CARACAS — Los soldados irrumpieron en la casa de Rafael González cuando estaban su madre y su novia. Tanto a él, como a otros detenidos esa noche, le aseguraron que sería un interrogatorio rutinario y los trasladaron a un oscuro cuartel militar.
Lo que sucedió fue cualquier cosa menos normal, recordó González.
Dijo que lo desnudaron, lo patearon y lo golpearon con la culata de un rifle. Los soldados lo colgaron al techo de los brazos con una cuerda para que dijera si pertenecía a una de las pandillas que aterrorizaban con robos y secuestros a su vecindario, ubicado en la zona rural de Barlovento, en el estado Miranda.
“Ellos me dijeron: ‘Vamos a jugar un juego, Rafaelito. Se llama electrocución”, contó González, que tiene 17 años. “Me golpearon en el abdomen, el cuello, el pene, el trasero, la espalda y las manos… en todas partes. Sentí que mis tímpanos iban a explotar”.
González cuenta que fue liberado el 21 de octubre, cinco días después de ser arrestado, herido y aterrorizado.
Pronto se percató de que era uno de los afortunados. Semanas después fueron encontrados los cadáveres de otros 13 detenidos en incursiones similares cuyos restos, en su mayoría, estaban en una fosa común. Según las autoridades, muchos fueron torturados.
“Imagínate cómo me sentí como madre”, dijo Petra Pérez, cuyo hijo de 18 años, Anthony Vargas, fue encontrado muerto. Su cuerpo estaba parcialmente descompuesto. “Tenía la esperanza de que mi hijo estuviera vivo, de que mi hijo no estuviera en ese lote”.
Los asesinatos de Barlovento, que las autoridades han condenado como una masacre de inocentes, muestran que uno de los culpables de la creciente violencia del país son sus propias fuerzas de seguridad.
Durante mucho tiempo, Venezuela ha sufrido una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Pero la crisis económica de la nación lo ha sacudido todo, desde sus hospitales hasta su suministro de alimentos, profundizando la miseria y la criminalidad.
Los asesinatos han aumentado a 28.479 este año, el mayor número registrado en el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo independiente que registra esa problemática.
Las pandillas armadas han establecido un duro control sobre los barrios, con muchos venezolanos que recurren a la delincuencia a medida que la inflación afecta sus salarios y los trabajos escasean.
Algunos de estos grupos armados fueron parte del apoyo gubernamental en los barrios. Reciben el nombre de “colectivos” y comenzaron como grupos comunitarios que eventualmente fueron armados por miembros del movimiento político del presidente Hugo Chávez, lo que permitió su ascenso como militantes defensores del gobierno.
Pero después de que Chávez murió y comenzó la debacle de la economía venezolana, algunos de sus defensores en la calle se fueron volcando hacia el crimen, separándose del gobierno e integrando una constelación de grupos armados que secuestran, roban y matan.
En un intento por restaurar el orden, el gobierno ha recurrido a la institución en la que más confía: los militares. En todo el país, los efectivos de las fuerzas armadas se han convertido en quienes resguardan el orden y realizan incursiones estilo comando que a veces toman el perfil de guerra urbana.
“Se ha vuelto más militarista y represivo”, dijo Margarita López Maya, experta en Ciencias Políticas, “Cualquiera puede ser capturado”. López dijo que a menudo las víctimas de las represiones eran los pobres que más necesitan la protección del Estado.
Para esta experta la violencia es un reflejo del severo declive de Venezuela. “Estamos en el camino hacia un estado fallido”, dijo. “Llegará un punto en el que nadie tendrá el control”.
Tarek William Saab, el defensor del pueblo que investiga el caso de Barlovento, dijo que las víctimas eran hombres y mujeres inocentes que fueron sometidos a “los más desgraciados casos de crueldad y denigrantes torturas inhumanas”.
Las autoridades han dicho que 18 efectivos militares, entre ellos un teniente coronel y un capitán, fueron detenidos por su vinculación con los asesinatos. Según Saab, todos serán juzgados en los tribunales venezolanos pero también argumentó que esa masacre no forma parte de un patrón más amplio de abusos.
En cambio, los grupos de Derechos Humanos y los sobrevivientes de otras operaciones sostienen que el Ejército venezolano ha matado a cientos de personas, muchas de ellas inocentes.
La Guardia Nacional y funcionarios militares no respondieron a las solicitudes de entrevistas. Pero Provea, una organización no gubernamental que registra las muertes sucedidas en las redadas mediante el monitoreo de estadísticas oficiales e informes locales, dice que más de 600 personas han sido asesinadas este año en operaciones como la de Barlovento, lo que muestra un notable incremento frente a las 245 personas de 2015.
The New York Times entrevistó a 10 víctimas de las redadas y a sus familiares, quienes dieron cuenta de un patrón similar de abusos. Describieron las detenciones arbitrarias, los interrogatorios violentos y los asesinatos efectuados por las fuerzas de seguridad.
Rosinis Morales, de 39 años, recordó una incursión sucedida el 6 de octubre en su barrio de Caracas, en el que las fuerzas de seguridad entraron a su casa y le ordenaron a los hombres que se encontraban en la vivienda que los acompañaran. Contó que dispararon y asesinaron a su esposo, José Alberto Gordillo, de 32 años; a su hermano, Heller Morales, de 34; y un amigo de la familia llamado Johnary Cardozo, de 23. Luego los funcionarios del gobierno afirmaron que nueve personas, a las que describieron como criminales, fueron asesinados en esa redada.
Asdrúbal Granados, de 51 años, dijo que Yanderson, su hijo de 25, fue arrestado durante otra operación efectuada ese mismo día en otra parte de Caracas. Granados contó que trataron de localizar a su hijo, que previamente había sido condenado por un robo, llamando a las comisarías. Pero fue en vano. Más tarde lo encontraron en la morgue, muerto a tiros, explicó Granados.
A las 2 de la madrugada del 17 de agosto de 2015, los agentes allanaron la casa de Joel Antonio Torrealba y su hijo Ángel Joel, de 15 años, en la isla de Margarita. El padre contó que mataron a su hijo mientras estaba en la cama. “Estaba durmiendo”, dijo.
Torrealba contó que él, su esposa y su hija de 21 años fueron arrestados y luego los liberaron sin ninguna explicación en un terreno abandonado, lejos de su hogar.
Pero ninguna de estas incursiones produjo el mismo tipo de rechazo público que ha causado el caso de Barlovento en el que, tanto las víctimas como las autoridades, han hablado de golpizas, torturas y homicidios.
Todo comenzó en la televisión. El 10 de octubre, el poderoso ministro del Interior llamado Néstor Reverol divulgó un video en el que aparecía rodeado de soldados y vehículos blindados anunciando que enviaría a cerca de 1400 miembros de las fuerzas de seguridad a seis municipios.
“Es un importante despliegue que se ejecutará en todo el eje de Barlovento”, dijo Reverol, un general de las fuerzas militares que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Barlovento, ubicado en las llanuras costeras al este de Caracas, es un conjunto de pueblos y aldeas donde las áreas urbanas de la capital dan paso a las granjas que cultivan cacao. Pero el incremento de las actividades criminales ha destrozado el idilio del campo. Los residentes dijeron que fueron aterrorizados por las bandas armadas que regularmente asaltan a los agricultores, roban vehículos y secuestran a los aldeanos para pedir rescate.
Pocos sospechaban que hubiera algo que temer con la llegada de los soldados, ya que creían que habían sido enviados para ayudarlos.
“Fue la primera vez que nos pasó algo así”, dijo Petra Pérez.
González, el joven de 17 años torturado con electricidad, fue uno de los primeros detenidos del 16 de octubre. Había pasado la noche quemando la basura de su familia y acababa de regresar a casa cuando dos soldados entraron en su sala y lo metieron en un jeep.
Recuerda que fue entonces cuando comenzaron los cinco días de abusos. Dijo que en el cuartel militar lo desnudaron y fotografiaron. Hacia las diez de la noche fue trasladado junto a otros cinco detenidos a una cárcel donde los soldados ataron sus brazos, lo arrojaron al suelo y pisotearon su cabeza.
“Si gritas, esto se va a poner peor”, le advirtieron.
Al rato lo volvieron a desnudar, le vendaron los ojos y le echaron cubos de agua en la cara, preguntándole si tenía algo que confesar.
“Yo no sabía nada”, dijo. “Yo era un muchacho tranquilo y no me la pasaba con nadie”.
Entonces lo llevaron a otra habitación, con los ojos vendados, y recibió descargas eléctricas durante unos 40 minutos mientras los soldados le preguntaban por las pandillas de Barlovento.
El joven recordó que les suplicaba: “Si vas a matarnos, hazlo ya, pero no nos hagas sufrir así. Ni a los perros le harían esto”.
Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad atrapaban a otras personas en Barlovento.
El 15 de octubre, Carlos Marchena, un joven de 20 años que trabajaba en la empresa de camiones de su familia, organizó una pequeña fiesta que duró hasta que los soldados entraron y obligaron a los hombres a arrodillarse, contó su viuda llamada Mayerlin Pita. Los efectivos tomaron las cédulas de identidad de los hombres y los subieron a unas camionetas. Esa fue la última vez que vio vivo a su marido, dijo Pita.
Al día siguiente los familiares de Luis Sanz, un mecánico de 30 años, vieron como era arrestado por unos soldados. Siete u ocho soldados enmascarados asaltaron la casa, dijo su hermana Alimirely Sanz, empujándolos a todos hasta apartar a Sanz. Lucía Espinoza, su madre, dijo que la tumbaron al suelo en la refriega.
“Ustedes las madres son cómplices; por ayuda y complicidad”, le dijeron los soldados a Espinoza antes de llevarse a su hijo.
Las familias de Sanz y Marchena, junto con las de muchas otras personas que habían sido detenidas, comenzaron a reunirse en un cuartel militar conocido como El Café, donde creían que estaban detenidos sus familiares. Durante tres días les trajeron comida, agua y ropa que les entregaban a los soldados con la esperanza de que le pasaran los artículos a los detenidos.
Pero al tercer día, Pita dijo que se percató de que algo había sucedido.
Los soldados que habían aceptado la comida comenzaron a decirles que no tenían registros de sus familiares, o que habían sido trasladados a otra instalación.
El 18 de octubre, Reverol, el ministro del Interior, apareció en televisión para decir que la operación había sido todo un éxito. Las fuerzas de seguridad habían desmantelado lo que él calificó como un peligroso grupo criminal llamado “El Antony” y encontraron una casa que era usada para realizar secuestros.
“Estamos cumpliendo nuestra promesa de seguir avanzando, de continuar liberando al pueblo”, dijo.
Después pasó otro mes con pocas noticias y luego aparecieron los cuerpos.
El 25 de noviembre, las autoridades dijeron que un informe los llevó a localizar dos cadáveres enterrados junto a una carretera. Los restos de 10 personas más fueron encontrados en una fosa común ubicada cerca de la zona.
Las familias de los desaparecidos inmediatamente se fueron a la morgue. El olor de la muerte estaba en el aire mientras los guardias nacionales mantenían el orden, permitiendo que las familias entraran una a la vez.
Sanz dijo que identificó a su hermano con fotos de sus dientes y ropa, porque las autoridades le dijeron que el cuerpo estaba demasiado descompuesto como para ser reconocido. Pita dijo que una prueba de ADN confirmó que su marido, Carlos Marchena, también estaba entre los asesinados.
La señora Pérez identificó a su hijo, Anthony Vargas, gracias al número de tatuajes y a uno que tenía en el pecho.
“No hay duda”, dijo.
Los certificados de defunción de Sanz y Vargas, revisados por The New York Times, mostraron que fueron apuñalados en el cuello. Marchena fue asesinado por un disparo en la cabeza, dijeron sus familiares.
“Los mataron como animales”, comentó Pérez. “Así murió mi hijo”.
Saab, el defensor del pueblo, dijo que esos eventos dejaron en evidencia que los militares no deben participar en la lucha contra la delincuencia callejera.
“El ejército no tiene la preparación o la capacidad profesional para hacer prevención del crimen”, dijo. “No están entrenados para hacerlo”.
El 29 de noviembre, los restos de Vargas y Sanz fueron enterrados en la ciudad de Capaya junto con otras dos víctimas. Gran parte de la ciudad se unió a la procesión que paseó los ataúdes por las calles de casas de barro y el cuartel donde una docena de soldados hacían guardia: el mismo sitio donde los hombres fueron detenidos originalmente.
La procesión se detuvo varias veces mientras los dolientes miraban desde sus hogares. Varios mototaxistas conducían en círculos alrededor de los ataúdes, en señal de respeto.
“Anthony, hijo mío, levántate y baila con tu música”, gritó Petra Pérez.
Momentos después, bajaron los ataúdes.
Ana Vanessa Herrero, Patricia Torres y Meridith Kohut colaboraron en este reportaje.
