MEXICALI, Baja California.- Con 21 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso de Baja California avaló la Reforma Judicial, convirtiéndose en la decimoquinta entidad en aprobar esta iniciativa federal. El debate se centró en la polarización entre los legisladores de Morena y aliados, quienes respaldaron el proyecto, y la oposición que lo consideró un riesgo para la independencia del Poder Judicial.
Argumentos a favor de la reforma
Legisladores como Jaime Cantón y Fidel Mogollón defendieron la medida, subrayando que permitirá al pueblo elegir directamente a jueces y magistrados, equiparándolo a la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “El poder le pertenece al pueblo”, afirmó Mogollón. Por su parte, Michelle Tejeda criticó a la oposición por su resistencia al cambio, argumentando que temen perder el control político del sistema judicial.
Juan Manuel Molina destacó que la reforma busca eliminar prácticas del pasado, como el reparto de magistraturas bajo intereses políticos, y aseguró que las decisiones judiciales ahora estarán más alineadas con la voluntad ciudadana.
Críticas de la oposición
Diputados del PAN, PRI y otros partidos expresaron fuertes objeciones. Yolanda Gaona calificó la reforma como una “amenaza directa a la independencia judicial”, argumentando que politiza el sistema al someter la elección de jueces y magistrados a comicios populares. Angélica Peñaloza, desde el PAN, afirmó que la propuesta fortalece un gobierno centralista y no resuelve problemas clave como la corrupción e impunidad.
Diego Echevarría añadió que esta reforma prioriza el populismo judicial y politiza las nominaciones futuras, mientras que Alejandrina Corral advirtió que se minimizan requisitos como experiencia judicial y grados académicos, comprometiendo la calidad de los juzgadores.
Reformas en discusión
La diputada Yohana Gilvaja reconoció déficits en la reforma, como el financiamiento de campañas electorales para jueces, pero votó a favor con el argumento de romper compromisos del sistema actual. Mientras tanto, el dictamen otorga al Poder Ejecutivo estatal la facultad de elegir a los integrantes del consejo de administración del Poder Judicial.
El intenso debate reflejó visiones opuestas sobre el futuro de la justicia en Baja California, marcando un cambio trascendental en el equilibrio de poderes y en la relación entre el sistema político y el judicial.
