La tragedia de Damián, el niño de 10 años que murió por una cadena de juicios negligentes de adultos, luego de un golpe en la cabeza en la primaria, muestra una sociedad decadente donde la vida y la dignidad de un ser humano desprotegido y vulnerable no tiene más valor que el de una mascota.
Hay mayor indignación colectiva por un perro amarrado y expuesto a la luz del sol que por un niño que pierde la vida a consecuencia de negligentes profesionales que pudieron impedir el fatal desenlace luego de que Damian jugara fútbol en una primaria.
Es cierto que Damian murió que luego del golpe, pasara la tarde en su salón de clases, acudiera al comedor con sus compañeros, fuera entregado a sus padres 3 horas más tarde, llevado al medico quien no diagnostico la contusión cerebral, fuera llevado a su casa, se durmiera y luego morir.
Antes del inició de clases recibió el golpe en la cabeza, y los profesionales de la Escuela, el ya famoso maestro Esteban y su directora, ellos sí tenían la certeza de la contusión en el cerebro.
La defensa pública del gremio se sustenta en que los profesores no son médicos, luego entonces la pregunta ética y profesional, además de humana es esta: Si efectivamente no tienen conocimientos mínimos médicos, ¿por qué determinaron qué no era urgencia médica? La razón y el sentido común dictan que se se golpeó la cabeza, primero le falta al niño capacidad de determinar su propio riesgo, tanto por el nivel de experiencia en la corta vida, como por el golpe mismo, luego entonces debieron prestar atención médica de inmediato por cualquier ruta más rápida, como es llamar al 911. Si los profesores dicen no tener la capacidad de distinguir la urgencia médica, entonces ¿por qué defienden la omisión de prestar auxilio inmediato? Decidieron devolverlo a los padres 3 horas despues y darle un pase medico.
Es muy claro que en la Clínica quien atendió al niño no supo distinguir entre una contusión cerebral de un malestar estomacal.
A mi me pasó igual. El 25 de mayo del 2008 sufrí un choque frontal entre un Platina conducido por mi, y una Escalade qué invadió el carril contrario.
Al llegar a urgencias médicas del ISSSTE el medico de turno, Moisés Rodriguez Lomelí, me diagnostico como estado de ebriedad, aunque yo soy abstemio, y pidió me amarraran a la cama. Horas más tarde llegó mi familia y compañeras de trabajo defenslras de Derechos Humanos. Entre mi familia había médicos, luego de más de media hora de pleitos, el director de la Clínica, neurólogo, decide atenderme personalmente y darse cuenta que tenía edemas cerebrales en curso. Al día de hoy sufro las consecuencias de la ineptitud médica.
Pero el asunto de la corresponsabilidad médica de un diagnostico incorrecto no exenta de responsabilidades al docente y la directora de su parte en la cadena de errores de desprecio a la vida y la dignidad de su alumno bajo su cuidado.
Los maestros afirman que se cumplieron los protocolos escolares, pero es una mentira cruel y cinica.
Lo supieron el maestro Esteban, sus compañeros, y seguramente la directora. Nadie lo llevó al médico. Nadie activó el protocolo de atención escolar que obliga a la inmediatez. Nadie pensó en su vida. Y esa omisión, esa cadena de inacciones, terminó en tragedia.
De haber actuado de inmediato, aun siguiendo el camino que anduvieron, “padre de familia, su hijo hace un momento sufrió un fuerte golpe en la cabeza” y llevarlo a la clínica de urgencia, es diferente a actuar como lo hicieron, minimizando el hecho, tal escondiendo el acoso escolar al cual era víctima Damian.
Lo más grave no es solo la muerte de Damián, sino la actitud de compañeros del sistema educativo que hoy, con cinismo, minimizan os hechos e invisibilizan la muerte de Damian, y están más preocupados por la impunidad suya propia en caso de otro niño o niña muerta, y no en como prevenir una tragedia o qué hacer ante la misma.
La protesta pide normalizar la muerte de las niñas y niños por accidentes escolares como jugar fútbol cuando no están en clases.
¿Van a prohibir a los niños jugar para que los profes puedan tomar café, platicar y ver la pantalla de su celular?
Dicen que el maestro no es médico, que no podía saber que era grave, que siguió “el protocolo”.
Y sí no tenía conocimientos médicos, ¿por qué decidió que no era urgente hablar inmediatamente al 911 luego de enterarse del golpe en la cabeza?
Voy a explicar por qué el maestro Esteban y su directora del plantel no aplicaron el protocolo, violaron la ética profesional y efectivamente tienen responsabilidad administrativa y penal.
Primero no se notificó a los padres de inmediato, ni se activó una revisión médica justo al memomento de enterarse del accidente. No se protegió al menor. Se dejó pasar el tiempo. Se ignoró. Se despreció.
Y aunque el protocolo de Protección Integral Escolar de Baja California exige acciones claras ante cualquier situación de riesgo en este orden, tener conocimiento del hecho, reportar a Dirección Escolar y obtener atención médica, para después tener comunicación inmediata con padres.
El protocolo dicta poner a salvo la integridad del niño como primer acto simultáneo al enterarse del hecho.
Lo más importante es que esas obligaciones existen con o sin protocolo. No son optativas. No dependen de un manual. No dependen de si existen esos protocolos o no. Esa obligación existe sólo porque la víctima es niño, y está en contacto de un adulto, sea cual sea la relación entre ellos, casual, formal o familiar, la obligación subsiste y el obligación del Estado dejarlo claro.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es clara: todas las autoridades y adultos responsables de la custodia de un menor tienen el deber de proteger su integridad física, emocional y su vida. La Constitución impone el principio de interés superior de la niñez como rector de todas las decisiones. Los tratados internacionales ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño, obligan al Estado y a sus agentes, incluidos maestros y directores, a prevenir y atender cualquier riesgo que amenace la salud o la vida de un menor.
Damián se golpeó la cabeza. Su maestro lo supo. La escuela lo dejó asistir a clase como si nada. Lo mandó al comedor. Y horas después, cuando el niño ya presentaba síntomas, solo entonces avisaron a sus padres. No hubo auxilio. No hubo responsabilidad. Solo una espera cruel, disfrazada de rutina, que culminó en muerte. Esto no excluye a la clínica ni al profesional de la salud que lo atendió. ¿Cómo se llama? ¿Por qué a los manifestantes no les interesa su nombre? Salvo por complicidad.
Hoy, un año después, la Fiscalía encontró responsable al maestro por omisión de auxilio, y hay protestas del gremio sindical en su defensa, exigen impunidad pasada y futura. Quieren normalizar la muerte de alumnos en las escuelas, tal y como se han normalizado los asesinatos en las calles.
Pero el gremio se equivoca, no se acusa al maestro de ser médico, se le acusa de no ser humano, de no ser maestro, de no ser garante de los niños que se le confían todos los días. Se le acusa de no actuar cuando un niño necesitaba ayuda. De no hacer lo mínimo. De no activar nada. Ni su conciencia.
La directora también falló. Su papel no era secundario. Ella tenía la responsabilidad directa de activar protocolos, resguardar la integridad del niño, notificar a las autoridades, documentar, actuar. No lo hizo.
El protocolo, es apenas la versión mínima de las obligaciones que impone la ética, la pedagogía, la ley y el sentido común. Si se cumpliera, Damián estaría vivo. Pero no se cumplió. Y lo que no se cumplió no puede ser usado como defensa, sino como evidencia.
Es momento de preguntarnos: ¿Qué clase de comunidad educativa estamos formando si no somos capaces de defender a los más vulnerables? ¿Cómo mirar a los ojos a los padres de Damián cuando todo el sistema se mueve hoy para proteger a los responsables en lugar de prevenir nuevas tragedias?
El juicio penal podrá señalar a un culpable. Pero el juicio moral es colectivo. Y lo estamos perdiendo.
