No miento si afirmo que muchos de los policías municipales de Tijuana son asesinos, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, violadores y que cometen delitos que aún ni siquiera están tipificados en el Código Penal de Baja California.
Para el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tijuana, Juan Manuel Sánchez Rosales el tema de los seis policías municipales acusados de secuestrar a un empresario es una papa caliente pues amparados por la justicia, salieron libres y aunque se encuentran suspendidos de toda tarea policiaca, no dejan de representar un riesgo.
Los presuntos secuestradores responden a los nombres de Daniel Lata Haro, José Marino Acosta, Enrique Manuel Álvarez García, Eduardo Herrera Alatorre Raúl Delgado Alfaro, Isidro Ocampo García y Eduardo González Polanco.
Aquí cabe preguntarnos si su víctima se sentirá segura al saber que estos sujetos andan libres por las calles, si se le acercarán a él o a su familia, ellos mismos o algún enviado, para que se desista de cualquier acción legal en su contra.
Aunque el secuestro tuvo lugar en julio pasado, casi tres meses antes de que Sánchez Rosales se sentara en la silla que como en los juegos, le fue quitada al Teniente coronel Julián Leyzaola, el mero hecho revela que a la corporación le hace falta una sacudida porque muchos de sus elementos están viciados.
O trabajan por su cuenta constituyendo células de secuestradores, o le sirven a los carteles del narcotráfico que se siguen disputando la plaza: el Cartel Jalisco Nueva Generación o el Cartel de Sinaloa.
(Aunque a otro nivel, algo similar ocurre en la Fiscalía General de Justicia del estado, cuyos equipos están divididos ya que unos juegan en la cancha de los “cuatro letras” y otros en el CDS, con sus correspondientes subgrupos de sicarios como “Los Rusos”, “La Chapiza” y varios más pero esa es otra historia).
No miento si afirmo que muchos de los policías municipales de Tijuana son asesinos, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, violadores y que cometen delitos que aún ni siquiera están tipificados en el Código Penal de Baja California.
Aquí el punto medular es que Tijuana no tiene una policía saneada, y que la mera detención por una infracción de tránsito puede convertirse en un asesinato cobarde como el que los infames oficiales Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, perpetraron contra el empresario José Alberto Cantero a quien quemaron para despojarlo de 40 mil dólares y cuyo cadáver abandonaron en las vías del ferrocarril en la parte baja de la colonia Libertad.
No nos merecemos a esos elementos en la Policía Municipal, y con sus acciones, Sánchez Rosales demostrará si actúa con mano firme o si esta le tiembla al proceder contra los actuares de estos uniformados liberados por recursos legales pero que trabajan de forma ilegal.
