Ahora como proyecto de políticas públicas para las escuelas con acciones peligrosas del nuevo protocolo escolar en Baja California
Claramente, el proyecto de Protocolos de Protección Integral Escolar 2025, presentado por la Secretaría de Educación de Baja California y firmado por su titular, Irma Martínez Manríquez, representa una regresión preocupante en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA), y se aparta profundamente de los principios pedagógicos, filosóficos y políticos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), promovida por el Estado mexicano y ahora consolidada bajo el nuevo gobierno federal.
Desde su exposición de motivos, el proyecto configura un panorama alarmista al declarar que el protocolo responde a “las amenazas que se presentan… sobre la violencia que abruma la dinámica escolar”. La ambigüedad de tal diagnóstico no es menor. Implícitamente, se identifica a las y los estudiantes como generadores de esa violencia que supuestamente desborda las instituciones escolares. En lugar de un enfoque centrado en el acompañamiento, la escucha activa y la inclusión, se perfila un esquema de reacción vertical y punitivo, en el que el personal educativo se convierte en una suerte de cuerpo de control. Todo contrario al humanismo de la Nueva Escuela Mexicana y apegada a la extrema derecha.
Lo más grave es que, a lo largo de las 149 páginas del documento, no se menciona ni una sola vez el artículo 3º constitucional —base normativa de la educación en México—, ni el artículo 4º que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a un desarrollo integral. Tampoco se hace alusión alguna a la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo vigente desde 2019 y piedra angular de la transformación educativa de la Cuarta Transformación. Esta omisión no es técnica: es profundamente política.
¿Acaso la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuyo nombre y compromiso se invocan en la presentación del documento, avala un protocolo que ignora el marco constitucional que sustenta el derecho a la educación y que invisibiliza el enfoque humanista y comunitario de la NEM? ¿Sabe que este instrumento fue distribuido entre el magisterio para su discusión, sin haber pasado por un análisis riguroso desde el enfoque del interés superior de la niñez?
El proyecto está mal fundado, carece de motivación pedagógica seria y muestra un enfoque adultocéntrico. La niñez es tratada como un riesgo potencial, como objeto de vigilancia, más que como sujeto activo de derechos. En ningún apartado se reconoce a las y los estudiantes como agentes de su propio proceso educativo, ni se promueve su participación en la construcción de espacios seguros. Por el contrario, las cargas operativas, preventivas y de control se trasladan enteramente al personal docente y directivo, sin establecer mecanismos institucionales reales de apoyo, formación o acompañamiento psicoemocional.
El documento también ignora de forma sistemática las observaciones y principios establecidos por organismos internacionales como la ONU, la UNICEF y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insisten en que cualquier política pública que involucre a niñas, niños y adolescentes debe partir del principio rector del interés superior de la niñez. En este protocolo, ese principio es mencionado de forma decorativa, sin sustento operativo ni enfoque transversal. Sus menciones son solo ornamentales, pero las acciones instruidas son claramente contradictorias.
Desde una mirada periodística y ética, es importante advertir que este protocolo ha sido rechazado por diversos sectores del magisterio, quienes, desde una posición gremial, señalan la sobrecarga administrativa, la ambigüedad normativa y la falta de consulta real. Pero mi crítica va más allá del ámbito sindical. Este protocolo, al ignorar los derechos fundamentales de los NNA y al omitir cualquier referencia al modelo educativo vigente, incurre en una forma de violencia institucional, silenciosa pero estructural.
Un protocolo que criminaliza la infancia
El proyecto contiene disposiciones alarmantes que contradicen frontalmente el principio del interés superior de la niñez y promueven prácticas institucionales punitivas y adultocentristas.
Por ejemplo, en el apartado sobre la presencia de un arma u objeto peligroso, el protocolo instruye a la dirección escolar a “evitar el ingreso del presunto agresor(a) al plantel educativo…”. Aunque esta medida podría tener justificación ante riesgos reales e inminentes, el documento no establece salvaguardas ni criterios claros para su aplicación, lo que abre la puerta a decisiones arbitrarias basadas en sospechas o conflictos menores. Esto afecta gravemente el derecho a la educación y vulnera el principio de presunción de inocencia.
En el protocolo ante “violencia escolar”, se instruye a las y los directivos a llamar al número de emergencias 911 y solicitar el apoyo de la Fiscalía General del Estado. El problema es que esta acción no distingue entre hechos delictivos graves y los conflictos escolares ordinarios o manifestaciones conductuales propias de los procesos de desarrollo. Esta ambigüedad promueve la criminalización de los NNA, cuando en realidad deberían implementarse mecanismos de atención psicosocial, mediación escolar o justicia restaurativa.
El mismo documento establece niveles de “riesgo” (bajo, medio, alto) sin criterios objetivos ni enfoque especializado, lo que deja en manos de personal no capacitado la posibilidad de activar protocolos de intervención policial o judicial. Así, se convierte a la escuela en un espacio donde la sospecha sustituye a la comprensión y donde la exclusión reemplaza al acompañamiento.
Además, se normaliza el uso del término “presunto agresor” para referirse a estudiantes, lo que reproduce lógicas estigmatizantes y punitivas que contradicen tanto el artículo 3º como el 4º constitucional. Este lenguaje no solo vulnera el derecho al debido proceso, sino que siembra etiquetas dañinas sobre el carácter y futuro del alumno, ignorando completamente su derecho a la educación, a la dignidad y al contexto psicoemocional que toda conducta implica.
En una próxima entrega publicaré un análisis exhaustivo, parte por parte, en el que demostraré cómo este protocolo incurre en omisiones graves, contradicciones jurídicas y riesgos operativos. No se trata de un debate gremial ni de una defensa corporativa. Se trata de poner en el centro a quienes más deben ser protegidos: niñas, niños y adolescentes. Y de recordar que proteger no significa excluir, controlar ni estigmatizar.
Si de verdad queremos escuelas seguras, hagámoslo desde la escucha, el acompañamiento y la pedagogía crítica. Y sobre todo, hagámoslo desde el respeto absoluto a los derechos humanos.
