solórzano Castro (rendidas ante la autoridad en julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2009; marzo, abril y septiembre de 2010).
Pero a partir de entonces Noé fantaseó, como lo hizo en unos 80 casos en los que intervino como testigo acusador protegido por el gobierno. Dijo que a Pablo le apodaban El Gallo e hizo un retrato hablado que para nada correspondía al de la foto que inútilmente trataron policías y un agente del Ministerio Público federales que memorizara.
Con ese acusador y testigo único, a Pablo se le sentenció a 452 años ocho meses y 25 días. Bastó con atribuirle de palabra haber sido parte del retén que aparentaba ser de la Agencia Federal de Investigación y que obligó a parar al auto blindado en que el joven Martí, con chofer y escolta, viajaba la mañana del 4 de junio de 2008.
Luego de tortuosas negociaciones con los plagiarios, el empresario Alejandro Martí mandó más de 5 millones de pesos a los secuestradores de su hijo, que aceptaron el trato y ofrecieron liberarlo. El cuerpo del joven apareció muerto a balazos en la cajuela de un automóvil Corsa placas 130-SUJ, en la delegación Coyoacán el 1 de agosto siguiente, 53 días después de haber sido secuestrado.
Mensaje fantasma
El testimonio único del testigo singular Noé Robles Hernández (también se hacía llamar Noé Abraham Soto García) le atribuye a Pablo Solórzano haber estado en el retén falso y se le acusó de haber escrito a mano un mensaje en una cartulina que estaba junto al cadáver: “por no pagar, atentamente la familia” (sic). Al parecer unos integrantes del grupo de secuestradores robaron el dinero o parte del rescate.
Pero la cartulina, si realmente existió, ya ni siquiera aparece en el expediente, por lo cual es imposible hacer las pruebas de caligrafía que han exigido la defensa, los padres y la hermana del detenido. En más de cuatro años y medio la autoridad no le entregó a Pablo resultados de un supuesto examen grafológico para comparar sus trazos con los del cartón fantasma.
Pese a no haber pruebas “ni circunstancias de tiempo, modo y lugar de mi supuesta participación” (en el secuestro del joven Martí), “me inventan un alias y me sentencian, sin existir algún otro vínculo como podrían ser dinero, armas u otro tipo de evidencias”, dice Pablo en sus alegatos.
Solórzano Castro declara ser absolutamente inocente de haber tenido el mínimo contacto con secuestradores y menos participar en el caso Martí. Cuando fue detenido en Coacalco, Estado de México, sus captores tardaron 15 horas en entregarlo al Ministerio Público. Durante ese tiempo lo torturaron para que se declarara culpable. Como abogado, Solórzano sabía que sus dichos ante agentes policiales no eran válidos, menos bajo tormentos y amenazas a su familia, por lo que “confesaba” para evitar que lo siguieran torturando.
Lo hicieron firmar declaraciones autoinculpatorias que ya llevaban en un escrito. Fue tal la presión, que seis días después de su detención intentó suicidarse, como consta en el expediente. La psicóloga Marisela Campos Velázquez lo examinó, de acuerdo con parámetros del Protocolo de Estambul, y encontró vestigios de la tortura, entre ellos un agudo estrés postraumático.
Con las acusaciones del testigo único, la juez primera de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México, Nadia Villanueva Vázquez, sentenció a Pablo a la pena desproporcionada e insólita de 452 años ocho meses y 25 días por su presunta y difusa participación en el secuestro del joven Martí, por delincuencia organizada y posesión de cartuchos.
Proceso tiene 89 páginas tamaño oficio, a renglón cerrado, de los alegatos del encarcelado, quien es su propio defensor, pues cursó la carrera de derecho, y la del abogado de oficio Luis Monroy Moreno, en las cuales se expresan los agravios, las irregularidades del caso, y se solicita revocar la brutal sentencia para que se le sustituya por una absolutoria, pues la juez desechó todas las pruebas de descargo aportadas por Pablo, no tomó en cuenta que fue torturado y no aporta un solo elemento más allá del dedo señalador de Noé Robles Hernández.
El 25 de mayo de 2016, la magistrada Angélica Marina Pérez, del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, decidió revocar la obviamente exagerada sentencia en un caso que exhibe demasiadas dudas razonables. Con ello, Pablo Solórzano puede seguir aportando pruebas de su inocencia, porque la descomunal pena simplemente no tiene vigencia y el proceso continúa.
Acusador confeso
Noé le hizo llegar a Pablo Solórzano un manuscrito que comienza diciendo (se respeta ortografía y sintaxis original):
“Llegaste al Cefereso y te conocí entendí que hice muy mal pero fui obligado, pero te repito sé que me entiendes porque a ti te tocó conocer y padecer de los tratos de José Manuel Rojas Cruz, estoy seguro que saves bien como actuan no solo el sino todos aquellos que están fabricando esta historia desde aquellos ahora ex policias federales, pasando por Luis Cárdenas Palomino y todos los Ministerios Públicos…”
En octubre de 2010 el empresario Alejandro Martí, presidente de la asociación México SOS, hizo publicar las fotografías de participantes en el plagio de su hijo. Había 17 personas sujetas a proceso penal, pero seguían prófugos varios presuntos participantes en el secuestro, cautiverio y muerte de Fernando.
Aparecen en las fotos los exagentes judiciales del Distrito Federal Óscar Morales Alvarado, El Alvin o El Chiquito; Raúl Jaime Santamaría Méndez, El Santa o El Pacholín; el expolicía federal José Martín Jiménez Martínez, El Porro o Vitorio; y Luis Manuel Castillo Rentería, La Botarga o Brazos Cortos.
Por su parte, la PGR ofreció recompensas por 15 millones de pesos para la captura de estos individuos prófugos, entre los cuales no aparecía Pablo Solórzano Castro. Y, por supuesto, tampoco entre los detenidos, pues fue capturado en mayo de 2012, curiosamente por agentes federales que manejaban pormenores del caso Martí y a los que les fue sencillo involucrar a Solórzano, aunque no lograron aportar datos duros para probar su participación.
