Durante el gobierno que encabezó Montserrat Caballero la cifra de policías ejecutados se disparó lamentablemente
La reciente declaración del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Juan Manuel Rosales, sobre la aplicación de pruebas de control y confianza a solo 400 de los 2 mil 440 policías municipales que patrullan Tijuana nos pone en contexto los recientes hechos en que algunos oficiales se han visto implicados.
A la par que Sánchez Rosales informaba lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del estado confirmaba la detención de cuatro elementos de la corporación local que intentaron cometer un secuestro en perjuicio de un comerciante y de su hijo.
Los hechos quedaron asentados en una cámara de seguridad, al igual que en el caso del joven comerciante José Alberto Cantero, detenido injustificadamente el 1 de septiembre del 2022 y asesinado por los policías Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, para despojarlo de poco más de 40 mil dólares que llevaba para cubrir el depósito y el alquiler de una bodega en la Central de Abastos.
Y que decir del robo masivo de toneladas de droga que policías de diversas corporaciones cometieron en la privada Altitud 54 y que se tradujo en la muerte de policías municipales, ministeriales, estatales y de cualesquier corporación.
Aquí cabe la observación de que durante el gobierno que encabezó Montserrat Caballero la cifra de policías ejecutados se disparó lamentablemente mientras ella ocupó la alcaldía y Fernando Sánchez la secretaría de Seguridad Pública, como efecto de los delitos que ellos mismos cometieron contra el crimen organizado.
Ahora, bajo nueva administración como asientan los establecimientos retomados, habrá que esperar que vientos soplan por los pasillos de la secretaría de Seguridad Pública y los de la Dirección de la Policía Municipal, pues las órdenes que emanen de arriba deben cumplirse escaleras abajo.
