Nada impide que salgan graduados con honoris causa en narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión
Ya abordamos la polémica surgida tras la muerte de la niña Keila Nicole de 13 años de edad, a manos de un vecino suyo de 16 años quien también vivía en San Quintín y quien cometió dicho crimen inspirado en la serie Dexter sobre un experto forense.
Tras los hechos, los diputados Juan Manuel Molina y Dunnia Murillo López llevaron agua a su molino y propusieron juzgar como adultos a los menores de 12 a 18 años de edad que cometan delitos graves, tras un estudio fundamentado acerca de sus personalidades.
A la letra, el comunicado del Congreso del Estado advierte que “la propuesta establece que dicha medida será excepcional y sólo procederá cuando exista una evaluación judicial sobre el nivel de madurez y discernimiento del adolescente, garantizando siempre el respeto a sus derechos humanos y salvaguardas procesales especiales. Las penas, en todo caso, deberán considerar su desarrollo integral y su reintegración social”.
Pues las malas noticias: en Baja California se cuentan con los dedos de una mano y sobra mano, los especialistas que puedan evaluar psicológicamente a un menor que cometió un crimen grave.
Pero aún, los centros a los que estos son remitidos, cambian continuamente de programas, de titulares y hasta de nombre. En Tijuana, la institución a cargo de los menores de edad que han delinquido ha ostentado al menos una decena de nombres, entre ellos la Estancia Municipal para Infractores, y actualmente el Centro de Internamiento de Adolescentes.
Este constante rebautizo nos hace ver que la institución avanza a tumbos y si bien cuenta con un listado de puntos muy definidos sobre las obligaciones de la institución, cabe preguntarnos como sociedad si los jóvenes ahí internados logran su rehabilitación.
Más aún, de proceder la reforma al artículo 18 constitucional propuesta por los diputados Murillo y Molina, la interrogante es dónde recluir a los responsables de un delito grave tras cumplir la mayoría de edad y salir de dicho centro, donde durante su estancia debió ser evaluado por el Departamento de servicios de reinserción, reintegración social y justicia restaurativa de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.
Dicho departamento cuenta con el número telefónico 6865238400 con extensión 1954, en la cual nunca le responden. Si así de efectiva es la rehabilitación de los menores, el panorama pinta muy grave.
Y si esos jóvenes son trasladados a un penal como el de La Mesa o El Hongo, nada impide que salgan graduados con honoris causa en narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión y toda aquella gama de carreras delictivas de las que las cárceles, mal llamadas centros de rehabilitación social, son verdaderas escuelas de rateros.
