El IEEBC antidemocrático

Bajo el disfraz de formalidad administrativa, el Instituto Estatal Electoral de Baja California ha decidido enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿está dispuesto a permitir que la ciudadanía participe con voto directo en la revocación del mandato de sus gobernantes?

Los consejeros y las consejeras no están dispuestos a permitir que eso ocurra.

No es una pregunta nueva ni ocurrencia coyuntural, sino un planteamiento hecho por AMLO y Sheinbaum, respaldado hace años por Morena, PT y PVEM. Para ello se reformó la Constitución nacional y local.

Pero en Baja California, Morena ha sido un dique en seguir la instrucción de sus líderes del Movimiento de Transformación Nacional.

Desde 2020, la Constitución local establece con claridad que en Baja California debe existir un mecanismo de revocación de mandato por voto ciudadano directo. No se trata de un antojo político ni de una moda nacional. Es letra vigente, un derecho ciudadano. Sin embargo, esa letra lleva cuatro años esperando ser reglamentada por el Congreso del Estado.

En ese contexto, el pasado mes de junio, el Partido Revolucionario Institucional, secundado por el PAN, MC e incluso por el PT, solicitó al Consejo General que elaborara los lineamientos provisionales que hicieran posible el ejercicio de este derecho.

La propuesta era clara y breve, si el Congreso ha fallado en su deber, corresponde al órgano electoral suplir esa omisión, como lo han hecho antes en temas de paridad, reelección o acciones afirmativas.

Los y las consejeras se opusieron con vigor. La solicitud del PRI, y los argumentos de los demás partidos, no pedía aplicar la revocación ya, ni iniciar un proceso específico contra nadie. Se pedía establecer el andamiaje normativo mínimo para que el derecho no se volviera letra muerta, y que cierto porcentaje de ciudadanos pudiera solicitar la revocación de mandato de forma específica.

La sesión se volvió tensa. Las y los consejeros se incomodaron. Incluso la discusión se desvió por parte de una consejera que afirmó que ya había expirado la posibilidad de solicitar la revocación de mandato de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila. Eso derivó en una confrontación entre consejeras, una afirmaba que nadie había solicitado eso, y otra, que esa era la intención del PRI.

Los representantes de Morena, PES y PVEM callaron. Mantuvieron silencio durante toda la candente sesión.

Y cuando se esperaba una votación, el presidente canceló abruptamente la sesión. El silencio institucional se impuso. Pero el silencio también es una decisión.

Por eso el Tribunal Electoral local ordenó al Consejo General que no se escabullera más, que asumiera su responsabilidad y se pronunciara pública y formalmente sobre la solicitud del PRI y los argumentos de los otros partidos.

Lo que ahora conocemos como proyecto de acuerdo, que será discutido este lunes 7 de julio, es un documento cuidadoso hasta el exceso, como si temiera decir algo con claridad.

En lugar de emitir una postura, propone turnar el tema a una comisión interna, para que analice si jurídicamente puede elaborarse un mecanismo supletorio ante la omisión legislativa.

Es decir, un paso lateral, no hacia la ciudadanía, sino hacia el laberinto interno del propio órgano electoral.

Pero el lenguaje del acuerdo es revelador de intención política, es muy técnico, es aséptico, es evasivo. No se asoman ni por accidente las palabras “democracia”, “participación”, “derecho” o “voluntad popular”.

Ni una mención a los precedentes en que los institutos electorales —incluido el mismo IEEBC— han dado cauce a derechos frente a legislaturas omisas.

Todo parece indicar que el camino ya está trazado, y que dentro de 30 días hábiles, lo más probable es que las y los consejeros electorales declararán “inviable” emitir lineamientos de participación ciudadana para la revocación de mandato. Y se cerrará la puerta… por ahora.

Pero el problema no es técnico. Es político.
Hay miedo.
Miedo a la participación directa.
Miedo a que la gente pida cuentas.
Miedo a que el poder no sea eterno.

Esta columna es solo la primera parte. En la siguiente entrega sobre este tema, que será cuando conozca el proyecto nuevo que se someterá a votación antes de 30 días hábiles a partir del martes 8 de julio, hablaré de los precedentes en que los órganos electorales sí han asumido su responsabilidad supletoria, y de lo que ha sostenido la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral.
También diré por qué hoy el Instituto no puede ni debe abdicar de su papel como garante de derechos, y de la determinación que tomarán.

Hoy, el Instituto se enfrenta no solo a una omisión del Congreso, sino a su propio reflejo.

¿Está dispuesto a defender la democracia o seguirá administrando su postergación?

Del actual Consejo, no hay que esperar nada de vanguardia, solo administración del estatus quo.