Ciudad de México.- Al menos siete personas han muerto en circunstancias vinculadas al contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal, entre ellas cuatro marinos, tres exfuncionarios federales y un exservidor de la Agencia Nacional de Aduanas. Las muertes, muchas de ellas violentas o rodeadas de sospechas, exhiben el nivel de riesgo y penetración criminal de estas redes en las instituciones del Estado mexicano.
Marinos bajo sospecha y muertes en serie
La Secretaría de Marina reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. El oficial había sido subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, donde sustituyó a Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, asesinado en 2023 tras dos semanas en el cargo. La cercanía de ambos casos, aunada al supuesto suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez en Altamira, Tamaulipas, refuerza las dudas sobre si se trata de simples accidentes o de ajustes de cuentas relacionados con redes de contrabando.
Red de corrupción en aduanas y vínculos con cárteles
Los asesinatos de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas; del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en Manzanillo; de la funcionaria Magaly Janet Nava Ramos en Colima; y de Carlos Narváez Romero en Ciudad de México, están ligados a decomisos de millones de litros de hidrocarburo y denuncias contra la corrupción en aduanas. Los nombres de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna —sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán— aparecen reiteradamente en estas investigaciones, lo que exhibe la infiltración de intereses privados y delictivos en áreas estratégicas del Estado.
Impunidad y riesgo institucional
La cadena de muertes, en su mayoría no esclarecidas, envía un mensaje alarmante sobre la vulnerabilidad de los servidores públicos que combaten —o participan— en el huachicol fiscal. La narrativa oficial de “accidentes” y “suicidios” contrasta con el patrón de amenazas y asesinatos de quienes ocupan puestos clave en puertos y aduanas, creando un clima de impunidad que favorece al crimen organizado. Organismos civiles y expertos han advertido que sin protección real a denunciantes y funcionarios, los esfuerzos anticorrupción quedarán en el papel.
