En una ciudad como Tijuana que lucha cada día por sacudirse esas malas famas, es injusto que las aduanas sean un nido de corrupción
Sea por corrupción o por ignorancia, el personal militar a cargo de las aduanas entre México y San Diego está perjudicando gravemente a nuestra frontera.
Este fin de semana se registró el caso de cuatro ciudadanos estadounidenses -dos de ellos de origen mexicano y dos de ellos anglosajones-, quienes cruzaron la garita de El Chaparral para acudir a una atención médica.
Sin embargo al ser intervenidos por un oficial en la aduana mexicana, el oficial a cargo de la revisión le advirtió al conductor del vehículo que no podía internarse a territorio nacional ya que la unidad está registrada a nombre de su esposa, algo que el conductor podía comprobar con la documentación necesaria.
La presión del oficial a cargo de la revisión subió al punto de advertir que de cruzar hacia Tijuana, lo acusaría de contrabando equiparado y hasta de conducir un vehículo robado.
Temerosos de enfrentar tales cargos, los citados pacientes optaron por volver a Los Angeles, luego de un trayecto de tres horas de freeway.
Por principio, la temeraria acusación carece de fundamento legal, pues no hay en la Ley Aduanera ningún artículo que prohíba a un ciudadano estadounidense, con su debida licencia expedida en este caso por el estado de California, conducir un vehículo propiedad de su familia, y mucho menos si ni siquiera hay de por medio un reporte de robo que alerte a las autoridades tanto del vecino país como del nuestro.
Si este fuera el caso, las arrendadoras de carros ya habrían cerrado pues en muchos casos los vehículos de alquiler son utilizados para algún viaje especial entre ambos países, aunque cabe aclarar que este cruce debe ser informado a fin de aplicar una tarifa especial para la cobertura de seguro internacional.
Como este ejemplo, muchos más se están registrando en nuestra frontera, lo que perjudica la economía de varios establecimientos comerciales, entre los que forman parte del cluster médico, por lo que tanto esta organización como el Comité de Turismo y Convenciones, la Cámara de Comercio de Tijuana y varios más deben tomar cartas en el asunto y exigir al gobierno federal el cese de este hostigamiento.
Porque o el personal a cargo de las aduanas no está debidamente capacitado, o lanzan esa andanada de acusaciones a fin de recibir dinero, tal como ha sido documentado y difundido por los afectados de esta extorsión.
En una ciudad como Tijuana que lucha cada día por sacudirse esas malas famas, es injusto que las aduanas sean un nido de corrupción. Ya vimos lo sucedido con los tristemente célebres “minions”, esos auxiliares viales que cobraban por dejar pasar automovilistas en forma rápida a cambio de un cobro en dólares.
Tijuana no se merece una aduana corrupta en manos de militares que deshonran su uniforme, y que son una vergüenza para la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que una investigación debe llevar no solo a la degradación de su cargo sino incluso a penas de cárcel.
