Algunos de estos servicios de préstamos son promovidos en redes sociales como Facebook
La falta de acceso y la desconfianza a los créditos bancarios en nuestro país ha llevado a la población a recurrir a prestamistas que aplican prácticas abusivas para hacer de cada operación un negocio que les reditúe ganancias considerables.
El tema cobra vigencia en momentos en que fue difundida la tragedia de una madre discapacitada cuyo hijo fue retenido por prestamistas del Estado de México que finalmente privaron de la vida al menor cuyo cuerpo ya en estado de descomposición fue localizado con traumatismo craneoencefálico, en un domicilio donde fueron detenidos tres sujetos.
Los hechos se registraron en el municipio de Los Reyes, La Paz, del Estado de México, cuando los prestamistas retuvieron a un niño de nombre Fernando, de 5 años de edad, como garantía por un préstamo de mil pesos que la madre no pudo saldar.
En nuestra frontera, amas de casa, trabajadores y taxistas han tenido que recurrir a préstamos con intereses leoninos a sujetos conocidos como montadeudas, que terminan cobrando hasta 7 veces o más la cantidad entregada, y cuyos métodos de cobro van desde las amenazas hasta el hostigamiento en el domicilio de sus víctimas.
Algunos de estos servicios de préstamos son promovidos en redes sociales como Facebook con datos falsos sobre el monto del préstamo y los intereses a pagar.
Más modernas, algunas pseudo empresas ofrecen tarjetas de crédito que no están respaldadas por bancos y que terminan ahogando a su clientela con intereses sumamente elevados, que incluso hostigan a sus acreedores enviando mensajes a sus contactos de Facebook.
Incluso firmas establecidas como Banco Azteca de Elektra y otras, convierten un préstamo de 6 mil pesos en 32 mil según sus tasas de interés, y recordemos que apenas en diciembre pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a esta institución de Ricardo Salinas con un millón 737 mil pesos por violaciones a la Ley del Mercado de Valores y por casi 8 millones de pesos por deficiencias en el control interno y el incumplimiento de obligaciones regulatorias.
Los ciudadanos no deben olvidar que el Código Penal de Baja California castiga la usura de acuerdo al artículo 225, el cual a la letra asienta que “se impondrá prisión de dos a diez años y multa de hasta el equivalente a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que aprovechándose de la necesidad apremiante, ignorancia, inexperiencia o notoria miseria de una persona, obtenga ventajas usurarias mediante contratos, convenios o documentos en los que se estipulen, para sí o para una tercera persona, intereses o réditos superiores a las tasas de interés, normales o moratorios, de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, reguladas por el Banco de México, o que obtenga otros beneficios desproporcionados a los usos comerciales, en especie o en servicios”.
En un país donde el 40.1 por ciento de la población activa percibe ingresos equivalentes al salario mínimo, que es de 8 mil 364 pesos mensuales para la zona central y de 12 mil 596.40 pesos para la zona libre de la frontera, no s de extrañar que estas mafias de prestamistas tengan terreno fértil.
Por si fuera poco, la crisis económica y el cobro de piso que orillan a los comerciantes a la extinción o a la informalidad, mientras que otros sectores de la población como los jóvenes, prefieren operar negocios lícitos y algunos no tanto, desde plataformas donde buscan eludir estos inconvenientes.
