Arnulfo Guerrero, de filiación panista, fue impuesto por Carlos Torres, verdadero poder tras el trono en Tijuana
Los movimientos que en el breve lapso del XXV Ayuntamiento de Tijuana se han registrado, entre los que destaca la todavía reciente salida de José Luis Villasana como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, están directamente relacionados con el grupo del PAN que ha tomado el control de la administración municipal.
Ismael Burgueño, alcalde de la ciudad, ha sido relegado al papel secundario de figura decorativa mientras que el poder real recae en el bloque panista encabezado por el Secretario General de Gobierno, Arnulfo Guerrero, quien junto con Fito Enríquez y Jorge Ramos forman un triunvirato, cada uno con su coto de poder.
Además de Villasana, otro funcionario que fue apartado de su cargo es José Luis Pérez Canchola. Sin embargo, su destitución no estuvo motivada por su defensa de los migrantes ni por haberse expresado sin autorización de Guerrero, sino porque representaba un vínculo directo con la Cuarta Transformación.
La estrategia del grupo panista busca, a través de Guerrero, recuperar influencia en Tijuana con miras a la contienda por la gubernatura de Baja California, utilizando tácticas que recuerdan a un “Caballo de Troya” dentro de la actual administración.
Arnulfo Guerrero, de filiación panista, fue impuesto por Carlos Torres, verdadero poder tras el trono en Tijuana con la misión de controlar a Burgueño y vaya que lo ha conseguido. En un inicio, el alcalde planeaba que su coordinador
de campaña asumiera la Secretaría General de Gobierno o bien un amigo cercano al que le tuvo que dar
la espalda. Pero el puesto fue tomado por Guerrero con el propósito de influir en las decisiones municipales y favorecer los intereses de destacados panistas, como Carlos Torres y sus hermanos.
Este grupo opera desde dentro y fuera del Ayuntamiento, gestionando licencias de edificación, permisos y
otras transacciones de alto valor.
Guerrero ha sido investido con amplias facultades para realizar adquisiciones sin la intervención de la
Oficialía Mayor. En el manejo de la crisis migratoria, se le asignó el control total de los recursos destinados a atender la emergencia, permitiéndole ejercer un manejo discrecional de los fondos municipales y pudo haber tenido acceso hasta a fondos federales de no haberle marcado un alto en Palacio Nacional.
Uno de los puntos más preocupantes es la falta de transparencia en los gastos asignados de manera
directa. Ejemplo de ello es la compra de toallas y suministros para actividades deportivas en la alberca municipal, cuyos costos han sido inflados sin que estos movimientos sean reportados públicamente.
El control de la Dirección de Comunicación Social también está en manos de Arnulfo Guerrero, quien había
colocado en el área a Luis Palafox como una figura decorativa.
En la práctica, Palafox seguía estrictamente las instrucciones de Guerrero, llegando incluso a amenazar a comunicadores con retirarles la publicidad oficial si publican información que afecte la imagen del funcionario.
Tras ese desplante, Palafox fue diplomáticamente despedido, para colocarlo en otra dependencia, y en su lugar fue nombrada Mariana López Ramírez, con la esperanza de que haga menos daño que su antecesor, quien sale del cargo repudiado por el gremio periodístico.
En la actualidad, el verdadero poder en el Ayuntamiento de Tijuana reside en Arnulfo Guerrero. La tendencia es clara: poco a poco, los funcionarios afines a Morena están siendo desplazados para dar paso a perfiles panistas, consolidando así la influencia de este grupo político dentro de la administración municipal.