El 20 por ciento de 750 millones equivale a tener una quinta parte menos de la seguridad en la ciudad
El tema de la seguridad en Tijuana es feudo del ex alcalde y diputado Jorge Ramos, donde toda adquisición pasa por el riguroso 20 por ciento de cobro de piso.
¿Llegará ese porcentaje a los bolsillos del también ex regidor y ex director de Desarrollo Social y de la CESPT? No hay dato duro que lo confirme, pero como puso en boga la frase, “no tengo pruebas pero tampoco dudas”.
Patrullas, uniformes, equipo de radiocomunicación, equipo táctico, todo pasa por un moche del 20 por ciento bajo la “alcaldía” de Jorge Ramos, quien junto con Fito Enriquez y “Fufo” Gerrero, gobiernan la ciudad -y si alguien más aparece en la nómina cobrando por dicho cargo tenga usted por seguro que no es quien realmente manda en Palacio Municipal, sino un simple encargado de despacho.
El 22 de diciembre del 2024, el Congreso de Baja California aprobó por unanimidad, el Proyecto de Ley de Ingresos 2025 para Tijuana por el orden de 12 mil 522 millones 969 mil 121 pesos, de los cuales 762 millones de pesos serán destinado a la adquisición de equipamiento y tecnología para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
A esta cantidad se suman mil 970 millones de pesos entre los que se incluyen las aportaciones del Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun).
Si bien la mayor parte del presupuesto y de los citados fondos serán destinados a nómina del personal, el 20 por ciento de 750 millones suma 150 millones de pesos, nada despreciable suma para quien sepa hacer de la seguridad su bandera.
Porque Ramos Hernández vendió como la marioneta de la seguridad al teniente coronel Julián Leyzaola -cuya triste historia ya sabemos, debiera haber sido contada en un programa de Televisa tipo “Casos de la vida real” u otros reality shows-, pero al mismo tiempo se vendió como un experto en seguridad.
No por nada y con el apoyo de Carlos Torres Torres, el gobernador sin cartera, Ramos Hernández se mueve por Palacio Municipal como Pedro por su casa.
Cuando un potencial proveedor de equipo quiso suministrar su mercancía en Palacio Municipal le dieron dos datos clave: hay que estar dispuesto a entregar el 20 por ciento del contrato, y la persona clave se llama Jorge Ramos Hernández. Nada descarta que el interlocutor estuviera inventando información falsa que embarre al ínclito diputado, quien quizás ni sepa que alguien está pidiendo “moches” a su nombre.
Pero Ramos Hernández no es el único que gana con la violencia en nuestra frontera, pues circula en los pasillos de Palacio Municipal la versión de que el secretario de Gobierno Arnulfo “Fufo” Guerrero se habría beneficiado de la más reciente adquisición de patrullas. No hay evidencias que lo confirmen como sí las hubo cuando hace 20 años, un más inexperto “Fufo” quien junto con otros regidores del Ayuntamiento que encabezó Jesús González Reyes, amparó adquisiciones del ramo 33 -estamos hablando de recursos federales-, con facturas falsas, lo que conocimos como el facturagate.
El 20 por ciento de 750 millones, más lo que se acumule a través del Fortamun, equivale a tener una quinta parte menos de la seguridad en la ciudad. Equivale a recortar una quinta parte para que los policías hagan su trabajo, para que los ciudadanos estemos más seguros, y para que unos cuantos pillos acumulen fuertes cantidades en sus cuentas bancarias. Nada como el dinero público para enriquecerse.
