El estrés del docente frente a la obligación ética de salvaguardar a la niñez
El magisterio enfrenta un cúmulo de exigencias que han transformado el ejercicio docente en una profesión sometida a intensas presiones. La actividad docente genera estrés con los cambios curriculares, filosóficos y políticos en el sistema educativo, el contexto comunitario de cada escuela y la falta de apoyos adecuados que provocan un desgaste físico y emocional, impactando en la satisfacción laboral y en el bienestar de los maestros.
No es extraño, entonces, que gran parte del gremio se sienta sobrecargado y expuesto a una tensión a menudo insoportable.
A este panorama se suman los eventos disruptivos, cada vez menos extraordinarios, como los casos en los que el docente tiene conocimiento de abusos sexuales o de maltrato en contra de sus estudiantes; los accidentes escolares de índole grave; los casos de acoso escolar y los hechos violentos en la comunidad escolar. Estas situaciones incrementan de manera exponencial la presión sobre las maestras y los maestros.
El estrés docente no es homogéneo: varía según el nivel escolar, la edad de los alumnos, la ubicación del centro educativo e incluso el género del profesorado. Sus manifestaciones son claras: fatiga crónica, ansiedad, irritabilidad, desmotivación profesional e incluso disonancia cognitiva entre la ética y la razón frente al vínculo afectivo con los estudiantes. Esta realidad debe ser reconocida y atendida, porque no hay política educativa eficaz si el actor principal, el maestro, trabaja en condiciones de desgaste e incertidumbre.
En estos momentos, la secretaria de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez, está realizando jornadas con un colegiado de profesionales de la educación, junto a docentes, directivos, supervisores, inspectores y representantes sindicales de todos los municipios, con la finalidad de construir un nuevo documento para el bienestar y la protección estudiantil en las escuelas. El colegiado es diverso y plural, con dos coincidencias plenas: el bienestar infantil y la seguridad jurídica del docente.
El reconocimiento del estrés docente por parte de autoridades y sindicatos es un avance importante. Sin embargo, este estrés, aunque real y documentado, no exime de las responsabilidades éticas ni legales que recaen sobre los trabajadores de la educación. En el momento en que un niño o niña cruza el umbral de la cercanía inmediata a la escuela, queda bajo la guarda y custodia temporal del Estado mexicano, ejercida a través de docentes, directivos y auxiliares escolares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que incluso del otro lado de la cerca, el uniforme y los útiles escolares ya implican una relación de tutela proporcional y lógica de protección.
Por ello, los principios internacionales y nacionales son claros: el interés superior de la niñez, consagrado en los artículos 3º y 4º de la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las leyes federales y estatales, debe guiar todas las decisiones que afecten a los menores. Este principio no es una recomendación, sino un mandato que obliga a garantizar que en cualquier circunstancia prevalezca el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Su cumplimiento corresponde a la totalidad de los trabajadores de las escuelas, mientras que a las autoridades educativas les corresponde dotarlos de los medios necesarios para este fin.
Estos medios mínimos son los salarios, la seguridad social, los planteles y las reglas de operación. Es por ello que la ausencia de protocolos escolares claros no libera al magisterio, sino que lo coloca en una mayor vulnerabilidad. Cada omisión o improvisación frente a una situación crítica escolar puede convertirse en una vulneración directa a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y generar responsabilidad legal para los docentes y autoridades. En casos graves, como los abusos sexuales múltiples en una primaria en Mexicali o la muerte de algún educando que jugaba en el patio del plantel, la ausencia de protocolos congruentes con el interés superior de la niñez no solo afecta al alumnado, sino que arrastra responsabilidades a toda la cadena de mando educativa. En cambio, una guía administrativa robusta y apegada a la Constitución, tratados internacionales y leyes generales, tiene como consecuencia la protección de la niñez y la seguridad jurídica de los docentes.
Por eso, los protocolos eficaces no deben verse como cargas adicionales, sino como un alivio. Brindan seguridad jurídica, delimitan responsabilidades, dan herramientas prácticas y, sobre todo, aseguran que la actuación de la comunidad escolar se mantenga dentro de los márgenes normativos y del principio del interés superior de la niñez.
El interés superior de la niñez exige que la ética profesional docente no se reduzca a la instrucción académica ni a la defensa de derechos laborales, sino que incorpore la obligación irrenunciable de proteger a los estudiantes, sujetos de derechos en situación de especial vulnerabilidad.
La sola interacción en el plantel escolar obliga a dar respuesta inmediata frente a amenazas, riesgos o daños. Este es el pacto social mexicano: la escuela como círculo de protección infantil y promoción de sus derechos. Para cambiarlo, se requiere un nuevo acuerdo nacional de la sociedad completa. Actuar para proteger a los alumnos no es solo un generador de estrés, es la esencia del compromiso ético y legal del educador, la fundamentación de la pedagogía y la razón de su relación laboral con el Estado.
Reconocer el estrés docente es justo y necesario, pero no puede convertirse en un pretexto para la omisión de su obligación laboral, ética y moral con la sociedad mexicana. Es claro que la tarea urgente es doble: proteger a los docentes frente a la sobrecarga e indefensión, y para lograrlo es indispensable garantizar que existan protocolos administrativos que conviertan la ética en práctica cotidiana, asegurando tanto los derechos de los niños como la certeza jurídica del magisterio.
Un protocolo fundado en un catálogo de derechos y obligaciones de toda la comunidad escolar será, al mismo tiempo, fuente de certeza para el trabajador y garantía de que la actuación institucional siempre beneficiará el desarrollo y la dignidad de niñas, niños y adolescentes, y cada servidor público tendrá claridad de sus límites y sus obligaciones.
